Peajes: El Gobierno pedirá la nulidad de los contratos de concesión de autopistas Norte y Oeste

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, explicó por qué le pedirán a la Justicia que se anulen los contratos firmados durante la gestión de Mauricio Macri.

En contacto con Radio Provincia, el ministro dio precisiones sobre los contratos de concesión de los peajes que operan en los accesos Norte y Oeste, firmados en el año 2018 con las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO).

“Se hizo una revisión integral y una auditoría y se cumplieron todos los pasos administrativos que corresponden para llegar a este punto de proponer al Presidente la firma de un decreto que instruye a la Dirección Nacional de Vialidad a iniciar un juicio”. Consignó que concretamente pedirán “que se declaren nulas las renegociaciones y al mismo tiempo permita que la administración de estos corredores viales vuelvan al Estado”.

Katopodis manifestó que “no hay ningún elemento que le otorgue certeza a la existencia de una deuda que asciende a los U$S 811 millones para ambos grupos empresarios” y agregó que la misma “surge de reclamos que hacían las concesionarias al Estado Nacional por actualización tarifaria y que en 2018 resolvieron conciliar con el reconocimiento de las sumas de U$S 540 millones para AUSOL y U$S 272 millones para GCO”.

El ministro aseguró que el acuerdo al que se arribó por esas deudas, “establecía un privilegio porque, a diferencia de todos los contratos que estaban pesificados en la Argentina, éste, de manera excepcional, se había decidido dolarizar, lo que significaba una ventaja y una rentabilidad patrimonial enorme para las empresas”. De ese modo “se iban acumulando intereses y transformando esa deuda en una suma arriba de los U$S 1.200 millones”.

Katopodis enfatizó que no había ninguna razón que justificara la dolarización de los contratos “que no sea la de asegurarles una rentabilidad constante a lo largo del proceso”. De ese modo, son tres las irregularidades que se detectaron: “la determinación de la deuda sin fundamento y arbitraria en cuanto a los montos; la dolarización en contra del Estado y la prórroga, porque los contratos vencían en 2020 y arbitrariamente se decidió concederles una prórroga de 10 años que no estaba establecida en el contrato inicial y generaba un privilegio para las empresas”.

15/09/2022