Reforma de la Constitución y relaciones de fuerza.

Osvaldo Drozd

“La Ley es producto de las relaciones de fuerza” le dijo una vez a quien escribe, el célebre abogado León “Toto” Zimerman. Esta definición del fundador de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) si se quiere, resulta compatible con aquel postulado foucaultiano de que la Verdad es producida por el Poder, y que ambos están imbricados dialécticamente. Se podría decir entonces que no es una Ley la que podría cambiar las relaciones de fuerza, sino que sí no existen condiciones favorables para ello las leyes aparecerán siempre como un dato inobjetable, comparables a una ley divina, o natural.

En la Argentina de hoy, no se deja de hablar acerca de una posible reforma de la Constitución. La derecha más obtusa la rechaza desde los medios y grupos políticos afines, haciendo pasar a esta reforma como la intención de perpetuar a la presidenta en una reelección indefinida. Si resulta posible considerar que en la década kirchnerista se lograron algunos cambios sustanciales en la estructura social, y que esto más allá de la valoración que se haga de ello, tal como que efectivamente se trata de un movimiento transformador, o que no quedaba otra después del incendio social que se generó en 2001, lo que sí resulta incontrovertible es que hay una derecha tanto social, política y mediática, que pretende tirar por tierra a todo lo que desde 2003 fue diferente a lo de los gobiernos anteriores.

Si el kirchnerismo lo hizo para apagar el fuego del 2001, o porque es un proyecto verdaderamente transformador, resulta secundario, y por lo tanto no debiera ser el principal debate, a menos que éste sirva para profundizarlo por izquierda, resaltando y defendiendo el piso de lo positivo, pero intentando a su vez superar los obstáculos que el kirchnerismo tiene para impedir el arribo de una derecha restauradora.

La enunciación de una reforma de la Constitución, para dar un marco institucional que no permita retrocesos, sin dudas resulta alentadora, pero en esa misma enunciación podrían permanecer los mismos obstáculos que el sector más duro del oficialismo hoy tiene para impedir la restauración conservadora.

Es interesante conocer las diferentes experiencias suramericanas (Ecuador, Venezuela y Bolivia), en donde se pudo reformar las constituciones para que esa nueva Letra, permitiera el ascenso de las clases subalternas a esferas de decisión política. En el caso boliviano es de destacar que el llamado a una Asamblea Constituyente, se dio en un proceso de arduo debate y movilización de los diferentes sujetos sociales, en una alianza de hecho entre esos diferentes actores, para plasmar esa nueva institucionalidad, que es hoy el soporte del nuevo Estado Plurinacional. Sin dudas, se puede afirmar que fueron las nuevas correlaciones de fuerza en el seno de la sociedad boliviana, las que se cristalizaron en una nueva Carta Magna. Los movimientos sociales organizados, movilizados y debatiendo fueron los que se transformaron en sujetos constituyentes. Esto requiere precisar que no fue la nueva Constitución política la que les dio vida, sino al revés, estos sujetos sociales fueron los que pudieron expresarse aprovechando la coyuntura favorable, de contar con un gobierno como el de Evo Morales, que tuvo la grandeza de convocarlos.

En la Argentina esto, aún no sucedió.