Obligan a Milei a cumplir con el financiamiento universitario

Una vez más, la Justicia le puso límites a Javier Milei frente a sus intentos de ignorar decisiones del Congreso. Tal como ocurrió con la ley de Emergencia en Discapacidad, en esta ocasión la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó una medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y consideró “poco serios” algunos de los argumentos oficiales para no aplicarla. Desde todos los sectores del Frente Universitario celebraron la resolución y reclamaron a la Casa Rosada que acate “de inmediato” la recomposición salarial y la actualización de las becas estudiantiles, tal como establece el fallo. Los jueces advirtieron que está en juego “el derecho a enseñar y aprender” y alertaron sobre posibles consecuencias negativas si el caso llega a la Corte Suprema en aspectos puntuales.

Los magistrados de la Sala III analizaron los fundamentos del gobierno de La Libertad Avanza para incumplir una ley aprobada por el Congreso y luego ratificada tras el veto, y concluyeron que varios de esos planteos carecen de solidez. En ese sentido, señalaron que “resultan poco serios los agravios del Estado Nacional relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta”, al confirmar la resolución que obliga al Ejecutivo a cumplir con los artículos 5 y 6, vinculados con la actualización de salarios y becas.

“El fallo es muy claro en sus fundamentos”, sostuvo Franco Bartolacci, titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que promovió el amparo cuando el Gobierno se negó a aplicar la ley alegando falta de financiamiento definido. “Ratifica lo que venimos señalando: es una norma razonable, que no compromete las cuentas públicas y que garantiza el acceso a la educación superior”, agregó el rector de la Universidad Nacional de Rosario.

En esa línea, tanto el juez de primera instancia Enrique Cormick como la Cámara coincidieron en que el impacto fiscal estimado por la Oficina del Presupuesto del Congreso —equivalente al 0,23% del PBI— representa un ahorro marginal dentro del gasto total del Estado.

Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) afirmaron que el “Gobierno apostó fuerte en esta disputa y ahora debe cumplir” mientras se resuelve la cuestión de fondo. Federico Montero indicó que el Ejecutivo debe otorgar aumentos tanto en becas como en salarios, lo que implicaría una mejora cercana al 50% para docentes y no docentes, alcanzando a unos 200.000 trabajadores en todo el país.

Por su parte, Francisca Staiti, secretaria general de Conadu Histórica, señaló que durante los últimos años hubo una fuerte pérdida del poder adquisitivo y reclamó una recomposición. “Si se aplica la ley, se salda la deuda salarial y se convocan paritarias trimestrales según el Indec, gran parte del problema podría resolverse. Todo depende de la voluntad política”, afirmó.

El fallo de los jueces Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán también abarca la actualización de las becas estudiantiles. Actualmente, los alumnos perciben dos principales ayudas: las Progresar, administradas por Anses, de 35.000 pesos, y las Manuel Belgrano, que superan los 80.000. La ley contempla la actualización de estos montos, algo que el Gobierno intentó frenar sin éxito en la Justicia. Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), advirtió que continuarán las protestas hasta que se garantice una solución concreta y remarcó que, si no se cumple el fallo, volverán a movilizarse.

Pese a ello, desde el Ejecutivo anticiparon que presentarán un recurso extraordinario para llevar el caso ante la Corte Suprema. En ese contexto, Emiliano Yacobitti advirtió que desobedecer la orden judicial implicaría “una gravedad institucional sin precedentes” y recordó que el máximo tribunal suele no intervenir en medidas cautelares, ya que no constituyen sentencias definitivas. Desde el Frente Universitario sostienen que, en caso de incumplimiento, el Gobierno podría incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el fallo, los jueces también plantearon un interrogante clave: si el Poder Ejecutivo puede sostener que una ley vigente del Congreso queda suspendida por otra norma anterior. Su respuesta, apoyada en la jurisprudencia de la Corte Suprema, fue negativa.

Finalmente, los magistrados respaldaron lo señalado por Cormick respecto al deterioro de los ingresos, la pérdida del poder adquisitivo y la caída salarial del sector afectado. Consideraron que quedó debidamente acreditado el perjuicio irreparable que sufrirían los demandantes si no se otorgaba la medida cautelar, además del impacto sobre el derecho a enseñar y aprender.