Seguridad, clima electoral y después

Por Eduardo Anguita (Director Editorial de Miradas al Sur)

La decisión de partir en dos el Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense estuvo marcada, como señalan la mayoría de los observadores, más por las urgencias de las elecciones que por un cambio de modelo en las políticas respecto de qué cosas tienen que cambiar en la policía, el ministerio público y la Justicia para que la provincia más grande del país pueda brindar mejores servicios a la comunidad. En efecto, la figura de Ricardo Casal había quedado en el ojo de la tormenta. No sólo por el resultado de las urnas del 11 de agosto pasado sino también por internas del propio entorno del gobernador Daniel Scioli, donde Casal fue perdiendo espacio y aislándose. Pero hubo un elemento que mostró a Casal sin mucha fuerza. Fue en la noche del 2 de abril de este año, durante la inundación en La Plata, cuando el comando de emergencia se reunió en la sede del Ministerio de Seguridad y Justicia pero que, en los hechos, fue conducido por los mandos policiales y el ministro actuó como informante ante distintos programas de televisión en esa misma noche afirmando que los muertos habían sido 51 y, con el correr de las semanas, se fue comprobando que la cifra llegaba a 67.

Un episodio nada menor fue la desautorización al juez Luis Arias quien, desde el primer momento afirmó que los fallecidos por la tragedia eran más. Casal quiso correr a Arias de su derecho a investigar, incluso prohibiendo su entrada a un hospital. Quien se había sumado a brindar pruebas sobre el tema fue el defensor del Fuero Juvenil Julián Axat (ver relacionadas), contra quien había cargado Casal. El ministro afirmaba que las cifras de Axat no habían sido cotejadas con la mesa de crisis ni con la Policía Científica. El tiempo, sin tanta resonancia mediática, fue mostrando que Arias y Axat no estaban motivados por protagonismo personal ni por morbosidad sino que contaban con información real.
Sin embargo, cinco meses después de las inundaciones, el pasado martes 3, la movilización frente a la sede municipal mostró muy poca concurrencia. En la misma línea puede pensarse lo que ocurrió con el Candela Rodríguez, de cuya muerte acaban de cumplirse dos años: la comisión especial creada en el ámbito del Senado bonaerense juntó infinidad de testimonios que podrían haberse convertido en un caso testigo sobre las relaciones entre grupos narcos, barrios pobres, malas actuaciones de fiscales y jueces y, sobre todo, peligrosa connivencia policial con el oscuro mundo de los delincuentes que actúan con cobertura o desidia de ciertos uniformados. La comisión legislativa quedó prácticamente desactivada y Martha Arriola, una funcionaria de trayectoria en temas de seguridad, terminó convocada por las autoridades de la provincia de Río Negro porque no tiene ningún interés en transar con los silencios que imponen los grupos de interés que manejan los hilos de la inseguridad. Arriola formó parte del equipo de León Arslanián cuando este jurista fue ministro hasta diciembre de 2007 y trabajó con foros comunitarios, particularmente con consumidores de drogas en barrios pobres y villas miseria, y más de una vez pudo comprobar que los kioscos y cocinas de paco no estaban tan ocultos, al menos para los grupos policiales que debían controlar en vez de quedarse con una parte del dinero de ese negocio ilegal.

Llega Granados. Pese a los avances en materia de derechos humanos de esta década, las reformas policiales y judiciales de corte democrático fueron postergadas o desdeñadas por las más altas autoridades de la provincia de Buenos Aires. En la Nación, tras la represión policial del parque Indoamericano en diciembre de 2010, Cristina Fernández de Kirchner tomó cartas en el asunto y se jugó por los cambios de cúpulas y de políticas asumidos por la entonces ministra Nilda Garré. Por motivos que algún día terminarán de conocerse, la llegada de Sergio Berni a ese ministerio derivó en una cantidad de internas y disputas de espacios de poder que terminaron con Garré fuera del ministerio y ahora en Washington, como embajadora ante la Organización de Estados Americanos.
Es decir, sin avances reales en materia de mejoramiento de la calidad de las políticas de seguridad llegaron las elecciones del 11 de agosto. Tras los resultados, como si se tratara de una profecía autocumplida, surgió el coro de quienes atribuyeron los resultados a lo que decían las encuestas: el problema de la inseguridad no es una sensación mediática sino un problema de los vecinos. Esa burda simplificación fue tomada como un caballito de batalla para explicar la buena performance del Frente Renovador de Sergio Massa. Es más, contando con una veintena de intendentes de la provincia, impulsó un proyecto de ley provincial para crear policías municipales. Una propuesta que tiene apenas valor electoralista: pretende seducir a otros jefes comunales en un momento donde los estudios de opinión lo ponen en una buena posición. La realidad es que 135 fuerzas policiales no son ningún camino para mejorar la seguridad en la provincia.
En este contexto se conoció la designación del hasta hace tres días intendente de Ezeiza Alejandro Granados al frente de Seguridad. Su nombre ya había sonado cuando el fiscal Carlos Stornelli dejaba el ministerio y era el turno de Casal en mayo de 2010. Ahora, el clima electoral preocupante llevó a Scioli a mover el tablero de los nombres y apareció de nuevo Granados, cuya hermana, la senadora provincial Leonor Granados, había dado el salto al massismo por el solo hecho de sentirse identificada con quien resultaba ganador. Lo cierto es que varios intendentes bonaerenses le transmitían a Scioli que las fuerzas policiales no cumplen con los pedidos de los funcionarios comunales respecto de dónde poner el acento. Reclaman falta de prevención, escasez de patrulleros y abundancia de internas policiales. Y aunque lo más visible resulte el desafío electoral, en muchos casos, los funcionarios comunales conocen con precisión el avance de los narcos, sobre todo en los barrios pobres y valiéndose de mano de obra juvenil. La pregunta del millón es quiénes son los narcos y cuáles son las conexiones que tienen en las fiscalías antinarcóticos, con jueces, grupos o punteros políticos y, por supuesto, con fuerzas policiales.
Así llegó Granados. Con la necesidad del gobierno nacional y provincial de intentar mejorar la performance el 27 de octubre próximo. Sería ingenuo pensar que en un clima electoral se van a realizar foros vecinales para discutir cuáles son las maneras de mejorar lo que en tres décadas de democracia no se pudo encarar en un distrito donde la policía, como en la mayoría del país, estuvo bajo las órdenes operacionales de las Fuerzas Armadas en plena dictadura cívico militar. La decisión de llevar a Granados la tomó el gobernador Scioli pero antes hizo las consultas del caso con la Presidenta, quien estaba de viaje y pudo enterarse en medio de la estresante reunión del G-20 en San Petersburgo. Cristina avaló a Granados y Sergio Berni fue, de algún modo, el vocero de ese apoyo al salir en los medios a sumar fe en que ese cambio podría resultar favorable.
Granados salió a decir que llenará el inmenso territorio bonaerense de policías y cámaras. Habrá una porción de los habitantes de la provincia que se sientan protegidos con estas decisiones, otros quizá crean que se tratan de declaraciones electoralistas y una buena parte mantendrá la misma sensación de confusión y temor que siente al confirmar que las cosas, en una materia tan compleja como la seguridad, no cambian por el nombramiento de un nuevo ministro.

