Sobre la muerte del ex dictador Jorge Rafael Videla

Autor:  CELS 

La muerte del ex presidente de facto durante la última dictadura militar argentina, Jorge Rafael Videla, se produce en medio del histórico proceso de rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado reciente por el que atraviesan diversos países de América Latina. Esta situación es una de las más significativas en materia de justicia transicional del siglo XXI y tiene a la Argentina entre los países de actuación más destacada en la administración de justicia con tribunales nacionales.

El fallecimiento de quien fuera uno de los máximos jerarcas dictatoriales de la región se produce con tan sólo una condena firme, la del Juicio a las Juntas, desarrollado en 1985. En 2012, la Cámara de Casación Penal de la Nación confirmó su condena a reclusión perpetua por los fusilamientos en la llamada “Causa Alsina”, dictada en 2010. Estaba pendiente su confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 2012 también fue condenado a 50 años de prisión por un tribunal oral de la Capital Federal por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores en la causa “Plan sistemático de apropiación de menores”. Esta sentencia aún no fue confirmada por instancia superior. Videla cumplía su condena en prisión por estas causas. Además, estaba siendo juzgado en la causa “Plan Cóndor” acusado de privación ilegítima de la libertad y de conformación de una asociación ilícita para llevar adelante la coordinación represiva entre los regímenes de la región. De los 106 casos que comprenden esta causa, 44 no podrán ser juzgados por ser Videla el único imputado. También se encontraba con procesamiento en otras 9 causas. La dilación en la administración efectiva de justicia sigue constituyendo uno de los principales inconvenientes del proceso argentino.

Las condenas a Videla reflejaron el progreso de la lucha contra la impunidad y deben pensarse en la clave de los avances en la persecución penal a los máximos responsables del terrorismo de Estado en América Latina. Un proceso que tuvo un indudable impulso en los países de la región tras la detención en Londres del ex dictador Augusto Pinochet en 1998 y su posterior extradición y procesamiento por graves violaciones a los derechos humanos en Chile. En tal sentido, debe destacarse la condena a 25 años de prisión al ex presidente Alberto Fujimori en Perú en 2009 por considerarlo responsable de crímenes de lesa humanidad, quien se constituyó así en el primer jefe de Estado elegido democráticamente a quien se le atribuyó responsabilidad por estos crímenes. También la condena al ex presidente de facto José María Bordaberry en Uruguay a 30 años de prisión por los delitos de atentado a la Constitución, desaparición forzada y homicidio político. A esta sumatoria se agrega como hito reciente más relevante la condena al ex dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y crímenes contra la humanidad. Esta condena representa un enorme impulso al proceso de justicia en Guatemala, luego de múltiples amenazas e intimidaciones a los actores del juicio y las víctimas.

Videla era el máximo responsable de la represión ilegal argentina que estaba siendo juzgado y su muerte con sólo una condena firme evidencia la necesidad de que los países de América Latina asuman la lucha contra la impunidad como una verdadera política de Estado que permita encauzar, profundizar y acelerar estos procesos históricos.