Las empresas que renacen

Tal vez uno de los mayores desafíos de la Argentina, sea hoy romper definitivamente con el modelo exportador de materias primas, realizando el pasaje a otro que privilegie la sustitución de importaciones y
agregue valor a toda la cadena productiva. En este sentido resultó saludable cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner diera anuncio en 2011 del plan estratégico 2020, consistente en industrializar la ruralidad, o cuando la ministra Débora Giorgi en mayo del año pasado propusiera la industrialización
de todo el proceso minero.

Sin un considerable desarrollo de la industria nacional y del mercado interno, la posibilidad de un país autónomo se hace poco probable y factible de retroceso a estadios anteriores. Esta idea subyace en todos los debates que se plantean la profundización del proyecto político en curso, y por ende es posible que haya que rastrear distintos segmentos de la sociedad para alcanzar una visión global
sobre el asunto.

Resulta ya repetido señalar esa falencia argentina, que es la inexistencia de un empresariado autóctono
capaz de liderar un proyecto de industrialización. Todos los intentos en ese sentido, mostraron que solamente el Estado poniéndose por encima de los diferentes sectores sociales, podía hacerlo. El problema es saber cuáles son los sectores más dinámicos y con mayor potencialidad, para que el Estado se apoye en ellos para esbozar alguna planificación al respecto.

Una alternativa posible. El fenómeno de las empresas recuperadas podría ser un aporte más al diseño de una estrategia de sustituir importaciones y agregar valor a la producción primaria, en tanto que los trabajadores, y a pesar de sus limitaciones, ya dieron muestras de poder llevar adelante la gestión de muchas empresas, ante la apatía de cierto empresariado.

Fue una particularidad bien argentina el surgimiento a principios de este siglo, de ese segmento de la
clase trabajadora, que ante el cierre compulsivo de empresas, las ocuparon para poder mantener el empleo y a su vez ponerlas en marcha, demostrando incluso mejores performances de gestión.

Cuando el 22 de agosto del año 2000, los obreros de la GIP-Metal SRL recibieron el telegrama de despido, esto fue algo sorpresivo, ya que hasta el día anterior habían trabajado con normalidad.
Los dueños de la metalúrgica ubicada en Sarandí, partido de Avellaneda, habían decretado la quiebra de la empresa que por más de treinta años se había dedicado a la manufactura de caños de cobre. En verdad, los dueños de la fábrica optaron por esa opción, porque por esos años la declaración de una
quiebra se convertía en una alternativa rentable para la clase empresaria.
Según Natalia Bauni, integrante de un grupo de sociólogos de la UBA que por aquel entonces
investigaron sobre la problemática de las empresas recuperadas, citada en una nota del diario Página/12 de enero de 2003, ella decía que: “La mayoría de los empresarios desde hacía cuatro años venía alentando la lógica de la capitalización financiera en detrimento de la capitalización productiva; en ese
escenario, la quiebra y el vaciamiento aparecían como una opción ventajosa y rentable.”

Los trabajadores de la GIP- Metal no se resignaron al telegrama de despido y ocuparon las instalaciones de la empresa, de forma pacífica en resguardo de los bienes y hasta que se aclare su situación laboral, que ya pasaba a ser la situación de la metalúrgica misma. A partir de ese momento hubo intentos de desalojo, y resistencia: se conformó la cooperativa de trabajo Unión y Fuerza limitada, se alquilaron las máquinas, hasta que el 16 de septiembre de 2000 se decretó la primera ley de expropiación de una planta fabril, inaugurándose un nuevo modus operandi que llevaría a que muchos trabajadores, ante situaciones similares, recuperasen las empresas quebradas para mantener su trabajo y seguir produciendo.

Si bien la ocupación de fábricas siempre fue una de las modalidades más combativas de la lucha obrera,
ésta, en otras décadas no estaba orientada a la autogestión sino principalmente al reclamo sindical ante las patronales, y se daba principalmente en grandes plantas fabriles. Es de destacar que en 1985 cuando los trabajadores de la Ford con sede en Pacheco tomaron la fábrica en reclamo por el despido de 33 obreros, una de las medidas que adoptaron fue poner en funcionamiento la planta automotriz: una
demostración de poder autogestivo.

