SOLICITADA: debates ante el balotaje

A los intelectuales y académicos: no se puede dudar

Por Ana Jaramillo
Rectora de la Universidad Nacional de Lanús

El intelectual y filósofo italiano, que nos dijo que habíamos llegado a la edad de los derechos, trabajó en forma incesante para promover la responsabilidad de los intelectuales y académicos. Para él, el dilema intelectual es entre la duda y la elección, pero la cultura no debe ser apolítica, sino política de la cultura.

Hay ciertas encrucijadas históricas en las cuales no se pude dudar entre la continuidad de la ampliación de derechos y el retorno al neoliberalismo.

Para Bobbio, debemos seguir interrogándonos sobre los grandes problemas de la libertad y la justicia social. El problema de los derechos es un problema inmenso en el plano teórico «digno de ser profundizado», por eso «es indispensable desarrollar la política de los derechos que no son abstractos sino de nuestro mundo».

El derecho es una función de la moral social general de cada pueblo y en cada etapa histórica. Por eso, la ampliación de derechos crece a medida que los pueblos adquieren más conciencia de la necesidad de justicia.

Más autoconciencia toman los pueblos, más derechos reclaman para llegar a la sociedad justa. Sin embargo, muchos jueces e intelectuales iluministas se olvidan que no son ellos los creadores del derecho sino que proviene de la conciencia jurídica del pueblo, de acuerdo al tiempo y el espacio en el que vive. Esa fuente la podemos llamar moral social general, espíritu del pueblo, derecho popular o simplemente pueblo como la denominó Arturo Sampay.

Las izquierdas que proponen voto en blanco deberían ser conscientes de que no le sirven al pueblo las revoluciones imaginarias surgidas en otras partes del mundo y en otros tiempos, sino que, como nos enseñó Alberdi en su Fragmento preliminar al estudio del Derecho: «Los pueblos como los hombres hacen sus jornadas de a pie y paso a paso»

LA ÉTICA DE LA RESPONSABILIDAD: LA OBLIGACIÓN MORAL DE DEFENDER LOS DERECHOS ADQUIRIDOS

Para los países hegemónicos y el capital financiero con sus medios de comunicación que pretenden retornar al neoliberalismo, la ampliación de derechos es una política demagógica y populista. Sin embargo, el concepto y la voluntad de la justicia distributiva comenzó con la democracia misma, como enseñó Aristóteles cuando sostenía: «La justicia es una necesidad social, porque el derecho es la regla de vida para la asociación política, y la decisión de lo justo es lo que constituye el derecho (…) el bien de la ciudad es la justicia, esto es el bienestar público».

Sostenía también Aristóteles en La Política, que «al decir de los partidarios de la democracia, la justicia está únicamente en la decisión de la mayoría; y si nos atenemos a lo que dicen los partidarios de la oligarquía, la justicia está en la decisión de los ricos, porque a sus ojos la riqueza es la única base racional en política.

Para Aristóteles, como las leyes no pueden prever todas las prácticas concretas o indefinidas, hace falta un decreto que corrija la desproporcionalidad. Así fue que Perón eliminó los aranceles universitarios por Decreto el 22 de noviembre de 1949. Sin embargo algunos parecen creer que fue un don de la naturaleza. El 22 de noviembre debemos votar por la universidad pública y gratuita.

Los derechos sociales son derechos de justicia. Por eso, no se alcanzará un estado del bienestar, una sociedad del bienestar, o del buen vivir sin un Estado social y democrático de derecho en nuestros pueblos, si no interviene el Estado para corregir y aminorar la brecha en la distribución de la riqueza material y cultural para lograr la igualdad de oportunidades.

LA NEGACIÓN DE LA CONCIENCIA JURÍDICA POPULAR

El Derecho surge de la conciencia jurídica popular, por las necesidades, costumbres y creencias populares y nacionales. No es producto del pensamiento culto sino del pensamiento y la conciencia popular.

Lo que hace la legislación es garantizar la seguridad jurídica de aquellos derechos que surgen de la conciencia popular. El legislador debe ser la «encarnación del espíritu nacional y portavoz de sus credos y necesidades» que debe auscultar y escriturar.
Así sucedió con la Ley de servicios de comunicación audiovisual, previamente auscultada a lo largo y a lo ancho del país, así sucedió con la ley del matrimonio igualitario o la fertilización asistida o la asignación universal por hijo, así como la recuperación y nacionalización de las jubilaciones o la aerolínea de bandera o YPF o los ferrocarriles, en esta década. Leyes todas votadas en contra por la Alianza Cambiemos.

Tampoco debemos pagar sin chistar a los capitales usurarios internacionales (como quiere la nueva Alianza) para volver a la dependencia absoluta y frenar nuestro desarrollo hipotecando nuestra soberanía y nuestro futuro.

Hoy más que nunca, los hombres y mujeres de la cultura debemos ser custodios permanentes de los derechos conquistados, como los avances científico-tecnológicos y la voluntad de más de dos mil científicos que retornaron al país para contribuir al desarrollo nacional.

El tiempo no vuelve atrás y la conciencia jurídica popular tampoco, salvo que algunos quieran, como alguna vez lo hicieron, sujetarla a través de golpes de estado y retrotraer los logros de la democracia. Ya sabemos que pasar de la plutocracia a la justicia distributiva no es un tránsito pacífico. En otros tiempos significó la muerte, prisión, exilio o desaparición de los intelectuales, académicos y científicos.

Consolidar la gratuidad universitaria, continuar construyendo escuelas y universidades es lo que hicimos en esta década. La Alianza Cambiemos ha votado en contra de la apertura de nuevas universidades y se negó también a garantizar la gratuidad de los estudios para millones de argentinos.

Las aún frágiles democracias fueron una y otra vez asaltadas por el poder oligárquico aunado a intereses externos de los países hegemónicos, instalando sangrientas dictaduras a lo largo y a lo ancho de Nuestra América hasta finales del siglo XX. Ahora no cuentan con las fuerzas militares, pero siguen erosionando y combatiendo los derechos conquistados aunque se disfracen a última hora.

Pero la Patria de la Justicia en nuestro país sigue instituyendo y ampliando derechos sociales e implementando la justicia distributiva. La conciencia jurídica popular no permitirá una nueva marcha atrás y los hombres y mujeres de la cultura haremos lo mismo. Por eso, esa conciencia jurídica popular volverá a salir a la calle como el 17 de octubre de 1945 en defensa de sus derechos.