“Mariotto sos boleta. Volvimos. AAA”. Si no fuera porque allí figura el nombre del actual vicegobernador de la provincia de Buenos Aires se podría pensar que se trata de una pintada olvidada, que nadie se ha ocupado de cubrir desde 1974 o 1975. Pero no lo es. Apareció el jueves, en una pared de La Plata, aunque lleve la firma de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), el más notorio de los grupos parapoliciales que participaron del terrorismo de Estado previo al golpe del 24 de marzo de 1976.
Pensar que una organización de las características de la Triple A –que operó dirigida y protegida desde los más altos niveles de gobierno– podría funcionar de la misma manera en la Argentina de hoy no suena coherente. En todo caso, la firma puede ser interpretada como un recurso para traer al presente reminiscencias de una de las etapas más negras de la historia reciente y así potenciar el impacto de una amenaza.
Ninguna amenaza de muerte puede ser minimizada. Jorge Julio López lleva casi seis años desaparecido luego de declarar en el juicio contra el comisario genocida Miguel Etchecolatz. Esta semana, en Jujuy, la familia de Hugo Condorí, testigo clave en el juicio que se le sigue a Carlos Pedro Blaquier por las desapariciones en el Ingenio Ledesma, recibió un nuevo apriete con el fin de evitar que brinde su testimonio en sede judicial.
En todo caso, quienes investiguen la amenaza a Gabriel Mariotto no deberían soslayar ninguno de los datos que se enumeran a continuación:
Desde que asumió, el vicegobernador de la provincia viene investigando y denunciando casos de torturas y de utilización de detenidos para cometer delitos por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense. No es un secreto que el SPB proveyó de gatilleros a la Triple A y que luego del golpe se constituyó en una pieza fundamental del plan sistemático de desaparición de personas implementado por la dictadura. Muchas de sus prácticas actuales se originaron en aquella época.
Lo mismo sucede con la Policía Bonaerense, a una de cuyas escuelas el ministro de Seguridad, Ricardo Casal –hombre surgido del SPB–, bautizó con el nombre del comisario represor Jorge Schoó, compañero de ruta del ideólogo de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), Carlos Disandro.
El 31 de mayo pasado, Mariotto firmó un decreto cesando definitivamente en el Senado provincial a Juan José Pomares (a) Pipi, integrante del grupo de tareas platense de la CNU, que funcionó en la provincia de Buenos Aires de manera coordinada con la Triple A bajó las órdenes del gobernador Victorio Calabró. En octubre de 1975, ambos grupos paraestatales pasaron a depender del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército.
La investigación sobre la CNU que vienen publicando en Miradas al Sur Alberto Elizalde Leal y quien esto escribe denunció también la presencia de otros ex integrantes de esta organización en dependencias del gobierno bonaerense. Los nombres de algunos de ellos –como Antonio Jesús (a) Tony y Ricardo Calvo (a) Richard– ya han sido publicados por este dominical. Otros serán dados a conocer en próximas ediciones. Algunos de ellos todavía frecuentan oficinas del Senado bonaerense y temen que sus pasados sean puestos en evidencia.
En La Plata existen actualmente grupos de individuos que reivindican el accionar de la CNU y a los criminales que ya se encuentran detenidos. A mediados del año pasado, estos grupos arrojaron volantes sin firma en la Legislatura y en Tribunales exigiendo la libertad de Pomares. También suelen publicar comentarios sobre las notas sobre la CNU que se publican en la edición digital de Miradas al Sur.
En junio de este año, una autodenominada Vanguardia Estudiantil Nacional (VEN) repartió en diversas facultades otro volante donde sostiene: “Hubo una guerra del Terrorismo Marxista contra la Nación. Este terrorismo asesino volvió y está en el poder”. Este volante fue distribuido pocos días después de que Mariotto firmara el decreto de cese de Pomares.
*Director periodístico del Semanario Miradas al Sur