Así lo afirmó el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires. Destacó la necesidad de que la discapacidad empiece a pensarse como un derecho humano y en torno a ello coordinar todos los dispositivos provinciales, nacionales y municipales.
Martello participó del Congreso de Discapacidad convocado por la Municipalidad de Tandil, la Asociación de Abogados y la ONG «Que sea Justicia» que preside el Dr. Mauricio D´Alessandro, concejal del bloque Integrar de esa ciudad. En ese contexto, detalló distintas iniciativas que lleva delante de la Defensoría del Pueblo como fueron las acciones para frenar el recorte en las pensiones que destina el Estado nacional.
«El año pasado, logramos que el gobierno revisara su decisión de aplicar un recorte de 170 mil pensiones destinadas a discapacitados y personas en condiciones de vulnerabilidad social. Y ahora seguimos de cerca las medidas de la Agencia Nacional de Discapacidad para evitar que se vulneren derechos», dijo Martello.
«Si el 10 por ciento de las personas es discapacitada, desde el Estado y desde la Defensoría del Pueblo, como organismo de contralor y promotor de derechos, debemos velar para que se apliquen más recursos y se descentralicen territorialmente los dispositivos del Estado. Buscamos ser garantes de los derechos de un universo que hoy involucra a millones de bonaerenses», destacó Martello.
Durante su exposición, el Defensor del Pueblo Adjunto remarcó que uno principales motivos de queja recepcionado por la Defensoría está vinculado a los programas de atención médica que reciben las personas discapacitadas, especialmente Programa Federal Incluir (ex PROFE), PAMI y distintas prepagas.
En tanto, en lo que se refiere a la asignación de recursos, Martello destacó que en 2018 se presupuestaron $330.611.300 para las pensiones sociales del Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense, $25 millones más que en 2017. La inversión pública en este rubro representa actualmente el 0,04 del total del presupuesto de la Provincia, mientras que en 2015 la incidencia era del 0,09%. Así surge de los datos las leyes de presupuesto y de la Contaduría General de la Provincia.
«Debemos reclamarle a los legisladores que a la hora de aprobar el presupuesto 2019 destinen más recursos y establezcan por ley la movilidad en la actualización de los montos. De esta forma, se lograra que las pensiones que reciben las personas discapacitadas no sigan perdiendo ante la inflación. También se le debe exigir al Ejecutivo nacional la derogación del decreto 432/1997, que intentó ser utilizado para dar de baja pensiones por discapacidad, y de todas las normativas que impliquen una vulneración de los derechos para este universo de personas», dijo el Defensor del Pueblo Adjunto.
Martello también expuso durante la conferencia los resultados de las iniciativas de relevamiento de accesibilidad de plazas inclusivas. Desde la Defensoría se le remitió a los municipios un proyecto modelo de ordenanza para garantizar la accesibilidad a los espacios de juego en cada una de las comunas bonaerenses.