
El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires presentó un proyecto para crear un Régimen de Alquiler Social, destinado a reducir los costos iniciales que deben afrontar los inquilinos de menores ingresos al momento de acceder a una vivienda.
La propuesta fue presentada durante una reunión del Consejo Directivo con el diputado provincial Héctor Rubén Eslaiman, perteneciente al bloque Fuerza Patria, a quien se le acercó la iniciativa para su estudio y tratamiento en el ámbito parlamentario.
La iniciativa, impulsada por el Consejo Directivo de Martilleros BA, establece como criterio de acceso que el alquiler mensual inicial del inmueble no supere el equivalente al sueldo básico correspondiente a la Categoría 20, por 48 horas semanales de trabajo, de los empleados de la Administración Pública Provincial comprendidos en la Ley 10.430.
Según explicó el presidente de la entidad, Luis Colao, el objetivo es aliviar las erogaciones vinculadas al ingreso a una vivienda para un segmento específico de la población.
Entre las principales medidas contempladas por el proyecto se encuentra la eliminación de los honorarios de martilleros y corredores públicos por la intermediación, así como de los honorarios de otros profesionales que intervengan en la confección de los contratos alcanzados por el régimen. Esos costos quedarían a cargo de los propietarios, de acuerdo con las escalas arancelarias correspondientes.
La propuesta también establece que los informes solicitados al Registro de la Propiedad Inmueble sean gratuitos para los inquilinos y plantea revisar el tope de valuación fiscal utilizado para determinar la exención del Impuesto de Sellos.
Otro de los puntos consiste en facilitar el acceso a los servicios públicos y privados. Para ello, se propone que las empresas prestadoras acepten el contrato de alquiler como documentación suficiente para la conexión o contratación de servicios. Las certificaciones de firmas realizadas por los Juzgados de Paz o por los colegios profesionales también serían gratuitas para los locatarios.
Además, las empresas prestadoras no podrían cobrar cargos por conexión, reconexión, depósitos, cambios de titularidad u otros conceptos en los contratos incluidos dentro del Régimen de Alquiler Social.
El proyecto contempla también un esquema de incentivos para los propietarios que incorporen al mercado de alquiler viviendas que cumplan con los requisitos establecidos.
En ese sentido, propone crear un régimen especial de simplificación e incentivos fiscales, con exenciones impositivas para los propietarios, e invita a los municipios bonaerenses a adherir mediante la eliminación o reducción de tasas y derechos.
Colao destacó la importancia de aplicar criterios de segmentación para definir los sectores alcanzados por la iniciativa.
“Hay un concepto que se debe incorporar, como es la segmentación, entendiendo que esta estrategia de dividir en grupos, subgrupos o regiones para asistirlos en forma selectiva implica poner una mirada mucho más justa, sobre todo en una sociedad y una provincia tan vasta y compleja socialmente como la nuestra”, señaló.
Finalmente, el titular de Martilleros BA sostuvo que la responsabilidad principal frente al déficit habitacional corresponde al Estado, aunque consideró que puede existir una articulación con propietarios y profesionales para facilitar el acceso a la vivienda.
“Obviamente, no son los locadores ni los profesionales quienes deben suplir los déficits en materia habitacional, ya que ese es un rol indelegable del Estado, pero el esfuerzo conjunto del Estado, los propietarios y los profesionales podrá facilitar el ingreso al mercado locativo de los sectores sociales de menores ingresos”, concluyó.
24/09/2026