Yanina Lofvall
Sólo la provincia de Buenos Aires cuenta con treinta mil personas detenidas, diseminadas en 56 instituciones carcelarias, treinta mil personas que sobreviven día a día, a un sistema caduco, colapsado, que solo genera mayor exclusión, y violencia. Un 80 por ciento de la población carcelaria, no tiene aún sentencia firme, esto es, no hay un límite para su encierro, aunque muchos de ellos ya pasaron los dos años de prisión preventiva, tiempo límite que una persona puede estar presa sin un veredicto.
En este contexto, al que no es ajeno el resto del territorio nacional, GESEC La Plata, (Grupo de Estudio Sobre Educación en Cárceles) abre debate y siembra caminos sobre el derecho a una educación de calidad en ámbitos de encierro y plantea también la abolición de los muros. Esta organización, nacida en el año 2002, viene realizando diversas intervenciones, dentro de las cárceles y fuera de ellas, para apostar al derecho a la educación de calidad como un derecho en sí mismo.
Su presidenta, Licenciada María Florencia Pérez Lalli, dialogó con El Tranvía, y describió la problemática, “la ley de Ejecución Penal dice que se debe garantizar a la persona privada de libertad educación, salud, entre otras. La mal llamada Ley de Estímulo Educativo, que es un apartado de la ley, aún hoy no se ha aplicado. Es un beneficio, salir de uno a tres meses antes de lo que estipula la condena, si la persona estudió durante su encierro. Como toda ley tiene sus grietas y sólo dos o tres personas han logrado que los jueces le acrediten este beneficio”
La educación en las cárceles, aunque la ley de Ejecución Penal lo garantice, y la ley nacional de Educación Superior lo promueva, es un tanto más compleja, pero se puede destacar como dato positivo que las 56 cárceles de la provincia cuenten con escuelas. Lo cotidiano, impide la llegada a las cursadas, a exámenes, sea por día de requisa, por traslado, por problemas en el pabellón o por falta de móvil, quienes tienen el beneficio de cursar en la universidad. Pérez Lalli enfatiza que “nunca se habla de las mujeres privadas de libertad y su derecho a estudiar. Las mujeres que están con sus hijos, por ejemplo, la guardería está en contra turno de la escuela y muchas veces no quieren dejarlo en el pabellón y tienen que elegir entre educarse o estar con sus hijos. No hay en la actualidad un área de Educación en cárceles, como lo hay para adultos u otros, hay sólo un Programa, que no tiene recursos, por lo tanto, pueden hacer muy poco”
El cuarenta por ciento de los privados de libertad acceden hoy a la educación formal. La pregunta es, ¿cómo se educa en un contexto de encierro para la libertad? ¿Cómo se logra la calidad o diversidad de contenidos? La realidad es que son muy pocas carreras a las que pueden acceder, las que se pueden rendir totalmente libres, y muchas cárceles no cuentan con espacio físico para sus estudiantes cuando se cursan dentro, “es el penitenciario quien decide quien va y quién no”.
Pérez Lalli, destaca que muchos confunden el derecho a la educación, éste no necesariamente va a producir una merma en la reincidencia, porque esa “no repetición de un delito” depende de un montón de otros factores. “Por ejemplo, en el Colegio de Abogados de La Plata, en una época, no dejaban que te matricules, si te habías recibido en la cárcel. Si una persona sale ingeniero y no se puede reinsertar socialmente porque no puede trabajar por haber estado preso o su familia lo abandonó, es una realidad muy compleja y muchas veces termina con reincidencia”.
Por otra parte destaca como positivo que “en el 2007 no se podía ni entrar a las cárceles, se avanzó en eso, la cárcel está más abierta a organizaciones sociales, que suplen donde no está llegando el Estado. La educación sirve para el conocimiento de otros derechos, y de otras formas de lucha para garantizar de esos derechos.”
Es ahí donde GESEC plantea otra jugada en el tablero, si bien apuestan a la capacitación del personal que interviene en la educación de personas privadas de libertad, (penitenciarios y docentes), invita al debate de desnaturalizar el encierro, en pos de la corriente abolicionista.
El abolicionismo penal en América Latina
Maria Florencia participó del libro “El abolicionismo penal en América Latina” con prólogo de Eugenio Zaffaroni, publicado recientemente. En él, se plantea el abolicionismo por diversos juristas latinoamericanos y Pérez Lalli, junto a la comunicadora social María Ximena Martel, proponen una reflexión sobre el rol de los medios de comunicación en la construcción social del imaginario punitivo.
La presidenta de GESEC explicó que “El libro es una propuesta superadora a la crítica de la cárcel, una corriente que ya venía trabajándose en Europa”. El capítulo en el que participa “La mediatización del encierro” aborda el abolicionismo desde la perspectiva de la comunicación, “analiza cómo los medios de comunicación masiva contribuyen a construir el imaginario punitivo presente en la cultura contemporánea”.
Lalli plantea la posibilidad de empezar a asumir que la cárcel no sirve, no funciona, aunque “cumplió con su máximo objetivo que es excluir. La conclusión que sacamos es que los medios claramente reproducen un discurso del encierro como única solución a todos los problemas. Lo que se propone en este libro es un camino hacia el imaginario no punitivo. En un mundo donde vemos naturalizado el encierro, los orfanatos, las cárceles, los manicomios, siendo que es, lo más antinatural para el hombre”.
Este primer libro hace una mirada crítica, y planean hacer un segundo libro en el que se proponga alternativas. “El abolicionismo plantea que se necesita un cambio cultural, de una mirada no punitiva de todo. Acá chocás, o tirás un palo de luz, cualquier cosa que entra en el ámbito de delito y es cárcel, encierro, punición”.
Se plantea el reduccionismo penal, que haya menos intervención penal, que los conflictos puedan resolverse de otra forma. Lalli ejemplifica, “yo me considero una persona totalmente anti menemista, pero a mí no me soluciona nada que ese sujeto esté preso, a mí no me sirve. Que le embarguen todo lo que tiene, que le den una pensión de 2000 pesos hasta que muera y eso si repara a la sociedad, embargarle todo y hacer políticas públicas. Pero está muy naturalizado que la única pena posible es el encierro”
El abolicionismo despierta un debate, desnaturalizar la cárcel como pena. Y si como decía Pérez Lalli “el encierro es lo más antinatural para el hombre” por qué no pensar que se trata de civilizar el derecho penal.
Para mayor información sobre GESEC http://www.gesec.com.ar/