Líneas en el agua

Osvaldo Drozd

Diálogo. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, tratan de poner paños fríos a la cuestión en el caribe.

El surgimiento de lo nuevo, nunca está exento de conservar lo peor de lo viejo, y mucho más cuando el punto de partida no es una ruptura, sino el desplazamiento gradual y complejo de una herencia de dominación. La creciente integración latinoamericana es justamente el resultado de un proceso de ese estilo, en el cual superviven, con creces, matices y estigmas de la incursión imperial. Los diferentes litigios limítrofes entre naciones latinoamericanas no son más que residuos de esa geopolítica resquebrajada, en beneficio de intereses externos a los de las naciones y pueblos de la región, que se extiende al sur del río Bravo.
Ante una demanda presentada en 2001 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la República de Nicaragua contra la República de Colombia, por la soberanía de algunas islas situadas en el mar Caribe, y la delimitación de la frontera marítima, la Corte con sede en La Haya dictaminó el 19 de noviembre de 2012 la soberanía de las islas a favor del país suramericano, pero en cuanto a la superficie marítima le otorgó a Nicaragua, casi el 43% de lo que eran aguas colombianas. Este litigio llevado a demanda por Nicaragua en 2001 ante la CIJ y que perjudica a Colombia con el dictamen de 2012, se enmarca en un proceso de demandas que el país centroamericano viene realizando desde las dos últimas décadas del siglo pasado, para recuperar lo que considera como legítimo. Los reclamos de Nicaragua por cuestiones limítrofes ya habían tenido como blanco a otros países como Honduras y Costa Rica, y con relación a este último hay diferendos que hoy aún siguen vigentes. La posición nicaragüense sostiene principalmente que los diversos litigios (algunos datan del siglo XIX) tuvieron resoluciones a partir del tutelaje imperial, para preservar enclaves estratégicos en la región, mientras que desde los países en controversia algunos sostienen que Nicaragua se encuentra en una franca posición expansionista, aunque esto se haga desde el derecho internacional y no desde la acción bélica. También algunos analistas sostienen que los reclamos de soberanía marítima por parte del gobierno de Daniel Ortega están relacionados al proyecto de construir, en ese país, una ruta interoceánica que termine con la exclusividad del canal de Panamá y que se realizaría con fondos chinos.
Según Carlos Argüello, embajador nicaragüense en Holanda, y principal gestor de la política internacional de su país ante la Corte de La Haya desde 1984, Nicaragua busca recuperar toda su plataforma continental en el Caribe y hacer valer sus derechos sobre su territorio en los casos que la enfrentan a Colombia y Costa Rica. Argüello le dijo a EFE el pasado 14 de agosto que “la política es muy sencilla: Nicaragua va a perseguir la recuperación de todos los derechos que le corresponden y eso es lo que se está estudiando ahorita”, ya que “si a Nicaragua le corresponde una plataforma más extensa en el Caribe, en detrimento de Colombia, pues obviamente Nicaragua no va a renunciar a ello”. Y agregó que “en cualquier delimitación con Costa Rica, Nicaragua también va a hacer valer sus derechos”. Argüello sostuvo que las autoridades de su país le han solicitado a la Comisión de Límites de las Naciones Unidas extender más allá de las 200 millas medidas desde su costa, hasta las 350 millas náuticas, su plataforma continental en la parte sur occidental del Caribe de conformidad con la Convención del Derecho del Mar. “Lo máximo que podemos reclamar es 350 millas”, indicó el líder del equipo que defendió a Nicaragua en el litigio marítimo con Colombia ante la CIJ, y que le permitió al país centroamericano ampliar su mar territorial. Argüello dijo que la plataforma continental de Nicaragua “es muy extensa, igual, por ejemplo, que la de Honduras”, con la diferencia que la de ese país “se encuentra totalmente con Jamaica, mientras que la plataforma de Nicaragua se extiende por otros lados”, por lo cual la reclamarán, cuando el presidente Ortega decida el momento y la forma de hacerlo.
En noviembre del año pasado, la CIJ definió los límites en el Caribe entre Colombia y Nicaragua, dejando en manos del país suramericano siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían concedido a esta nación en 2007. También le otorgó a Nicaragua una franja marina en esa zona que Colombia calcula en unos 70.000 kilómetros cuadrados y el país centroamericano en más de 90.000 kilómetros cuadrados.
Lo cierto es que la ofensiva diplomática nicaragüense puso sobre el tapete las diferentes visiones al respecto tanto de la diplomacia colombiana, como de los diversos actores políticos. Tras el fallo de la CIJ, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, denunció ante la OEA el Pacto de Bogotá de 1948 (por el cual su país debería ajustarse automáticamente a las resoluciones de la CIJ), expresando que los límites territoriales no pueden estar sujetos a una Corte.
La decisión del Gobierno, tomada nueve días después de que la CIJ le quitara al país una parte de su mar territorial para entregárselo a Nicaragua, pretendía poner a ese país a salvo de futuras pretensiones de otros países sobre su territorio nacional, ya que tal como lo expresara para ese entonces la canciller María Ángela Holguín el retirarse del Pacto de Bogotá obedecía principalmente a proteger a Colombia de nuevas demandas territoriales. De todas formas, Santos afirmaba por esos días que, retirarse de la injerencia de la CIJ, no implicaba una negación de ajustarse al derecho internacional, ni tampoco renegar de los principios de resolución pacífica de los problemas.
El pasado 17 de agosto, el columnista Alfredo Rangel escribía en la revista Semana que el fallo de La Haya era un exabrupto y que Colombia debería dejar la tibieza de su presidente y desacatar el dictamen, ya que “acatar el fallo pero no acatar sus consecuencias no es serio ni lleva a ninguna parte. Acatar el fallo pero interponer demandas, objeciones, revisiones o matizaciones, tampoco es serio ni responsable ni realista”. Y agregó que si Santos no hace eso es “porque teme que se le caiga toda la estantería prochavista de su política internacional”, ya que “un enfrentamiento con Nicaragua provocaría la solidaridad del chavismo en contra nuestra, y eso sería insoportable para Santos, quien ha basado su política externa en el arrodillamiento ante el chavismo”, con lo cual “los diálogos de paz podrían tambalear, producto de la solidaridad de las FARC y de Cuba con Nicaragua, y eso también sería insoportable para Santos, que usa esos diálogos como la hoja de parra para cubrir las vergüenzas de un gobierno sin nada que presentar ante la opinión”.
Lo vertido por Rangel se enmarca en torno de las filtraciones que salieron a la luz unos días antes sobre las resoluciones que se plantearon en la discusión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores del Congreso colombiano, y que la canciller Holguín tildó como “traición a la patria”, debido a que le anticipaban a Nicaragua la estrategia colombiana, que supuestamente consistía en acatar el fallo pero tildándolo de inaplicable, ya que desconoce los derechos históricos que tiene Colombia sobre el archipiélago en disputa.
De todas formas, este conflicto por la soberanía marítima debiera ser entendido como una fuerte puja de intereses que exceden largamente a los dos países en cuestión. Colombia, como uno de los baluartes principales de la recientemente fundada Alianza del Pacífico, no es propensa a aceptar que el canal de Panamá deje de ser exclusivo en la zona del Caribe, y tal es así que el presidente Santos no se privó de chicanear la posibilidad de que en Nicaragua se construya un canal interoceánico, afirmando los primeros días de este mes que esa posibilidad “es un cuento chino”, mientras que la ex canciller colombiana Noemí Sanín no descartó que la resolución de La Haya esté relacionada con la construcción del canal, aunque descartó que todo esto sea una conspiración de China.
La llegada de barcos misilísticos a Nicaragua provenientes de Rusia resultaría, para algunos, la avanzada de los principales actores globales de los Brics en el Caribe para poner freno al avance de la Alianza del Pacífico.