Las ocupaciones iniciadas con la crisis de 2001, a diferencia de las anteriores, se dieron principalmente en establecimientos pequeños, la mayoría con menos de cien empleados, con una casi nula participación sindical, y con la principal intención de preservar el trabajo.
El espectro de rubros implicados en la recuperación de empresas es por demás variado, y va desde tradicionales talleres metalúrgicos, papeleras, fábricas de calzado, gráficas, hasta clínicas y escuelas privadas, pasando por un gran hotel como es el Bauen. Hoy se estima que hay más de trescientas empresas recuperadas, que ocupan entre doce y quince mil trabajadores.

En los albores de este movimiento se dieron ejemplos paradigmáticos, como la cerámica Zanon, en
Neuquén, que cuenta con 400 trabajadores, la productora de aluminio IMPA en Almagro, o la textil Brukman en el barrio de Balvanera.

El movimiento, si bien no se caracteriza por la fragmentación, hay diversos nucleamientos de empresas
recuperadas, entre los que se destacan la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores (Mnfrt), el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), o la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (ANTA).

En sus inicios existía un debate que hoy pareciera superado, y era sobre qué forma de autogestión debía
tener una recuperada. Algunos sostenían que debían ser estatizadas bajo control obrero, y que los excedentes se utilizasen en la comunidad (salud y educación, por ejemplo) en contraposición a los que planteaban la conformación de cooperativas de trabajo, como es lo que actualmente sucede, y que los
excedentes fueran volcados en generar mayor actividad productiva.

En junio de 2011, el Gobierno Nacional promulgó la modificación de la ley de concursos y quiebras
para dar un nuevo impulso a este proceso, permitiendo así algunos beneficios para los trabajadores. Sin embargo, la aplicación en lo particular depende de leyes provinciales de expropiación o declaración de utilidad pública de los establecimientos quebrados, lo que permite en algunos casos, que sea el Estado
mismo quien indemnice a los empresarios en estado de quiebra.

Pero no todas son luces. En febrero de este año, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri vetó la Ley N° 4.552, de protección a las empresas recuperadas que fuera aprobada el 13 diciembre de 2012, luego de
un trabajo en conjunto de todos los bloques de la Legislatura, incluido el PRO. Anteriormente, Macri ya había vetado la Ley 4.008 sancionada por la Legislatura el 17 de noviembre de 2011, que contemplaba una prórroga hasta el 2017 para la protección de 32 empresas recuperadas que vienen sosteniendo el empleo de más de dos mil trabajadores. Así, hasta la actualidad, el Gobierno porteño no proporcionó
el dinero correspondiente para dar por terminado el proceso expropiatorio de las unidades productivas que fueron declaradas de “utilidad pública” a través de distintas leyes. Por esa razón, según dice un comunicado de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo Autogestionado (FACTA) “los cooperativistas se encuentran en un estado de precariedad jurídica y es posible que puedan sufrir
procesos de ‘expropiación inversa’”. El ejemplo de la CABA es una muestra negativa de cómo debiera actuar el Estado.

Si bien este movimiento de recuperación de empresas puede señalarse como una originalidad argentina
surgida en un tiempo de crisis, hoy encuentra adeptos en otros lugares del mundo. Los trabajadores de la fábrica de materiales de construcción Viomichaniki Metalleutiki (Vio.Me) ubicada en Tesalónica, Grecia; desde mayo de 2011 dejaron de cobrar sus salarios, y luego los patrones abandonaron las instalaciones. A partir de realizar algunas asambleas, los trabajadores decidieron ocupar la planta haciéndose cargo del mantenimiento de la maquinaría. El pasado 12 de febrero pusieron en marcha la producción bajo control obrero, señalando en un comunicado de prensa que sus inspiradores son los trabajadores argentinos.

Avance legal

Antes que nadie

En una visita que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizara el 17 de marzo de 2010 a la empresa recuperada Envases Plásticos Flexibles, ubicada en el barrio porteño de Mataderos, anunció
el envío al Congreso de la modificación de la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras que fue promulgada el 7 de agosto de 1995, durante el gobierno de Carlos Menem.

Esta modificación sancionada por el Congreso el 1º de junio de 2011, y promulgada por la Presidenta el 29 del mismo mes, beneficia la recuperación por parte de los trabajadores de las empresas en estado de quiebra.

Según dicta la modificación, los trabajadores de una empresa pueden conformarse como cooperativa y comenzar a producir incluso antes de que sea declarada la quiebra. Las acreencias laborales que el empresario tiene con los trabajadores les sirven a éstos para la compra de la quiebra, mientras que en el proceso concursal puedan formar un comité que sea informado del estado de la convocatoria.