El futuro. De momento, lo que puede percibirse es que se afirma el poderío de los jefes policiales y que para la política queda el desafío de pensar cambios de fondo. Es cierto que las academias policiales están oxigenadas por alguna carrera en las universidades bonaerenses. Pero deben ponderarse las capacidades: la Bonaerense es la única institución que está presente en los 135 distritos, tiene un mando centralizado y posee una doctrina incorporada entre sus cuadros de que los temas policiales se resuelven dentro de la fuerza. Siempre la Bonaerense se queja de la falta de presupuestos adecuados y abundan los mecanismos de recursos paralelos, en algunos casos de turnos adicionales y en otros de cajas ilegales, para financiar un entramado secreto de dinero, siempre conocido y generalmente tolerado por funcionarios provinciales y municipales así como por jueces y fiscales. Es más, esas cajas negras suelen ser compartidas y de ningún modo exclusivas de las fuerzas policiales.
Resultaron muy poco afortunadas, en este contexto, las declaraciones del intendente de Lomas de Zamora y primer candidato a diputado del Frente Para la Victoria Martín Insaurralde respecto de promover la imputabilidad penal a jóvenes desde los 14 años.
Es poco creíble que esto sea fruto de un análisis sereno, sobre todo porque va en contra de los criterios que el kirchnerismo barajó en esta década sobre la potencia de las políticas de inclusión social en cambio de las de mano dura. Pero resulta preocupante que en estos dos años el kirchnerismo haya dado poca importancia a los temas de inseguridad y calidad democrática de las fuerzas policiales y, ahora, en pleno proceso electoral utilice conceptos que van en la dirección opuesta. En muchos sectores de la militancia peronista el pragmatismo es más importancia que ciertos modelos teóricos, pero eso es un riesgo para la principal fuerza política nacional que vivió los años de Carlos Menem y de Eduardo Duhalde acompañando ideas y liderazgos que el kirchnerismo no dejó hasta ahora de calificar como entreguistas y neoliberales con Menem como de mafiosas con Duhalde. Hay que decirlo, aunque Granados hoy sea un intendente K, fue un fervoroso defensor tanto de Menem como de Duhalde. La lógica de consolidar poder territorial al amparo de llevarse bien con autoridades provinciales y nacionales es de tiro corto. En estos años, la consigna Memoria, Verdad y Justicia no sólo sirvió para consolidar una política de derechos humanos sino para estimular a millones de personas que creen realmente en mejorar la democracia y conseguir terminar con las brutales desigualdades que tiene la Argentina. Muchos de esos millones no provienen de familias peronistas ni tampoco sufrieron en carne propia las barbaridades dictatoriales. En todo caso, se sintieron convocados por el kirchnerismo por el afán de vivir en una sociedad democrática y justa. Por eso, los vaivenes de campaña electoral no deben ser sobredimensionados a la hora de analizar el impacto real de la llegada de Granados. Pero tampoco se puede desdeñar que el 28 de octubre se vivirá un escenario distinto y que la militancia popular, la que quiere un país justo, debería dar con valentía los debates para evitar perder el rumbo de las grandes causas nacionales y populares con las que muchos se sintieron identificados desde el 25 de mayo de 2003 y con los que se fueron sumando al corroborar el rumbo tomado por Néstor Kirchner.