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GabrielMariotto

Vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto.

Por Walter Barboza 

El proyecto de ley de expropiación del predio de Abasto, fue presentado en mesa de entradas el lunes 4 de mayo, dos día antes de que se diera cumplimento al desalojo ordenado por el Juzgado de Garantías N° 3 de la ciudad de La Plata, como un intento de avanzar en la búsqueda de soluciones a las necesidades de los vecinos ocupantes. La iniciativa, sumada a la resolución del Juez Luis Arias, fueron los dos dispositivos de carácter político y jurídico orientados a contener el la inminencia del desalojo que finalmente se concretó y en forma violenta.

El proyecto, canalizado a través del bloque de Legisladores del Frente para la victoria, contó con el visto bueno del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto. La iniciativa cuenta con diez artículos: el primero declara de utilidad pública y sujeto a expropiación al predio. El segundo explica que el destino del mismo será para el desarrollo de planes de vivienda teniendo en cuenta a sus actuales ocupantes. El tercero aclara que el valor del mismo será fijado en los términos “del decreto 4217/91. Es decir, de acuerdo a la tasación que practique el órgano competente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Para ello se considerará únicamente el valor de la tierra”. El cuarto establece que “las tierras expropiadas deberán ser vendidas a los actuales ocupantes, o personas con grave situación de vulnerabilidad, según el orden de prioridad que establezcan los organismos competentes, de conformidad con el decreto 4217/91”. El quinto fija la forma de pago, la que “se realizará prorrateado en cuotas mensuales, las que no podrán exceder el veinte por ciento (20%) del Salario Mínimo Vital y Móvil con un prorrateo no menor a diez (10) años y no superior a veinticinco (25) años, sin intereses”. El sexto reitera que “los bienes expropiados por la presente ley se destinarán a la vivienda única, familiar y de ocupación permanente de los actuales ocupantes, no debiendo éstos ser propietarios de otros bienes inmuebles”. El séptimo da cuenta de la autorización al poder ejecutivo para que haga uso de las partidas para tal fin y el resto son los de forma.

La iniciativa, que ya cuenta con número de expediente y que será tratada este miércoles 13 de mayo en sesión, contaría con el visto bueno de los legisladores de la oposición que se solidarizaron con los vecinos desalojados. Su dato saliente, es que el proyecto viene a romper con los mitos construidos a partir de cierto imaginario social, que ve negativamente cuando el estado interviene en forma gratuita en favor de los sectores vulnerables. El proyecto establece claramente que los vecinos deberán pagar los terrenos que ocuparon, eso sí a un precio justo y que no será regido, necesariamente, por los parámetros establecidos por el mercado inmobiliario.

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