Carpa Blanca de docentes y estatales en la provincia de Buenos Aires

Los trabajadores estatales montaron una Carpa Blanca frente a la casa de gobierno de la Provincia. Es para reclamar un incremento salarial con cláusula gatillo, rechazar el cierre de los bachilleratos de adultos y exigir un incremento de las partidas presupuestarias destinadas a la infraestructura escolar.

El reclamo ocurre tras el fracaso de la paritaria provincial, en la que el gobierno bonaerense ofreció un aumento salarial de 625 pesos para los cuatro primeros meses del año, lo que equivale a un 15% para el año 2018.

Esa propuesta no contempla la denominada “cláusula gatillo”, sino una “cláusula de revisión”, la que fue rechazada por los docentes por considerarla inviable ya que demora la posibilidad de recomponer salarios en función de la pauta salarial. Incluso cuestionan el ofrecimiento de un plus por presentismo de 6000 pesos, el que se iría reduciendo en función del nivel de ausentismo del docente hasta llegar a cero pesos.

Los docentes critican esta iniciativa porque “se tiran en la mesa de negociación salarial, cifras al boleo y nunca se traducen en las carpetas que tiene que ver con licencias por maternidad o por las condiciones de trabajo desfavorable frente a alumnos”.

El ausentismo, según el gobierno, es del 17 por ciento entre los 287.253 maestros que trabajan frente a 4,5 millones de alumnos en 18.000 escuelas de este territorio. En ese marco dicen que “el 40 por ciento de los chicos de primaria tuvieron más de dos maestros el último año. Por si fuera poco: el 20 por ciento de los niños rotó hasta tres veces de maestro, a causa de las licencias que se pueden pedir los docentes amparados por la ley 10.579.”

Los gremios SUTEBA, UDOCBA y FEB, temen que el ajuste en el sistema educativo sea el paso previo a la privatización del mismo.

En la carpa participan gremios de trabajadores estatales que reclaman por sus distintas reivindicaciones: CICOP, ATE y judiciales; los que siguen de cerca la marcha de las negociaciones en educación ante la posibilidad de que un incremento por decreto del 15% por ciento impulse hacia abajo el resto de las negociaciones salariales con el resto de los empleados públicos.