Pelota al medio, pero con paro

El conflicto entre el Gobierno Nacional y la conducción del fútbol argentino sumó este lunes un nuevo episodio de tensión, luego de que el Comité Ejecutivo de la AFA resolviera suspender toda la actividad oficial entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida fue adoptada como respuesta a la acusación de evasión impositiva que pesa sobre las máximas autoridades de la entidad rectora del fútbol local. Aquí el comunicado oficial.

La interrupción, sin antecedentes en la historia de la disciplina en el país, afectará la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, además del resto de las categorías, incluidas las divisiones formativas, cuyos partidos deberán reprogramarse. El inicio del cese coincide con la fecha fijada para la declaración indagatoria del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico, en el marco de la causa iniciada el 12 de diciembre tras una denuncia presentada por ARCA, el organismo recaudador nacional.

La investigación se centra en una presunta omisión reiterada en el pago de impuestos y en la retención de aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según la acusación, el monto involucrado superaría los 19 mil millones de pesos.

El cronograma judicial establece que Tapia declarará el jueves 5, seguido el viernes por Pablo Toviggino y Gustavo Lorenzo, director general de la AFA. El lunes 9 deberán comparecer Víctor Blanco Rodríguez, ex presidente de Racing y ex secretario general de la entidad, y Cristian Malaspina, actual titular de Argentinos Juniors. Durante el desarrollo de estas audiencias, la actividad futbolística permanecerá suspendida.

La determinación fue tomada en la reunión del Comité Ejecutivo realizada en la mañana del lunes en el predio Lionel Messi de Ezeiza. Allí, Gustavo Lorenzo exhibió una captura del sitio oficial de ARCA que, según explicó, acreditaba que la AFA no registra deudas exigibles ni declaraciones juradas pendientes.

A partir de esa documentación, los dirigentes sostuvieron que el pasivo señalado en la causa no existe. En consecuencia, los representantes de la Primera División impulsaron el paro como gesto de respaldo institucional y comenzaron consultas con las restantes categorías para que se sumen a la decisión.

Tras el encuentro, el presidente de Vélez, Fabián Berlanga, afirmó que “quedó claro que está todo al día” y consideró que la imputación carece de sustento. También señaló que existe, a su entender, una ofensiva contra el modelo asociativo de los clubes, en referencia al debate sobre la implementación de Sociedades Anónimas Deportivas, iniciativa que ya fue rechazada por las instituciones.

Horas después, la AFA difundió un comunicado en el que aseguró que no posee deuda exigible vinculada a las obligaciones fiscales mencionadas en la denuncia de ARCA y confirmó que la suspensión fue decidida por unanimidad en “repudio” a la situación planteada.

En el marco del expediente, Tapia y Toviggino habían recibido inicialmente una restricción para salir del país. No obstante, el juez en lo penal económico Diego Amarante autorizó este lunes a Tapia a viajar a Barranquilla, para participar de un evento de la Federación Colombiana, y a Río de Janeiro, donde se disputará la final de vuelta de la Recopa Sudamericana entre Flamengo y Lanús, previo pago de una caución de cinco millones de pesos.

Además, el titular de la AFA tiene previsto asistir el 18 de marzo al sorteo de las copas continentales en Asunción y, el 27, acompañar a la Selección Argentina en Doha, Qatar, en el partido ante España por la Finalissima.

Desde la conducción de la AFA sostienen que detrás del proceso judicial existirían motivaciones políticas y apuntan, además del gobierno libertario, a supuestas influencias externas, incluyendo vínculos del titular de ARCA, Andrés Vázquez, con la Embajada de los Estados Unidos.

La denuncia fue impulsada por los abogados de ARCA Matías Gentile Brezigar y Felicitas Achábal, quienes señalaron una presunta omisión sistemática en el pago de tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El escrito sostiene que no se habrían retenido ni ingresado aportes a la seguridad social, IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales por $19.350.000.000, descartando la hipótesis de un error administrativo y atribuyendo la situación a una conducta deliberada.

En las declaraciones testimoniales del 10 de febrero, Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control, y Paula Méndez, empleada del área, explicaron que los pagos se efectuaban a partir de instrucciones verbales, personales o telefónicas del tesorero Toviggino. Indicaron además que los compromisos fiscales se cancelaban con fondos de cuentas del Banco Credicoop, con firma conjunta del presidente, el secretario y el tesorero. Méndez señaló a Toviggino como responsable del control económico y a Tapia como administrador de la clave fiscal institucional.

A 113 días del inicio de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, y a 118 del debut argentino ante Argelia en Kansas, la decisión de suspender el fútbol profundiza el enfrentamiento que la AFA mantiene con el gobierno de Javier Milei desde que el Presidente, con el respaldo del ex mandatario Mauricio Macri, promovió la transformación de los clubes en sociedades anónimas.

El 21 de noviembre de 2023, antes de la asunción del actual gobierno, la asamblea de la AFA rechazó esa propuesta por 45 votos contra cero. Posteriormente, distintas resoluciones judiciales fueron demorando los intentos oficiales de avanzar en ese sentido. Incluso la Inspección General de Justicia y la Justicia Civil porteña intentaron frenar en octubre pasado la reelección de Tapia hasta 2028, aunque esas iniciativas no prosperaron.

En diciembre último, y en paralelo con la decisión de reconocer a Rosario Central como campeón de la Liga Profesional por acumulación de puntos en la temporada, se multiplicaron investigaciones judiciales y mediáticas orientadas a examinar el manejo de los recursos de la entidad, particularmente después de la consagración de la Selección en el Mundial de Qatar 2022.

La administración de fondos que superarían los 100 millones de dólares anuales por marketing, patrocinios, derechos televisivos y cachets —potenciados por la proyección global de Lionel Messi— aparece en el centro de la disputa. Según interpretan en la conducción del fútbol, el objetivo político y judicial sería desplazar a Tapia y a Toviggino antes del inicio de la próxima Copa del Mundo.

En ese contexto, la suspensión de la actividad entre el 5 y el 8 de marzo se presenta como una señal de cohesión interna y como una respuesta directa a un conflicto que, lejos de apaciguarse, suma nuevos capítulos en la antesala de una temporada marcada por tensiones institucionales y expectativas deportivas.