El contenido de la modificación deroga la suspensión de los intereses compensatorios que devengan
de los créditos laborales, posibilita la suspensión de las ejecuciones de garantías hipotecarias y prendarias de aquellos bienes necesarios para la explotación de la empresa, deroga la suspensión de los convenios colectivos de trabajo y garantiza el acceso a la información de los trabajadores en todo el
proceso, aun en el concurso preventivo.

Antes de la modificación, los trabajadores eran ajenos al concurso y sólo podían intervenir como
acreedores privilegiados. Ahora, en caso de liquidación o acuerdo de pagos, deben ser los primeros en cobrar.

http://sur.infonews.com/notas/las-empresas-que-renacen

Entrevista. Andrés Quintana. CNCT.

La CNCT (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo) es una asociación gremial de tercer grado que agrupa a más de 30 federaciones a lo largo de todo el país, y que surge en 2009, como producto de la maduración y el crecimiento organizativo del movimiento cooperativo y de la irrupción en el
ámbito laboral del trabajador autogestionado. Un rol preponderante lo cumplen hoy en la confederación las empresas recuperadas por sus trabajadores, que para poder llevar adelante sus tareas deben organizarse en cooperativas. En diálogo con Miradas al Sur, Andrés Quintana, asesor legal de la confederación, se explayó sobre los desafíos que desde su entidad están proponiendo para la economía social, incluido un proyecto de ley que rija al sector.

– ¿Cómo está integrada la CNCT?

–Principalmente por tres sectores que son las cooperativas tradicionales surgidas en otros tiempos de
crisis, las cooperativas que agrupan a las empresas recuperadas, y las que se generaron a partir de la obra pública pensada como inclusión social. Y ya podríamos hablar de un cuarto sector, que es el de las cooperativas formadas por jóvenes profesionales, que agrupan principalmente emprendimientos de
software, ingeniería y medios periodísticos.

–Con respecto a las empresas recuperadas, en 2011 se modificó la ley de quiebras, lo que resulta beneficioso para el sector. ¿Cómo lo ven ustedes?

–La ley de quiebras antes beneficiaba principalmente a los empresarios y los bancos. Desde su
modificación, cuando un empresario declara quiebra, los trabajadores pueden acceder, a través de la formación de una cooperativa de trabajo, a las instalaciones de un establecimiento y poder seguir produciendo. Esto sin dudas es favorable, y desde la CNCT también venimos bregando por un proyecto de Ley de Cooperativas de Trabajo que establezca un marco normativo que por un lado promueva la consolidación del sector, pero que también restrinja el fraude cooperativo por medio del cual los trabajadores son utilizados como herramienta de flexibilización laboral. El año pasado le presentamos el anteproyecto a (Agustín) Rossi, para que a través del bloque de diputados del Frente para la Victoria se trabaje de forma conjunta para mejorar la norma. Pensamos que este año tiene que salir la ley. Un dato
importante es que el debate acerca de esta ley comenzó como un debate principalmente ideológico. Nos dimos la tarea de definir qué es un sujeto autogestionado, en tanto no es ni un trabajador en relación de dependencia ni tampoco un autónomo. Fue un debate muy enriquecedor.

– ¿Qué problemas enfrenta el trabajo autogestionado y qué respuestas le brindan desde la
CNCT?

–El primer problema que aparece es que los trabajadores deben aprender a gestionar. Antes lo hacía el
patrón o personal administrativo, que en la mayoría de las empresas recuperadas no quedó dentro de las plantillas. Otro tema es el atraso tecnológico, que es todavía difícil de revertir. Estamos hablando de empresas de menos de cien trabajadores. Desde la CNCT brindamos asistencia jurídica, técnica y acceso a los programas que brinda el Estado para el sector. Pero quizás el aporte más importante es el rol de
organizador colectivo, no sólo para construir una herramienta gremial que impulse políticas nacionales, sino también para planificar un desarrollo productivo por sector, y fortalecer las áreas donde tenemos posibilidades de crecer.

– ¿Se podría hablar de un cambio en la economía a partir del fenómeno de las recuperadas?

–Creo que todavía no se puede medir la rentabilidad. Permiten que los trabajadores conserven el trabajo, y es destacable el impacto social, ya que la mayoría de las recuperadas fueron apoyadas fuertemente por los barrios donde están instaladas.
Además, las ganancias no se van del país. No hay empresa de este tipo que coloque dinero en el exterior. A más de una década, uno puede ver que cada vez se van insertando mejor en el mercado.

http://sur.infonews.com/notas/la-ley-de-quiebras-era-para-los-bancos-y-las-empresas