Ley de Salud Mental: “Los usuarios son una fuente de ingreso muy grande para los laboratorios y para las clínicas privadas”

Por Juan Quesquén Rodríguez.

La tarde del martes se llevó a cabo la Asamblea Intersectorial por la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones en la sede del Colegio de Psicólogos de la ciudad de La Plata. En el lugar, gremios, organizaciones sociales, de DDHH, estudiantiles y la comunidad, debatieron sobre la intencionalidad del gobierno nacional de modificar por decreto la actual Ley 26.657 y las acciones que implementaran para defenderla.

En una sala colmada de personas se hicieron presentes referentes de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP); Asociación de Trabajadores Estatales (ATE); Central de Trabajadores Argentinos (CTA); Foro por la Niñez; Asamblea de Usuarios, Familiares, Amigos y Trabajadores Antimanicomio de la ciudad de La Plata (AUFATAM); Programa de salud mental de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); autoridades de la Facultad de Psicología de la UNLP; entre otros. En el lugar, todos manifestaron su disconformidad con respecto a la intencionalidad del gobierno nacional de modificar la Ley de Salud Mental por considerarlo “violatorio de la misma ley”.

La reunión fue convocada desde el colegio de Psicólogos. La presidenta de la institución, Adriana Avalos, manifestó: “Tenemos una posición clara en defensa de la Ley de Salud Mental y estamos trabajando para que no se implemente porque: atenta contra el espíritu de la ley, devuelve el poder al modelo medico hegemónico, es violatorio de nuestras incumbencias profesionales y de otras disciplinas, atenta contra el sujeto de derecho, vuelve la figura del incapaz a las personas con padecimiento mental, incluso para la atención de las adicciones. Es un retroceso en relación con la ley”.

Adriana planteo que de aprobarse la modificación de la actual ley, el rol del psicólogo quedaría reducido a “ser secretarios de los médicos y con una práctica puramente conductual. Aquí apuntan a instalar otro paradigma, desinstalando el paradigma de derechos que tiene que ver con la complejidad de la construcción de un sujeto y con las variables económicas, sociales y culturales. Se vuelve al concepto de salud mental versus enfermedad”.

Por su parte, el vicedecano de la Facultad de Psicología de la UNLP, Xavier  Xavier Oñativia, sostuvo que “la facultad tiene un compromiso con la actual ley en todo su espíritu y su implementación  desde hace varios años” y que han “desplegado planes de mejoras tendientes a dar de conocer la ley de Salud Mental”. Oñativia remarcó: “Vemos con suma preocupación lo que significa para nosotros un retroceso claro respecto de los avances logrados, que fue un cambio de paradigma, un salto cualitativo histórico que debemos consolidar lejos de cambiar de rumbo. Es un retroceso en los contenidos, incluso con el rol del profesional y no tiene ningún asidero científico ni ético”.

Por el lado de los usuarios de la salud mental (AUFATAN), estuvo presente Pupi Baron (madre de usuario) que dijo: “Los que no son ‘productivos’ van a sufrir esto, porque los usuarios son una fuente de ingreso muy grande para los laboratorios y para las clínicas privadas. Es exorbitante la suma de dinero que se invierte desde nación en las clínicas privadas tanto de minoridad como de adultos” y remarcó que “este decreto anularía posibilidades que tenía un paciente a elegir el tratamiento y la manera en que quería llevarlo”. Pupi enfatizó que “hay una sombra para el que es paranoide, que es que en algún momento puede volver a la internación y eso es terrible. Nosotros estamos luchando para que los que están adentro puedan salir”.

Sobre la parte legal del decreto, Augusto Martinelli del CELS sostuvo que “esta propuesta de modificación reinstala paradigmas ya superados, que no tienen en cuenta la perspectiva de los derechos de las personas con padecimiento mental”. Con referencia al procedimiento de la reforma, de llegar a concretarse, Martinelli puntualizó: “En última instancia se puede recurrir al poder judicial porque habría una contradicción muy grande entre un decreto que reglamenta una ley. Y los decretos reglamentarios no pueden contradecir  el espíritu de las leyes que emanan del congreso. Eso es lo que está pasando ahora”.

Para finalizar, la asamblea definió llevar a cabo como acción directa una concentración y corte para el viernes 17 de noviembre a las 11 horas en calle 7 y 50 de la ciudad de La Plata.

Fotografía, Juan Quesquén Rodríguez.