Al interior de una empresa no existe la democracia, ya que los trabajadores no pueden decidir más que sobre las políticas de producción ya establecidas de manera casi vertical. Esta es una regla del capitalismo que llevaría mucho tiempo y esfuerzo revertir. Pero lo que intentaremos mostrar aquí no es sobre ese autoritarismo, sino sobre el que ejercen las empresas de servicios no ya con sus empleados, sino con los usuarios de sus productos. El autoritarismo empresarial sobre los usuarios comenzó principalmente a partir del momento en que la mayoría de estas empresas dejaron de ser parte de la esfera pública para pasar a la privada. En este sentido la defensa del consumidor es una política correcta que debiera profundizarse, y que además debiera ir en el sentido del control que los mismos usuarios deberían realizar sobre los servicios que ofrecen las empresas a las cuales contratan para obtenerlos. Sin dudas, esto es parte de un incremento potencial del rol del Estado, y dejar paulatinamente las reglas de juego propias del ejercicio antitético de la libre empresa, esa que según esa lógica puede hacer lo que quiera, para incrementar sus ganancias, y despotricar contra la falta de seguridad jurídica, cuando son ellas mismas las que casi siempre actúan en la casi impunidad.
La existencia de monopolios en servicios como la telefonía tanto fija como móvil, banda ancha, televisión por cable, transportes, etc., etc. incrementan el autoritarismo empresario, y debiera por lo tanto profundizarse una severa política de Estado para proteger a los usuarios.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia acerca del controvertido artículo 161 de la Ley de Servicios Audiovisuales, que propone la desinversión monopólica fue frenado por tres años por una cautelar, y esto muestra a las claras que si bien hay un poder corporativo en retroceso, aún falta un camino largo por recorrer.