Buenos muchachos: ahora investigan a los hermanos Adorni por enriquecimiento ilícito

La causa conocida como “Adornigate” continúa incorporando nuevos episodios y protagonistas. En esta oportunidad, la atención judicial se centró en Francisco Adorni, hermano menor del jefe de Gabinete, luego de que su situación patrimonial comenzara a ser investigada por la Justicia. Francisco declaró este año la adquisición de una camioneta Jeep comprada en noviembre de 2025 y también informó la cancelación de un crédito hipotecario de 60 millones de pesos con el Banco Provincia. En principio, ambas operaciones excederían los ingresos que percibe como diputado provincial —cargo que obtuvo en las elecciones de septiembre pasado— y los salarios que recibió previamente como funcionario nacional, primero al frente de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego como titular del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Frente a esto, el fiscal federal Guillermo Marijuán resolvió imputarlo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

“La investigación tendrá por objeto la hipótesis sobre el presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni, que habría tenido lugar en el lapso de tiempo en que se viene desempeñando con funciones en el ámbito ejecutivo nacional, esto es, desde el mes de diciembre de 2023 en que había asumido el cargo de Titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa de la Nación”, sostiene el dictamen del fiscal.

La investigación, que avanza en paralelo a la causa que involucra al jefe de Gabinete, se originó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N.º 6, actualmente subrogado por Daniel Rafecas, quien delegó las actuaciones en Marijuán.

En su presentación, Pagano señaló que Francisco Adorni habría duplicado su patrimonio neto declarado entre 2024 y 2025, pasando de 43,7 millones de pesos a 80,5 millones. La legisladora sostiene la hipótesis de un enriquecimiento mediante “interpósita persona”, al considerar que Francisco podría haber actuado como supuesto testaferro de Manuel Adorni para canalizar bienes y fondos de origen dudoso. La denuncia hace referencia a los cientos de miles de dólares que, según la investigación, el jefe de Gabinete habría gastado sin justificar adecuadamente el origen de esos recursos.

La acusación también contempla la posible figura de lavado de activos. “Si el avance de la investigación surgiere que los fondos aplicados a la cancelación del pasivo hipotecario, a la adquisición del rodado y/o a otros activos que pudieran detectarse, provienen de un ilícito penal precedente, corresponderá la imputación adicional por lavado de activos”, expresó Pagano en el escrito judicial.

En ese contexto, Marijuán ya dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni y solicitó información a ARCA para determinar si el funcionario se acogió a los recientes blanqueos de capital impulsados por el gobierno libertario.

Francisco Adorni había comenzado su recorrido dentro de la administración pública acompañado políticamente por su hermano, en simultáneo con la llegada de Manuel Adorni a la vocería presidencial. En diciembre de 2023, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, le otorgó su primer cargo como asesor en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. Meses más tarde, a mediados de 2024, fue promovido a titular de ese organismo, una designación que generó fuertes cuestionamientos debido a la falta de antecedentes profesionales y experiencia específica que justificaran su nombramiento para esa función.

Sin embargo, Francisco Adorni recibió en ese período un incremento salarial extraordinario, cercano al 420 por ciento. Mientras que como asesor percibía alrededor de 820 mil pesos mensuales, tras su ascenso pasó a cobrar casi cuatro millones de pesos como funcionario, alcanzando exactamente los $3.935.093,7 en julio de 2024.