Trabajadores de ATE continúan procesados por “Coacción agravada”

Alejandro Sánchez Moreno, uno de los procesados.

De la Redacción

Alejandro Sánchez Moreno, María Inés Uro, Silvia Valdez Ábalos, Miguel Ciappina y Marcelo Ardetti, son los trabajadores que hace un año fueron procesados por la justicia bonaerense bajo los cargos de “coacción agravada”, luego de que los empleados del Ministerio de Educación bonaerense llevarán a cabo un largo conflicto en la segunda mitad de 2012 en reclamo de mejoras salariales y bonificaciones.

La detención fue el 14 de mayo de 2013, en un operativo que los trabajadores compararon con los mejores métodos utilizados por la dictadura militar para la detención de activistas sindicales, militantes políticos, artistas e intelectuales.

Fue apenas ingresaban a la sede del Ministerio de Educación. Un grupo de policías, vestidos de civil y sin identificarse, los tumbaron al piso y los llevaron a empujones a unos vehículos que tampoco tenían identificación. “Fue como un secuestro”, recuerdan.

A uno de ellos, Marcelo Ardetti, lo fueron a buscar en pleno horario de trabajo para sacarlo a la rastra y frente a los ojos atónitos de sus compañeros de trabajo que miraban sin entender.

Luego vinieron los aprietes en redes sociales y a través de llamadas telefónicas. Ocurre que los cinco delegados de ATE, luego de la aprensión violenta, decidieron hacer una denuncia por “apremios ilegales”. Fue a partir de ese momento que comenzaron las persecuciones.

Quizás no sea casual. Marcelo Ardetti es hijo del Gordo Ardetti, un dirigente del Peronismo de Base y de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP-PB) detenido y desaparecido en la ESMA durante la última dictadura militar. Como si fuera un retorno de la historia, Ardetti fue apresado como su padre en la clandestinidad y en el anonimato. Así lo muestra el video que circula en YOUTBE (http://www.youtube.com/watch?v=e–97YwThIg) sobre lo que ocurrió ese día con su caso.

A un año los trabajadores recuerdan que el caso no está cerrado, que el proceso sigue y que le podrían caber penas de cinco a ocho años si la causa avanza. En ese contexto las organizaciones sindicales a las cuales pertenecen y las distintas fuerzas políticas y sociales que los apoyan sostienen que el caso se inscribe en una suerte de “criminalización de la protesta social en la provincia de Buenos Aires”.