Scioli de paro en paro…

Por Walter Barboza

De paro en paro, así va la provincia en un marco en el que los docentes provinciales, los judiciales, los profesionales de la salud y los estatales de ATE se encuentran en pleno proceso de movilización por más y mejores salarios.

Las medidas no son novedosas, pero anticipan el clima que se vivirá el resto del año si el gobierno de Daniel Scioli no avanza en una verdadera recomposición de los salarios de los estatales: una provincia con una alta conflictividad laboral.

Pero en la disputa salarial se han mezclado ingredientes nuevos, como por ejemplo el pedido de las organizaciones sindicales, las de los docentes es el caso testigo, para que el gobierno provincial ponga en vigencia el punto cuatro del artículo 39 de la Constitución Provincial reformada en el año 1994, que indica que “La Provincia garantiza a los trabajadores estatales el derecho de negociación de sus condiciones de trabajo y la substanciación de los conflictos colectivos entre el Estado provincial y aquellos a través de un organismo imparcial que determine la ley”.

Los sindicatos docentes sostienen que en el marco de la puja distributiva, el Ministerio de Trabajo bonaerense funciona como parte interesada y que bajo ningún punto de vista obra como mediador. Por ello reclaman la puesta en vigencia de un órgano que pueda arbitrar en los conflictos laborales de los trabajadores del estado provincial.

En el caso de los judiciales esa contradicción es más notoria, puesto que son los propios jueces los que tienen poder para resolver desde el punto de vista judicial una contienda gremial. Para ellos el desamparo en la justicia es doblemente peor. A ello se le suma una notable distancia entre el sueldo inicial de un empleado judicial y el sueldo de un Juez integrante de la Corte Suprema de Justicia Bonaerenses. Los dos extremos del escalafón, con una distancia temeraria que supera holgadamente las diez veces.

En el caso de CICOP el pedido, además de ingresar por el intricado camino del reclamo salarial, está orientado a buscar mejoras en las condiciones de trabajo: seguridad, insumos, nuevos cargos y una revisión de la escala que devuelva jerarquía a los profesionales de la salud.

El reclamo salarial existe y las condiciones políticas para que otros sectores interesados saquen ventaja de esa situación también. Nadie sabe con certeza cuál es la estrategia de Scioli, tampoco si Sergio Massa obtendrá réditos de este escenario. El gobierno nacional por ahora mira de lejos y a la espera de una resolución de la paritaria nacional. En ese marco intentar asociar el paro docente en la Provincia de Buenos Aires con Sergio Massa, suena a ingenuidad. Mirta Petroccini, Secretaria General de la Federación de Educadores Bonaerense, se maneja con autonomía y con mandato de sus gremios de base. Roberto Baradel, Secretario General de SUTEBA, igual, con la diferencia de que este último acompaña junto a Hugo Yasky, titular de la Central de los Trabajadores Argentinos, algunas de las políticas desarrolladas por el gobierno nacional y eso lo ha demostrado pidiéndole con insistencia a Scioli, a través de la CTA provincia, una reforma impositiva para gravar a los sectores de mayores ingresos.

En el esquema tributario, históricamente de carácter regresivo, quizás residen algunas de las claves por la cuales el sistema de enseñanza público en la provincia de Buenos Aires está atravesando uno de sus peores momentos. A la baja oferta salarial hay que agregar el estado de los edificios de numerosos establecimientos educativos, el retraso del pago de haberes de cientos de docentes que tomaron horas o comenzaron a ocupar cargos de marzo del año 2014, o los 500 millones de pesos que la administración de Scioli debe a los proveedores de los comedores escolares que amenazan con cortar ese servicio esencial.