Las inconveniencias de Uribe

Osvaldo Drozd 

Si Uribe no tuviera tanto poder, ya estaría en la Picota”, dicen activistas colombianos por los Derechos Humanos, haciendo referencia al centro penitenciario ubicado en la zona sur de Bogotá. Esta afirmación conllevaba a la vez precisar que no se trata nada más que del ex presidente Álvaro Uribe, sino de que éste es la cara más visible de toda una fracción de la clase dominante, las que se beneficiaron con la acción de las bandas paramilitares. La existencia del conflicto armado fue la excusa de los poderosos hacendados para armar estas bandas que bien se podrían denominar paraestatales, ya que estaban amparadas por la institucionalidad de ese país, y que en primer lugar les permitieron a estos terratenientes expandir sus propiedades territoriales con masacres y desplazamientos de campesinos e indígenas.

En enero de este año, la Fiscalía General de Colombia reabrió una investigación contra Uribe por su presunta colaboración en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a mediados de 1990. Las pruebas fueron presentadas por el legislador Iván Cepeda, vocero oficial del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Las pruebas presentadas por Cepeda se basan en los testimonios del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, recogidas el 16 de septiembre de 2012 en la cárcel de Combita, Boyacá, donde el ex paramilitar está detenido. Según Monsalve, Uribe, como gobernador de Antioquía (1994-1997), ayudó a conformar el Bloque Metro y fue miembro activo de un grupo de autodefensas que delinquió en San Roque, al noroeste de Colombia, a mediados de los ’90.
El testigo, que además trabajó en la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez, dijo que el grupo paramilitar tuvo como miembros a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, a los hermanos Luis Alberto y Juan Villegas Uribe y a Santiago Gallón, precisando Monsalve que Luis Alberto Villegas se encargaba de los negocios del grupo que consistían en “las cocinas y lo del tubo” (refiriéndose a los laboratorios de cocaína y al robo de gasolina del poliducto) y Álvaro Uribe “estaba encargado del ala militar”.

Según reveló la radio Caracol en enero, con 21 pruebas la Fiscalía General pretendía indagar los nexos posibles entre Uribe y el paramilitarismo, las cuales serían implementadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) además de estar previstas las declaraciones del citado Monsalve, de otros ex paramilitares e incluso del ex jefe de las AUC Salvatore Mancuso, hoy extraditado en los Estados Unidos.

El lanzamiento a fines de enero del partido Puro Centro Democrático no resulta para nada ocioso, ya que si Uribe alcanzara una banca legislativa, y la causa se dilatara como está sucediendo, el ex presidente lograría inmunidad para ir a prisión. Vale señalar que en abril de 2008, Mario Uribe, primo del ex presidente, fue encarcelado por vínculos con los paramilitares, y que pocos días después, el 13 de mayo, en una operación sorpresiva fueron extraditados a los Estados Unidos 14 ex jefes paramilitares que se encontraban acogidos a la Ley de Justicia y Paz, en tanto todos ellos eran desmovilizados. El problema de la extradición era que en los Estados Unidos todos serían juzgados por narcotráfico y no por paramilitarismo, ya que la corte estadounidense no contempla esa clase de delito, con lo cual Uribe se sacaba de encima los peligrosos testimonios de sus supuestos ex socios.

Hace aproximadamente dos semanas, una veintena de diputados y diputadas del Parlamento Europeo, dieron su parecer acerca de lo que consideran un estancamiento en la causa que se reabrió en enero contra Uribe. En una carta promovida por el eurodiputado español y responsable de la Secretaría de Política Internacional de Izquierda Unida, Willy Meyer, y que fuera acompañada por firmas de diputados de diferentes países del viejo continente, solicitaron que se aclarara la supuesta participación de Uribe en la creación del Bloque metro de las AUC, y para ello pidieron que se inicie la práctica de las 21 pruebas que se definieron en la fase de resolución de apertura de la investigación y que se protegiera la vida de los testigos y sus familiares. La misiva fue dirigida a Juan Manuel Santos, al fiscal general Eduardo Montealegre, al procurador Alejandro Ordóñez y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La respuesta de Uribe, a través de su cuenta de Twitter fue simple: acusó a los eurodiputados de promover carteles de falsos testigos, manipular la justicia y ser cómplices de la guerrilla.