Ley de financiamiento universitario: la decisión es de la Corte Suprema de Justicia

Luego de la contundente movilización que el Frente Universitario protagonizó en distintas ciudades del país, el conflicto se trasladó al plano judicial. Este martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio curso al recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional con el objetivo de evitar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. De esta manera, el máximo tribunal deberá pronunciarse sobre la medida cautelar impulsada por los rectores universitarios, que ya obtuvo resoluciones favorables tanto en primera como en segunda instancia. En paralelo, la Universidad de Buenos Aires solicitó que la Corte se expida “con la mayor celeridad posible”, aunque desde el propio tribunal señalaron que no existe un plazo establecido para emitir una decisión.

Tras la realización de la cuarta Marcha Federal Universitaria, la Corte quedó habilitada para intervenir formalmente en el conflicto judicial que desde hace meses enfrenta al gobierno de Javier Milei con la comunidad universitaria, que exige el cumplimiento de la ley aprobada y posteriormente ratificada por el Congreso durante el año pasado. En ese marco, ingresó oficialmente el recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro de la Nación ante la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, mediante el cual el Ejecutivo busca suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.

Fuentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación señalaron que el tribunal no cuenta con plazos establecidos para resolver el expediente y que, al menos durante las próximas dos semanas, no habrá reuniones presenciales de acuerdo entre los jueces. En consecuencia, todo indica que la definición no llegará en el corto plazo, pese a la expectativa existente dentro de la comunidad universitaria.

Entre las alternativas que evalúa el máximo tribunal se encuentra la posibilidad de solicitar la intervención de la Procuración General de la Nación. Aunque el dictamen de ese organismo no tiene carácter vinculante, una medida de ese tipo extendería todavía más los tiempos judiciales, ya que la Procuración tampoco posee un plazo determinado para emitir su opinión.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional advirtieron que los salarios de docentes y trabajadores universitarios atraviesan uno de los peores momentos de los últimos 23 años y se encuentran entre los más deteriorados desde el retorno de la democracia. En el documento consensuado que el Frente Universitario leyó este martes en la Plaza de Mayo, se señaló que la pérdida del poder adquisitivo alcanza el 37,13 por ciento, lo que representa, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, una caída equivalente a aproximadamente once salarios.

En relación con las becas estudiantiles, remarcaron además que los montos permanecen congelados desde la llegada del gobierno libertario. Actualmente, las becas Progresar continúan en 35.000 pesos, mientras que las becas Manuel Belgrano se mantienen en 85.000 pesos. Precisamente, la actualización de estos dos puntos —salarios y becas— forma parte de los reclamos presentados por las autoridades de las 63 universidades públicas del país en la medida cautelar impulsada ante la Justicia.