Wasserman y la política de Scioli con respecto a las empresas recuperadas

Osvaldo Drozd

El pasado 13 de agosto, el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, realizó la presentación de una denuncia contra el gobernador bonaerense Daniel Scioli, por “Fraude al Estado provincial, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y asociación ilícita en perjuicio de la Provincia de Buenos Aires”. La denuncia fue presentada ante la fiscalía 8 de la ciudad de La Plata, bajo la intervención del juez Cesar Melazzo.

Por aquellos días, el abogado Luis Alberto Caro, presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, señaló al gobernador Scioli como responsable de fraude al Estado provincial por 101 millones de pesos, por la expropiación de la metalúrgica Wasserman que había sido recuperada por sus trabajadores en diciembre de 2001, cuando la empresa entró en concurso de acreedores.

Según Caro, Scioli habría avalado el pago de esa cifra a los dueños de la firma Ignacio F. Wasserman SA, radicada en Vicente López, pese a que la Fiscalía de Estado bonaerense había tasado la compañía en 26 millones de pesos.»Se pagaron 101 millones de pesos, sin sentencia firme y violando la ley general de expropiaciones de la provincia” sostuvo el abogado, informando a su vez que ante la ilegalidad de la expropiación de la empresa, también fueron acusados el ex ministro de Producción de la Provincia, Martín Ferré, el ex Fiscal de Estado Ricardo Szelagowski; el subsecretario de la Fiscalía de Estado, Jorge Nicolás Della Croce; el presidente de Ignacio F. Wasserman S.A, Ignacio Wasserman; el apoderado de la empresa, Alan Wasserman; los abogados Daniel Sabsay, Beatriz, Rivas, Rubén Citara; y los responsables del estudio de abogados “Caporal, Citara y Casal”, relacionado con el ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal.

Otro punto saliente de la denuncia es donde se indica que, además de los 101 millones, “ya fueron transferidos”, en concepto de honorarios de abogados los siguientes montos: a Daniel Sabsay, 23,6 millones; a “Rubén Citara (del Estudio Caporal, Citara, Casal)” 22 millones; y a Beatriz Rivas “2,8 millones en concepto de aportes sin saberse cuánto en concepto de honorarios, lo que sumaría 56 millones más a la cifra de 101.

En 2001 los trabajadores constituyeron en la metalúrgica, la Cooperativa Los Constituyentes y mantuvieron la producción, sancionándose en 2003 la Ley 12966 que promulgaba la expropiación, mientras que los propietarios anteriores comenzaron ese mismo año un juicio de expropiación inversa, por el cuál pedían una indemnización de 102 millones. Esta demanda de Wasserman fue rechazada inicialmente por la Fiscalía de Estado a cargo, como improcedente.

Los denunciantes subrayan, con relación a esa medida, dos puntos: 1) el perito de la Fiscalía de Estado -que luego aceptó la demanda de expropiación inversa- “tasó la empresa en $26 millones” y 2) “luego de haber realizado el pago total de los $101 millones, a la fecha y transcurridos más de 10 meses, no se ha realizado la transferencia de dominio y no se tomó posesión (de la fábrica), en clara violación a la Ley General de Expropiaciones”.

La denuncia pone sobre el tapete un tema más espinoso, que es la política que lleva adelante el ejecutivo provincial, con respecto a la resolución de la problemática de las fábricas recuperadas. Los voceros del Movimiento, aseguran que con la mitad del dinero que se le pagó a Wasserman, se podrían haber pagado la expropiación de las casi 50 fábricas recuperadas instaladas en la provincia, y que contienen a 8 mil trabajadores. Además precisaron que la política del gobierno provincial con respecto a este tema es casi idéntica a la de Mauricio Macri, ya que si bien este último veto la ley de expropiación en la CABA, en la provincia vienen trabándose la recuperación de las empresas, a contramano de la política que inició Néstor Kirchner en 2003 llevando adelante la inclusión del sector. En tal sentido ayer el vicegobernador Gabriel Mariotto, se reunió con Luís Caro, asegurando que desde la legislatura provincial se irá por el destrabe de 70 leyes a favor de las empresas recuperadas.

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