

A pesar de la falta de acompañamiento del Estado nacional y el ahogo financiero hacia las provincias, el gobierno bonaerense a cargo de Axel Kicillof decidió reforzar sus políticas sociales y alimentarias. En este contexto de empeoramiento de los indicadores sociales, pérdida del poder adquisitivo y las medidas de ajuste impulsadas por Javier Milei, la Provincia aplicó un aumento del 30% en el Servicio Alimentario Escolar (SAE) —que beneficia a más de 2,5 millones de estudiantes—, un incremento del 25% en los principales programas sociales y la duplicación de la asistencia alimentaria a los municipios.
El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, anunció las medidas y destacó que, en un escenario crítico, “la Provincia hace un enorme esfuerzo para optimizar los recursos y garantizar la seguridad alimentaria”.
1. Servicio Alimentario Escolar (SAE): la inversión mensual pasará de $41.000 millones a $54.000 millones (30% más), con un presupuesto anual de $553.910 millones para cubrir desayuno, almuerzo y merienda en escuelas públicas bonaerenses.
2. Asistencia alimentaria a municipios: a través del refuerzo del Módulo Alimentario Territorial (MATE), se duplica la ayuda a los gobiernos locales y organizaciones comunitarias.
3. Programas sociales: desde abril, se incrementa un 25% la inversión en Unidades de Desarrollo Infantil (UDI), Centros Juveniles y Centros de Integración Social (CIS). En mayo regirá el mismo aumento para Envión, REUNIR y Barrios Bonaerenses. En julio se sumarán políticas para personas mayores, discapacidad, Más Vida, PAAC y PAAI (asistencia alimentaria para celíacos y personas con VIH). La inversión anual total en estos programas supera los $182.000 millones.
Larroque advirtió que Nación aporta apenas el 5,7% de la inversión total en asistencia alimentaria, y en el caso del SAE su participación cayó al 14,5% (muy por debajo del 33% histórico). Además, denunció una deuda desde 2024 con la Provincia de $220.000 millones. Para 2026, solicitaron $177.000 millones pero solo se prevén $80.000 millones, sin cronograma de pago. “Esta situación de asfixia financiera nos obliga a sostener el sistema con recursos propios”, concluyó.
21/04/2026