Solicitada «7D» Comunicadores de Argentina (COMUNA)

El Grupo Clarín convocó a las organizaciones empresariales de dueños de medios de comunicación para que lo apoyen de cara al 7D. El objetivo es claro: presionar para no cumplir la ley. Entre las organizaciones patronales internacionales que confirmaron su llegada al país para apoyar al Grupo Clarín están la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación Internacional de Radiodifusoras (AIR).

La SIP ya envió en 2011 una autoproclamada misión para “monitorear la libertad de expresión” en el país, que lo único que demostró fue que traía los resultados prefijados y coincidentes con las posturas del Grupo Clarín. La AIR es menos sutil: hace unos días le entregó a Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, una distinción por su “trayectoria a favor de la libertad de expresión”.

El Grupo Clarín cuenta también con el apoyo de los conglomerados empresarios locales vinculados a la comunicación sobre los cuales ejerce un férreo control, como la Asociación de Entidades Periodística Argentinas (ADEPA), la Asociación de Editores de Diarios de la Buenos Aires (AEDBA), la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATCV), la Asociación de Teledifusoras Argentinas (ATA), la Comisión Empresarial de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI), la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), entre otras.

Esta enumeración demuestra que el Grupo Clarín no sólo controla más medios que los permitidos por la ley y ejerce una posición dominante que es contraria a las normas internacionales, sino que su hegemonía se extiende a las asociaciones de empresarios de medios nacionales e internacionales.

En función de esto:
–    Afirmamos que el 7D es la fecha establecida por la Justicia para que todos los multimedios, incluido el Grupo Clarín, cumplan con la totalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada por mayoría amplia en el Congreso y avalada por la Justicia.
–    Sostenemos que en la Argentina, al igual que en otros países latinoamericanos, es el Estado el que garantiza el derecho a la libertad de expresión y el que tiene la obligación de asegurar el acceso del pueblo a la información, con multiplicidad de voces e ideas. Que hay plena libertad de opinión, pero la difusión de ideas se encuentra amenazada por los monopolios informativos.
–    Advertimos que el Grupo Clarín debe cumplir además con las leyes laborales, permitir la libertad sindical en sus empresas y cumplir con las normativas que promueven la venta de papel para diario en igualdad de precio y condiciones para permitir la libre competencia.
–    Repudiamos la actitud de la SIP, AIR y otras organizaciones de empresarios de medios de comunicación, cuyo objetivo es impedir el cumplimiento de la ley en función de los intereses económicos del Grupo Clarín.

No son los empresarios los que deben juzgar sobre la libertad de expresión.

Somos los periodistas, comunicadores sociales, trabajadores de medios gráficos, radios, televisión y medios virtuales públicos, privados, cooperativos y sin fines de lucro, productores, editores, reporteros gráficos, locutores, diseñadores gráficos, técnicos de televisión y radio, pasantes, docentes y estudiantes de universidades y escuelas de periodismo, publicitarios y la sociedad en su conjunto quienes debemos velar por la libertad de expresión y por el derecho a la información veraz, que no es un bien privado sino una propiedad social compartida.

ADHESIONES CON NOMBRE, APELLIDO Y MEDIO (Optativo) a: solicitada.comuna@gmail.com