Ley de glaciares: habrá actividad minera en zonas de recursos hídricos

El Gobierno nacional consiguió la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares, en una sesión que comenzó en un clima de alta tensión tras la intervención de Greenpeace y la represión policial contra trabajadores de prensa. Uno de ellos brutalmente golpeado cuando filmaba para una canal de televisión.

El debate estuvo atravesado por duros cruces entre peronistas y libertarios, centrados sobre todo en una práctica que, según la oposición, ya se volvió habitual en ambas Cámaras: el oficialismo avanza en los tratamientos por fuera de lo que marca el reglamento.

La premura para abordar los distintos temas —en especial el acuerdo Mercosur–Unión Europea— respondió a la intención de la bancada violeta de adelantar la votación y apartarse de lo previamente acordado. A eso se sumó otra situación cuestionada durante el tratamiento de la Ley de Glaciares: las modificaciones al texto fueron dadas a conocer en el recinto cuando el debate ya estaba en marcha. Incluso el senador libertario Luis Juez señaló la desprolijidad de su propio bloque al sostener que “el reglamento es la biblia”.

El oficialismo obtuvo la media sanción de la ley de Glaciares con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención. Desde los palcos siguieron la votación y celebraron el resultado la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su habitual acompañante en el Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En el peronismo se evidenciaron posturas diversas: no todos los integrantes del bloque Justicialista votaron en contra de la iniciativa que modifica la actual Ley de Glaciares, la cual prohíbe la actividad minera e hidrocarburífera en zonas periglaciares. Entre quienes respaldaron el proyecto estuvieron la senadora catamarqueña Lucía Corpacci y el exgobernador de San Juan, Sergio Uñac. También sumaron su apoyo los tres senadores peronistas de Convicción Federal, el espacio que encabeza Carolina Moisés.

Al momento de defender la iniciativa, cuya versión definitiva se conoció cuando ya había comenzado su debate en el recinto, los argumentos se centraron en que las provincias serán las encargadas de resguardar sus recursos hídricos y que cuentan con herramientas técnicas para definir con precisión qué áreas deben ser protegidas y cuáles no.

Durante su exposición, la senadora Bullrich sostuvo que se está “ordenando lo que no está ordenado” y planteó, en relación con la normativa vigente, que “proteger no debe significar paralizar”.

Entre las voces que se manifestaron con mayor firmeza a favor de la norma se destacó la de la senadora salteña Flavia Royón, alineada con el gobernador Gustavo Sáenz. Según la legisladora, el proyecto tiene un carácter “aclaratorio” respecto de la ley actual, “refuerza la protección” y “no implica la entrega del agua”.

El senador Juez buscó fundamentar su voto afirmativo, en contraste con la postura que había adoptado en 2010 cuando respaldó la Ley de Glaciares promovida por Pino Solanas, al señalar que “pasaron 16 años” desde aquella decisión.

Dentro del peronismo, una de las intervenciones más críticas frente a la propuesta oficial fue la de Anabel Fernández Sagasti. La legisladora advirtió que el proyecto “flexibiliza” la protección de áreas actualmente resguardadas y que, lejos de cumplir con lo que promete el Gobierno, “genera todo lo contrario”: “Donde había certidumbre de la Corte, ahora habrá incertidumbre”. Asimismo, planteó que la iniciativa —que ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados— implica el paso de “un paradigma científico a un paradigma discrecional abierto”.