Estos son los párrafos más destacados de la solicitada que el gobierno nacional publicó este fin de semana en el diario financiero “The Wall Street Journal.” En ella el estado sintetiza el recorrido que tuvo la cancelación de pagos, el acuerdo con otros tenedores, la decisión del Juez Griesa y el impacto que la medida puede tener en el conjunto de la población. En el centro del debate se encuentra la necesidad de rediscutir el funcionamiento del capitalismo global y el ordenamiento jurídico que le de legitimidad y cobertura legal para su accionar predatorio.
Aquí el texto:
“Argentina quiere seguir pagando sus deudas, como lo viene haciendo desde 2005, pero se vio obstaculizada por el fallo del juez Thomas Griesa y la negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos de tomar el caso”.
“Décadas de sobreendeudamiento dejaron al país con una deuda de una magnitud superior al 160 por ciento de su producto bruto interno, una tasa de desempleo del 25 por ciento y más del 50 por ciento de su población sumida en la pobreza”.
“Sin dudas, el problema más complejo fue alcanzar un acuerdo con los miles de tenedores de bonos de la deuda en default desde 2001, por un monto total de 81 mil millones de dólares. Pero Argentina tuvo éxito en ese aspecto”.
“El 7 por ciento de los acreedores no aceptaron el canje. Los fondos buitre que obtuvieron un fallo a su favor no son acreedores originales de la Argentina. Compraron fondos por un precio obscenamente bajo con el único propósito de impulsar juicios contra el país y obtener grandes beneficios. El fondo NML de Paul Singer, por ejemplo, en 2008 pagó 48,7 millones de dólares por bonos en default. El fallo del juez Griesa ahora ordena que se le deben pagar 832 millones de dólares, lo que representa una ganancia de 1608 por ciento en sólo seis años”.
“El cumplimiento del fallo de Griesa empujaría al país a un nuevo default, ya que ordena el pago 1500 millones de dólares a los fondos buitre que, de hacerse efectivo, obligaría al país a pagar en el corto plazo unos 15 mil millones de dólares, que es el monto que representa el total de los bonos en default que no entraron al canje. Dicha cifra es más del 50 por ciento de las reservas en moneda extranjera del país”.
“Si los fondos buitre reciben el pago, los otros tenedores de bonos de deuda (que entraron al canje) podrían demandar un tratamiento igual, lo que representaría un costo superior a los 120 mil millones de dólares. Si Argentina, por otro lado, no le paga a los fondos buitre, el fallo del juez Griesa le prohíbe al país pagarle al 92,4 por ciento de los bonistas que sí aceptaron la reestructuración. En otras palabras: pagarle a los fondos buitre es el camino del default y si no se les paga, la orden del juez Griesa implica poner en riesgo el derecho de los bonistas de cobrar su deuda reestructurada en 2005 y 2010”.
“Los fondos buitre han invertido millones de dólares en lobby y en propaganda, para hacerle creer al mundo entero que la Argentina no paga sus deudas y se rehúsa a negociar. Sin embargo, precisamente desde 2003, la salida del default fue negociando y pagando”.
“Este fallo pretende empujar a la Argentina hacia una situación delicada, pero también a cualquier otro país que decida reestructurar su deuda en el futuro (…). Como no hay un marco legal que regule el default de un país soberano, este precedente significaría que, incluso, si se logra el 99,9 por ciento de aceptación de un acuerdo, el 0,1 por ciento de los acreedores podría invalidar el resto de la reestructuración”.
“La voluntad es clara: esperamos una decisión judicial que promueva condiciones justas y equitativas de negociación para resolver esta prolongada y difícil disputa que ha afectado, afecta y afectará al pueblo de la Argentina debido a la voracidad de un minúsculo grupo de especuladores”.