Marita Verón, María Soledad, y como luchar contra la consagración de la impunidad

Walter Barboza

Si los jueces que componen la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán, encargada de llevar adelante el juicio por la desaparición de Marita Verón, esperaban otra cosa se equivocaron. ¿Acaso la dimensión y la trascendencia que había tomado el tema, no los hizo suponer que una decisión plagada de dudas podría motivar la reacción que generó entre el gentío?

Los más memoriosos, salvando los matices, recuerdan por estas horas el caso María Soledad, que concluyó con el encarcelamiento de Guillermo Luque y Luis Tula e hizo tambalear el poder político en la provincia de Catamarca. Ocurrió en el año 1990, pero la instancia de juicio oral y público se llevó adelante recién en el año 1996. Seguramente los lectores más agudos recordaran al juez Juan Carlos Sampayo, notable por su latiguillo más célebre -“conste en acta”-, que tan famoso se hiciera por esos años en el lenguaje popular. Las audiencias debieron suspenderse porque el magistrado había sido sorprendido por las cámaras de Canal 13, cuando hacía gestos que daban cuenta de su imparcialidad. El juicio fue anulado y recién fue retomado en el año 1998.

Aquí caben señalar dos aspectos que marcan diferencias y puntos de encuentro entre un caso y otro: el homicidio de María Soledad ocurrió en un momento en el que las noticias fluían con una lentitud significativa. Fue de hecho la movilización de sus familiares los que, acompañados por la hermana Marta  Pelloni, lograron generar un impacto mediático que les permitió que el tema no quedara en el olvido. El incidente ocurrió en una provincia cuya matriz cultural, la convertían en una especie de feudo bajo dominio y control de unas pocas familias. Si los padres, familiares y amigos de María Soledad no hubieran insistido con las movilizaciones populares, tal vez el caso hubiera quedado en el olvido.

En el caso Marita Verón, la presencia de los medios permitió que el tema se mantuviera en agenda por peso propio. La movilización sólo se instrumentó necesaria, cuando la sentencia convalidó la exención de los acusados. Allí reside el error de los magistrados, si es que en su intención existe al ánimo de consagrar la impunidad desde una concepción feudal de la vida política y jurídica. Olvidan los jueces que el cambio de época exige, como lo señaló la presidenta Cristina Fernández, “la democratización del poder judicial”. Tucumán no es un feudo en el que el crimen organizado puede hacer y deshacer a su antojo. No en tiempos en los que la mediatización de la vida  des-obtura cualquier posibilidad de corrupción. No se puede tapar el sol con las manos y reducir al público al lugar de la oligofrenia.

Las regularidades en la historia argentina dan buena cuenta de los vínculos entre delincuentes, polícias, jueces y políticos. Basta con leer algunas de las crónicas más celebres de Rodolfo Walsh, compiladas en “El violento oficio de escribir”, para tener un basamento empírico de lo que se pone en juego. Allí el fundador del Semanario de la CGT de los Argentinos brinda datos reveladores de los vínculos entre policías y ladrones. Este cronista ha tenido la posibilidad de dialogar, off de record, con jueces penales que por desbocados,  y por no saber delante de quién hablan, tiene actitudes que señalan el registro en el cual hablan. Para ser sintéticos meten miedo y obligan a afirmaciones del tipo: Pobre de los lúmpenes que caen en las garras de ciertos magistrados.

Para insistir con el “ni olvido, ni perdón”, vale recordar los nombres de los 13 absueltos: María Jesús Rivero, Víctor Rivero, Daniela Milhein, Alejandro González, Irma Medina, José “Chenga” Gómez, Gonzalo “Chenguita” Gómez, Mariana Bustos, Pascual Andrada, Paola Gaitán, Juan Derobertis, Carlos Luna y Azucena Márquez.

En la misma línea es menester destacar los nombres de los jueces que integraron el tribunal: Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. Para ellos, si las movilizaciones y las denuncias de corrupción que hará Susana Trimarco no prosperan, quedará el juicio de la historia. Seguramente ella narrará que hubo una vez una provincia del noroeste argentino, en el que la ley estaba sujeta a oscuros intereses y que tanta era su influencia que hubo un caso en el que 13 imputados recuperaron su libertad,  en un juicio en el que desfilaron cerca de 150 testigos que los señalaban como responsables de secuestrar y prostituir a una joven tucumana llamada Marita Verón.