El debate político es «Ni un Paso Atrás»

El debate sobre Shoklender, se instaló con mucha fuerza en el último tiempo, y pareciera que hubiera clausurado cualquier otro tipo de debate político. Por un lado la prensa opositora aprovecha esta situación para cargar duramente contra las Madres de Plaza de Mayo, y por elevación al gobierno, mientras que de este lado la respuesta fue salir a bancar a las Madres, como uno de los emblemas que representan la política de Derechos Humanos en nuestro país. Si bien todo esto pudiera interpretarse como una operación para deslegitimar al gobierno nacional, y ser parte operante en un posible desgaste de la presidenta Cristina Fernández para su reelección, desde el Tranvía creemos que debemos profundizar un debate que por largo excede las presidenciales de octubre.

La política de DDHH iniciada en 2003 es una muestra cabal de la construcción de una nueva institucionalidad, que deje atrás la estructura estatal, que servía de palanca a los intereses de los sectores más concentrados y reaccionarios, para el logro de sus provechos corporativos. Tal es así que avanzar con esta política no solamente implica una actualización de las fuerzas armadas, y el enjuiciamiento y castigo de todos los crímenes de lesa humanidad, sino que principalmente permite avanzar sobre las complicidades civiles en la última dictadura, donde los que pasan a ser cuestionados son justamente muchos de los que aún hoy detentan un poder económico acumulado de forma siniestra durante el período donde el exterminio era política de estado.

Deslegitimar a una organización como la de las Madres, es parte de un operativo donde se pretende generar un consenso para frenar el avance de la política iniciada en 2003, y aislar a todos aquellos que pretendemos que esto siga avanzando, independientemente del signo político que gane las presidenciales en octubre. Seguramente que cualquier fuerza opositora aunque no lo enuncien explícitamente, salvo Duhalde, se plegarían al retroceso, y por otro lado hasta quizás se intente socavar el consenso a favor de la profundización de la política de DDHH en las filas del oficialismo mismo, intentando que la masa electoral se pliegue a la claudicación.

No es ocioso que tanto la oposición enrolada en la centroderecha como en la centroizquierda, cuando oponen un modelo alternativo al que se viene desarrollando, hablen de ejemplos como Brasil, Uruguay y Chile, más allá de las diferencias que hay entre estos países citados.

Como ya sabemos en Uruguay, la derogación de la Ley de Caducidad, que hubiera permitido juzgar y condenar a los crímenes de su dictadura, no prosperó, a pesar de una gran mayoría del gobernante Frente Amplio que se pronunció a favor de anular la caducidad. Hoy también estamos viendo que a pesar de haberlo planteado como una iniciativa a llevar adelante, la presidenta de Brasil Dilma Roussef, tiene que dar marcha atrás en cuanto a la apertura de los archivos de la represión militar. La presión en contra de esta iniciativa paradójicamente surge de uno de sus socios electorales que es el ex mandatario José Sarney, líder del conservador Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

La iniciativa argentina que inauguró Néstor Kirchner en 2003, sin dudas no es una tarea fácil y que no genere resistencias, para muestra están solamente los fallidos exámenes de ADN de Marcela y Felipe, que siguen suspendidos en la estratósfera. No es simple avanzar en este sentido sin una Justicia realmente independiente, como sin un fuerte consenso para que esto pueda seguir adelante, y sabemos que más allá de que muchos van a votar la continuidad de este gobierno, no todos ven la profundización de la política de DDHH como una necesidad. Este es un tema clave para saber como avanzar, y no quedar aislados en el intento