Adorni cada día más complicado en la justicia

La adquisición del departamento en el que actualmente viven Manuel Adorni y su familia, ubicado en Caballito, incrementó las sospechas dentro de la investigación judicial sobre su patrimonio. El fiscal Gerardo Pollicita convocó a declarar como testigo a la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la operación mediante la cual el jefe de Gabinete adquirió el inmueble —de 200 metros cuadrados más cochera, en la calle Miró al 500— en noviembre pasado. Existen varios aspectos bajo análisis: la propiedad figura con un valor significativamente inferior al de mercado y habría sido abonada mediante un préstamo de 200.000 dólares otorgado por las propias vendedoras, quienes además constituyeron una hipoteca.

Nechevenko deberá presentarse a declarar el 8 de abril en calidad de testigo, es decir, bajo juramento. Su participación no se limita a esta operación, ya que también intervino en la compra de una vivienda en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, adquirida un año antes a nombre de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti. Ninguna de estas propiedades fue incluida en la declaración jurada de Adorni. Consultado días atrás, el funcionario sostuvo que “lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”, en referencia al período 2025, aunque desde entonces se sumaron nuevos interrogantes.

De acuerdo con los registros del Registro de la Propiedad Inmueble, el departamento de la calle Miró habría sido comprado por 230.000 dólares, una cifra llamativamente baja si se considera que en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires los valores suelen superar los 3000 dólares por metro cuadrado, lo que ubicaría el precio real cerca del medio millón. Adorni adquirió esta propiedad junto a su esposa sin desprenderse de otros inmuebles: uno de 115 metros cuadrados en Parque Chacabuco y otro de 107 metros en La Plata. Además, su pareja posee otra propiedad en la calle Bragado al 4700, comprada al Instituto de la Vivienda porteño.

La citación de la escribana también fue solicitada por los diputados Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano en una ampliación de la denuncia. Allí plantearon dudas sobre las condiciones del préstamo utilizado en la operación, señalando que no están claros el costo financiero, la tasa de interés ni los plazos de devolución. Además, recordaron que, al tratarse de una Persona Expuesta Políticamente, Adorni y su esposa debieron firmar una declaración jurada conforme a la normativa de la Unidad de Información Financiera.

El fiscal Pollicita ya solicitó toda la documentación vinculada a estas operaciones y evalúa incorporar un informe de la ONG Poder Ciudadano, que registra ingresos de Nechevenko a la Casa Rosada durante 2024 para reunirse con Adorni. Según esos datos, la escribana ingresó por primera vez el 30 de julio y mantuvo encuentros en agosto, octubre y diciembre, incluso antes de que el funcionario llegara a una de esas reuniones. Para ese momento, ya se había concretado la compra en el country. En 2025, las visitas se habrían repetido en mayo, julio y septiembre.

La escritura del departamento, difundida por el diario La Nación, indica que las vendedoras serían Beatriz Viega (72) y Claudia Sbabo (64), quienes además habrían financiado la compra con 100.000 dólares cada una, mientras que Adorni habría aportado 30.000. Consultada por la prensa, Viega afirmó no conocer al funcionario, mientras que en el caso de Sbabo respondió otra persona que tampoco pudo confirmar el vínculo. Según los documentos, ambas habían adquirido el inmueble apenas seis meses antes, en mayo, al exfutbolista Hugo Alberto Morales por 200.000 dólares.

Por el momento, el fiscal no citará a las vendedoras, ya que aún no está definido si deberían declarar como testigos o como posibles imputadas. La investigación intenta esclarecer si efectivamente desconocían a Adorni o si sus nombres fueron utilizados en una operatoria más compleja.

En cuanto a sus antecedentes, Viega —viuda— fue socia en una empresa dedicada a obras y actividades inmobiliarias, mientras que Sbabo tendría empleo en una editorial. Paralelamente, la fiscalía pidió múltiples medidas para reconstruir el patrimonio del funcionario: solicitó información sobre sus ingresos a la Secretaría General de la Presidencia, datos laborales a la ANSES, declaraciones juradas completas a la Oficina Anticorrupción y registros migratorios desde 2022, entre otros elementos.

Las denuncias fueron impulsadas, entre otros, por la diputada Marcela Pagano, quien aportó información sobre posibles inconsistencias patrimoniales. En su última presentación, también pidió investigar si Adorni sería propietario de una vivienda de gran tamaño en San Isidro, que vecinos le atribuyen y que contaría con custodia permanente de la Policía Federal.

En paralelo, la investigación sobre el viaje de Adorni a Punta del Este durante el último fin de semana largo de Carnaval está a cargo del juez Ariel Lijo. Ya declararon el piloto y broker Agustín Issin Hansen y su secretaria Vanesa Tossi, quienes afirmaron que el conductor televisivo Marcelo Grandio —amigo del funcionario— organizó y pagó el viaje. Según Tossi, se le pidió que no hubiera facturación y que se trataba de una “invitación”, aunque finalmente eso no se concretó. También señaló irregularidades en los controles migratorios, con intervención de autoridades de seguridad aeroportuaria.

El juzgado aún espera documentación clave, como los contratos de la productora de Grandio con el Estado. Aunque Adorni aseguró haber pagado los vuelos, en la causa no hay pruebas que lo respalden. En cualquier caso, debería poder justificar un gasto cercano a los 9.000 dólares por los pasajes de ida y vuelta.