La historia

De 1928 en adelante

Cuando en 2001 Nicaragua interpuso ante la Corte Internacional de Justicia la demanda a Colombia por la soberanía de parte de su plataforma marítima, se basó principalmente en el no reconocimiento del Tratado Esguerra-Bárcenas que data de 1928 y que luego fuera ratificado por Nicaragua y Colombia en el Protocolo de 1930. Hasta la resolución de la CIJ de noviembre de 2012, los tratados del ’28 y el ’30 realizados en Managua estipulaban no solamente la frontera marítima sino también especificaban la soberanía de la costa de Mosquitos, a favor de Nicaragua, y de las islas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para Colombia.
El no reconocimiento de Nicaragua a dichos pactos tuvo, como argumentos, aseverar que en ese tiempo el país centroamericano se encontraba bajo la égida de los Estados Unidos y que aún no existía el Derecho del Mar, promulgado por la Convención de las Naciones Unidas referida a la delimitación y extensión de las aguas territoriales correspondientes a los Estados nacionales.
En el tratado firmado en Managua en 1928 por los cancilleres José Bárcenas Meneses (Nicaragua) y Manuel Esguerra (Colombia) se estipulaban demarcaciones que tenían como antecedentes la época de la colonia, ya que las divisiones territoriales realizadas por España principalmente en el Virreinato de Nueva Granada segregaban a esos territorios de la Capitanía General de Guatemala para preservar los intereses de la corona española ante los avances de Inglaterra. La Costa de Mosquitos, por tanto, pasó a ser de Nicaragua aunque anteriormente había sido parte de Nueva Granada, mientras que las islas que habían sido cedidas por el protocolo de 1803 regresaban a ser parte de Colombia. El Tratado de 1928 consideraba, a su vez, que el mismo debía ser puesto a consideración de los Congresos de ambos países, para ser efectivo, y justamente a partir de sus respectivas aprobaciones fue convalidado por el Protocolo de 1930.
Pero también surgieron las interpretaciones unilaterales, y Colombia, a finales de los ’60, impuso que si el archipiélago no se extendía hacia el oeste, más allá del meridiano 82, éste también debería considerarse como frontera marítima. Por su parte, Nicaragua siempre desconoció que el meridiano 82 fuera el límite, considerando que el tratado no los fijaba expresamente. En 1980, el gobierno nicaragüense abandonó unilateralmente el Tratado y a partir del nuevo Derecho del Mar comenzó a reclamar lo que se plasmaría en su demanda ante la CIJ en 2001 y que en 2012 ésta fallara a su favor.
Las objeciones de Colombia con respecto a todo esto se basan en una supuesta soberanía que se aduce como hereditaria del Virreinato de Nueva Granada, cosa que de llegar hasta el fondo llevaría a que el país neogranadino tendría que reclamar su soberanía perdida, por ejemplo, en Panamá.