La necesidad y urgencia con la que Macri firmó el decreto para proteger la libertad de prensa en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se contradice a la celeridad con la que resolvió reprimir a los trabajadores del Borda y golpear e impedir hacer su trabajo a los cronistas, camarógrafos y fotógrafos de los medios de alcance nacional que ese día cubrían la medida de fuerza de los empleados del instituto neuropsiquiátrico.
No es la primera vez que Macri incurre en contradicciones de esta naturaleza, o rarezas de este tipo. Es uno de sus rasgos más notables patear la pelota al campo ajeno ante cada situación de conflicto que se plantea en la delgada línea que separa al Poder Ejecutivo Nacional del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para Macri la autonomía vale sólo cuando intenta proteger un interés de naturaleza “no común” y la desecha cuando quiere golpear al gobierno nacional por su propia inoperanciapara resolver los problemas que su ciudad reclama resolver. Inundaciones, funcionamiento del transporte público, obras viales, son algunas de las muestras de la especie que se discute.
La medida, además, pone en duda su eficacia y alcance, toda vez que es la propia Constitución Nacional la que ya garantiza ese derecho desde que el Estado Nacional Argentino resolviera sus conflictos internos en las guerras civiles desarrolladas durante gran parte del siglo XIX. Por otra parte si la misma tuviera efecto jurídico, plantea un problema de competencia, pues la violación de un Derecho Constitucional solo es atendible en el ámbito de la Justicia Federal.
En ese contexto el proyecto va mucho más allá y quizás sea coherente con algunas de las líneas de pensamiento de Macri. Por ejemplo en el artículo 11 del decreto se establece que «no podrá ser suspendida, interrumpida, demorada ni dificultada la actividad profesional de los periodistas, productoras y editores que se domicilien en la Ciudad», con lo cual la norma deja abierta la posibilidad de impedir el ejercicio del derecho a huelga que también garantiza la Constitución Nacional.
En el apuro por jugar fuerte en torno a los debates sobre un supuesto futuro negro para los medios de información, Macri marra el disparo, porque incluso si hubiera un delito violatorio de una ley garantizada por la Constitución Nacional, con su anuncio -el que funciona como una suerte de denuncia- se estaría anticipando a la concreción de un delito que por ahora nadie cometió.
Su torpeza no deja lugar a dudas, pero plantea desde el punto de vista político si Macri, y su partido, realmente están convencidos de lo que hacen o solo sobreactúan para poder intervenir en los debates en los cuales queda fuera por sus propias limitaciones intelectuales.
Este cronista, sin ánimo de ofender a los electores porteños que lo votaron, prefiere inclinarse por este último punto. Hay problemas mucho más urgentes para que Macri ocupe el tiempo. El tránsito, los residuos, el planeamiento urbano, el transporte público, la seguridad, la salud, la educación, en cada uno de ellos está latente un conflicto de carácter gremial, social o político que por ahora no han tenido soluciones.