Soledad Alonso, diputada provincial de Unión por la Patria, advirtió que el Decreto 695/2025 pone en riesgo la soberanía energética, miles de empleos calificados y décadas de desarrollo científico.
La medida dispone que el 44% de las acciones sea transferido a capitales privados mediante licitación nacional e internacional, un 5% se destine al Programa de Propiedad Participada para trabajadores y el 51% permanezca en manos del Estado. Se enmarca en la Ley de Bases 27.742, que habilita la venta de activos estratégicos del Estado.
La decisión se produce en un contexto en el que Nucleoeléctrica alcanzó un récord histórico en la producción nuclear: en 2024 generó 10,4 millones de MWh con un factor de carga del 73,3%. Es una empresa superavitaria que sostiene más de 3.000 puestos de trabajo altamente calificados. Aun cuando el propio decreto reconoce esa capacidad técnica y operativa, el gobierno avanza con la privatización bajo el argumento de que resulta “imprescindible” la incorporación de capitales privados.
“Ningún país que aspire a ser soberano entrega de esta manera su sector nuclear. Sería bueno que nos cuenten qué se esconde detrás de privatizar una empresa que no da pérdidas, que tiene resultados operativos positivos, que genera divisas y produce energía con precios accesibles para nuestro pueblo”, señaló Alonso.
Es fundamental señalar que este proceso implica la pérdida de soberanía energética y autonomía estratégica. La privatización corre el foco de los beneficios para nuestro país y nuestra independencia, convirtiéndolo en un negocio para intereses privados y para los amigos del poder. También abre la puerta a la extranjerización de decisiones sensibles, genera incertidumbre regulatoria y amenaza con la fuga de profesionales especializados.
“Estamos hablando de más de 3.000 trabajadores y trabajadoras calificados que hoy están en alerta por la posibilidad de perder sus puestos de trabajo y los cambios en las condiciones laborales. Esto ya se vivió primero con la dictadura y luego con el menemismo, la falta de valoración de nuestros profesionales y la posibilidad de quedarse sin trabajo hacen que se terminen yendo del país. También es importante remarcar que esta privatización puede encarecer el servicio eléctrico para los usuarios, dado que los privados van a priorizar recuperar su inversión y asegurar rentabilidad, remarcó Soledad Alonso.
El propio decreto recuerda que la actividad nuclear ya había sido declarada “sujeta a privatización” en la década de los 90. Alonso advirtió que se trata de recetas ya conocidas que no terminaron bien, los inversores extranjeros priorizaban llevarse el dinero en lugar de invertir para mejorar los servicios. “Estamos a tiempo de ponerle un freno a este desguace del Estado el 26 de octubre”, concluyó Alonso.
01/10/2025