La SIP y sus oscuridades sobre la intervención del Estado

El presidente de la SIP Gonzalo Marroquín aclaró ayer que ellos de lo que “están vigilantes es a lo que el Estado está haciendo en contra de la libertad de expresión” y no a lo que hacen las empresas de medios, para vulnerar dicha libertad. Esto sin dudas muestra que a ellos no les importa lo que puedan hacer los empresarios sino simplemente que los van a defender, ante cualquier ofensiva contra sus privilegios, más allá de si son genuinos o no.

Para poner un poco blanco sobre negro sobre esta cámara empresarial, es interesante partir se sus propios supuestos y ver si en verdad son coherentes con ello, ya que su posición pareciera sólo aludir al Estado pero en su actualidad, y no en una secuencia histórica. Ante la pregunta de la periodista Nora Anchart sobre la visita de la SIP a nuestro país en 1978, el titular de la sociedad respondió que él en ese tiempo no estaba, pero que la actitud, el fondo y los principios de la SIP siguen siendo los mismos.

En aquel entonces la misión encabezada por Edward Seaton, propietario del diario «Mercury» de Kansas, e Ignacio Lozano, de «La Opinión» de Los Ángeles, constató que los principales editores de diarios argentinos asignaban prioridad a la seguridad nacional sobre la libertad de expresión, justificaban la censura alegando que compartían los objetivos de la dictadura militar, se negaban a informar sobre la desaparición de personas y se beneficiaban de ese comportamiento, asociándose con el Estado en la explotación de una fábrica de papel, en alusión a Papel Prensa S. A. El informe de la SIP obviamente fue silenciado por los medios de aquel entonces.

Si los principios de la SIP son los mismos que en 1978, Marroquín no piensa o elude la apropiación de Papel Prensa por parte de aquel estado cívico militar, donde se privilegiaron tanto los Magnetto y los Mitre con la inevitable y solidaria contribución de la cúpula militar. Si la SIP defendiera lo que dice defender tendría que tomar parte por los legítimos propietarios de la empresa de papel, es decir por los Graiver expropiados mediante extorsión, detención y tortura, por parte de aquel estado.

Cuando la SIP dice condenar la intervención estatal contra las empresas periodísticas, sin dudas no habla del Estado en sentido general sino en sentido restringido. Habla de aquel estado que interviene en la economía para evitar la monopolización de la palabra, y adecuar al sector empresarial a una modernidad tardía, pero necesaria para avanzar hacia un mundo más justo; mientras que del estado que no habla la SIP es de aquel que privilegia las súper ganancias empresariales en detrimento del interés común, y que para ello no escatima en realizar el más furioso lobby a favor de la acumulación indiscriminada e inescrupulosa, pero disfrazándola como una supuesta libertad de expresión.