Durante el auge neoliberal se hizo vox populi el hecho de que el “Estado es ineficiente”, principalmente las empresas del Estado, las que brindan la mayoría de los servicios públicos. Esa prédica que sedujo a Doña Rosa, tenía como base la Deuda Externa. Un Estado endeudado debe desprenderse de todo su patrimonio obsoleto, debe venderlo para que las empresas privadas hagan sus negocios y modernicen el país. Hay que sacarse los problemas de encima, incluidas las demandas populares, o la fuerza laboral organizada, era el lema de los gobernantes de esos tiempos. Hoy decíamos que en la actualidad nacional se trata de: o profundizar la salida efectiva de la noche neoliberal o volver a ella, que no hay medias tintas, que no hay transacción que perdure en el tiempo, y que sin llegar a un punto de no retorno, el pasado sigue acechando.
Los servicios públicos debieran ser reestatizados completamente o al menos encontrar una alternativa que no sea la libertad de empresa, es decir eliminar esa voz que dice: “sálvese quien pueda”, y para el caso quien la enuncia es el empresario y sus principales receptores, los usuarios y consumidores.
Alternativas antineoliberales. Si el Estado no vuelve a ser la empresa en algunos servicios, debiera pensarse como controlar a los privados y sus excesos. Sin dudas existe en la Argentina un obstáculo a vencer, y es una institucionalidad diseñada explícitamente para el neoliberalismo, y por este motivo hacer que lo instituyente se convierta en instituido, es una deuda con la sociedad. Concretamente el hecho de reformar la Constitución debiera ser una tarea principal de AgitProp, no para que sea vista como señal de reelección indefinida sino como la herramienta principal para que los cambios sean efectivos. Por ejemplo la Ley de Medios argentina aunque fuera sancionada por el Legislativo hace 4 años, sigue siendo cajoneada por el Judicial, y el lobby de las corporaciones. En Ecuador la sanción de una ley similar hace un mes, ya no tiene retroceso a menos que haya ruptura institucional, y esto porque ya existe una nueva Constitución.
Volviendo al tema de los servicios públicos sería interesante, diseñar una estrategia, que tenga como concepto la planificación de la economía. Hoy existe en el país un importante segmento de actores económicos nucleados en la economía social, es decir en organizaciones de trabajadores autogestionados, que en alianza con el Estado y ciertos sectores PyMEs comenzaron a tener cierta relevancia. Sería grato que desde estos sectores, también se pudiera incidir en el servicio público.
Hoy existe una plataforma que en muchos lugares se lleva adelante para transparentar la gestión tanto de un gobierno como de una empresa. El llamado OpenGov, o gobierno abierto, o gestión abierta, tendría que ser algo a lo cual las empresas privadas que ofrecen servicios públicos, debieran ajustarse. Hoy la mayoría de las empresas de telecomunicaciones atienden a los usuarios con contestadores automáticos, ejerciendo de hecho un notable e irrefutable autoritarismo. El caso de Telefónica de Argentina es paradigmático al respecto.
Obviamente las empresas privadas no tienen un funcionamiento democrático, ni tampoco les conviene tenerlo.