La operación sciolista contra el Juez Arias

Walter Barboza

Finalmente el Juez en lo Contencioso y Administrativo de la ciudad de La Plata, Luis Federico Arias, fue inhibido de la causa que investiga las consecuencias del temporal en la comuna. El magistrado había iniciado el expediente a pedido del Defensor del Fuero Penal Juvenil, Julián Axat, el cual en el marco de las dudas que generaron los partes oficiales del Gobierno Provincial sobre el número de víctimas, decidió presentarse en los tribunales platenses para solicitar una profundización en la investigación.

FOTO INFOCIELO: Andrea Morales

El ímpetu con el que actuó el magistrado, generó rápidamente críticas entre los sectores oficiales ligados al gobernador Daniel Scioli. Ni lerdos, ni perezosos, cuestionaron la competencia del magistrado para llevar adelante la investigación, pues señalan que el trámite debería recorrer los caminos de los juzgados penales.

Desde el comienzo de la investigación, Arias había advertido sobre la existencia de anomalías en la confección de la lista de personas fallecidas y desaparecidas por parte de la autoridades provinciales y había señalado la necesidad de que fuera el Ministerio de Salud de la Provincia el organismo encargado de la tarea que hizo el Ministerio de Seguridad. El motivo: que las medidas para establecer quiénes murieron por efectos directos e indirectos de la tormenta, fueran mucho más amplios y precisos. El magistrado sostuvo en todo momento que el estado provincial, al no judicializar los casos, estaría atenuando los efectos de los posibles pedidos de resarcimiento por parte de la población

En rueda de prensa, el juez señaló que “hay partidas de defunción que fueron confeccionadas en forma irregular por el personal policial” y que ello representaría una práctica frecuente en la fuerza. A entender de Arias ello “tiene que ver con un modus operandi heredado de la dictadura militar”.

Esta semana, a Arias le habían impedido el acceso a la morgue judicial para hacer una inspección. Es que en el medio del debate se encuentra la investigación que lleva adelante el Juez de Garantías Guillermo Atencio, quien luego del intento de Arias de hacer una revisión in situ, tomó la determinación de llevar adelante la inspección desde su juzgado. Atencio dijo que “allí no hay personas muertas que se correspondan con las víctimas de la inundación”, en lo que parece constituir una respuesta claramente orientada a cerrar el debate.

En ese contexto los legisladores provinciales de extracción sciolista, Alberto de Fazio, Martín Cosentino, Guido Lorenzino, Rodolfo Iriart, Raúl Pérez e Iván Budassi, presentaron un pedido de Juicio Político contra el magistrado. La medida fue entendida por el Juez Arias como una operación en su contra y ahora deberá esperar para saber cómo avanza la iniciativa en la legislatura provincial y que resolución tomará la Corte Provincial sobre su inhibición.

Arias es un juez que goza de reconocimiento y prestigio en la comunidad. Por el contrario Atencio, que interviene en el caso del cuádruple crimen ocurrido La Plata, tiene un proceso de juicio político por varias causas en las que se lo acusa de mal desempeño en sus funciones. La denuncia original fue presentada por Vanina Pisani. El año pasado trascendió el pedido, pero no los detalles de las imputaciones que recayeron sobre el magistrado.

El caso del Dr. Arias da cuenta de cómo se politizó la investigación y hasta qué punto el sciolismo está dispuesto a avanzar para evitar que la información trascienda. Este cronista vivió en experiencia propia como el Subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales del Ministerio de Seguridad, César Albarracín, increpó al único camarógrafo que había llegado al lugar donde encontraron a Nilda Godoy, la mujer que había sido arrastrada por el agua la noche del 2 de abril.  Al grito de “usted de dónde es y para quién filma”, el funcionario de Casal le exigió que saliera del cerco perimetral porque no querían “procesar a nadie”. El nerviosismo de Albarracín delataba el hermetismo con el que querían tratar el caso, algo que en un procedimiento de rutina nunca ocurre. El lugar no estaba cercado perimetralmente, lo que indica claramente que no esperaban periodistas para husmear en la zona.

La política de seguridad del gobierno bonaerense no contempla las catástrofes naturales como un problema de inseguridad. Las estadísticas siguen demostrando que los bonaerenses mueren más por accidentes de tránsito, o condiciones meteorológicas desfavorables, que en asaltos a mano armada. Escasea una mirada más amplia del problema.