La Seguridad se pone en marcha, y sin demagogias

Durante todo un período el problema de la inseguridad, se fue convirtiendo en una poderosa carta, para que la oposición tanto política como mediática, hagan de ella una de las espadas más filosas para atacar al gobierno nacional.

Tal vez la respuesta a una problemática como esta, tuvo alguna demora, pero hoy vemos que comienza a rodar de una manera firme, y sin caer en los estigmas que hacían de ella una demagogia sobre la mano dura, la represión, la baja de la edad de imputabilidad, y tantos otros clichés que más que resolver el problema, lo agravarían mucho más aún.

Desde la creación por parte de la presidenta Cristina Fernández del nuevo Ministerio de Seguridad, poniendo a su cargo a Nilda Garré, se comenzó a poner blanco sobre negro acerca de cómo deberá abordarse un verdadero proyecto de seguridad democrática.

A fines del año 2009, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó el documento que se denominó: Diez puntos de acuerdo por la seguridad democrática, que llevó la firma de diferentes bancadas legislativas, organismos de Derechos Humanos, Universidades, etc.

El documento alertaba sobre el peligro de la mano dura, sobre el rol del estado, sobre lo peligroso de la autonomía de las fuerzas de seguridad, enfatizando el control político de las mismas, sumado a una política integral donde también se debía incluir a la ciudadanía, y por otro lado haciendo hincapié en la gestión no violenta de la policía en los espacios públicos, agregando la doble responsabilidad de la Justicia en cuanto a la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.

Cuando se crea este nuevo ministerio lo relevante es que muchos de los que acompañan a la nombrada ministra, son integrantes del CELS, y podríamos afirmar que con ello, el documento presentado en los últimos días de 2009 pasa a ser la política oficial en esta problemática.

Ayer por la tarde la Ministra Garré presento en la Biblioteca Nacional el nuevo Plan Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad, donde cobra suma importancia el compromiso de los ciudadanos en la prevención del delito, como también del control de las fuerzas policiales.

Lo interesante de todo esto, es que lo que queda evidenciado, es la inexistencia de soluciones mágicas, que se imponen desde arriba dejándole toda la responsabilidad a la policía, sino que se necesita que los beneficiarios de ello más que enfrascarse en el bombardeo televisivo sobre una violencia inexpugnable, deben ser parte de la solución, comprometiéndose con una gestión integral sobre la seguridad.

En algunos lugares, donde grupos de militantes crearon alertas comunitarias, o se organizaron para pedirle a la policía mayor efectividad, siempre se mostraron resultados efectivos, pero esto aún no era política de estado como desde ayer comenzó a serlo, cuando la ministra inauguró este programa que contempla mesas barriales para colaborar con el diseño de políticas integrales de seguridad.