Profundizar el proyecto político en curso, conlleva varias aristas, que habría que ir desmenuzando minuciosamente. No pocas veces subrayamos la necesidad de promover la organización popular de base, como a su vez la construcción de un poderoso movimiento político que sea capaz de enfrentar los nuevos desafíos de la etapa.
Mal que nos pese a algunos, el actual proceso nacional como el de todo el continente no es anticapitalista, sino un intento de desarrollo capitalista autónomo, con una intención de mayor racionalidad, en donde el creciente protagonismo del Estado, se convierte en una pieza clave en la ampliación de derechos democráticos para las grandes mayorías populares. Si se quisiera entender conceptualmente este proceso, tal vez habría que releer aquella tesis teórica del legendario dirigente del PC uruguayo Rodney Arismendi a la cual él denominó democracia de avanzada.
Lo cierto es que las más recalcitrantes derechas del continente ligadas a los centros imperiales reprueban el proceso actual suramericano, de igual forma que muchos sectores supuestamente ubicados a la izquierda sólo ven en todo esto: un tibio reformismo, o un simple maquillaje progresista.
Proponer un camino alternativo a la estructura del capitalismo dependiente que marcó a sangre y fuego las formaciones sociales indoamericanas, es el desafío de la etapa, pero para que esto sea posible es necesario contar con un diagnóstico lo más preciso posible de cuáles son los obstáculos estructurales que es preciso sortear, para ir por más.
Hoy un tema que inquieta, es el desarrollo de una industria que pueda sustituir importaciones, y agregar valor a toda la cadena de producción. El atraso en cuanto a ello, signó a nuestro país durante dos siglos en la dependencia. La existencia del latifundio también es una rémora que estigmatiza a casi todo nuestro continente, obstaculizando el despliegue de nuevas fuerzas productivas.
Resultó saludable cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio anuncio en 2011 del plan estratégico 2020 consistente en industrializar la ruralidad, o la ministra Débora Giorgi en mayo del año pasado promoviera la industrialización de todo el proceso minero.
El incipiente pero favorable desarrollo tecnológico, al igual que la reestatización de algunos sectores claves de la economía como lo es YPF, más la creciente integración del país en el bloque suramericano, son algunos de los puntos claves para poder llevar adelante el tan mentado despliegue productivista, pero habría que tener muy en cuenta que no se trata solamente de atraer inversores que puedan llevar adelante este proceso de desarrollo de fuerzas productivas, sino que desde el Estado mismo se necesita una cierta planificación, que rompa con la inercia de la Argentina agroexportadora y productora de commodities. La burguesía nacional no monopólica nunca estuvo a la altura de las circunstancias, y es sumamente llamativa su dependencia al diseño de la producción global, y al reparto internacional de los mercados. Romper esa lógica es otro desafío, ya que la regla desde los centros capitalistas, siempre fue asignar a determinadas regiones cuáles debían ser sus producciones. Romper esta lógica hoy se muestra como algo posible ante el desplome de las economías del mundo occidental, y el desarrollo de nuevas potencias emergentes.
Pero como ya señalábamos, para esto es necesaria la participación activa del Estado, esbozando planificación. El fenómeno propiamente argentino de las fábricas recuperadas a partir de 2001, también crea la posibilidad cierta de que los trabajadores puedan llevar adelante la gestión de ciertas empresas, ante la apatía de cierto empresariado.