Osvaldo Drozd
El debate que se da en Uruguay con respecto a la denominada Ley de Caducidad, Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que impide juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y policías durante la dictadura (1973-1985), muestra ciertos andariveles que es necesario analizar correctamente para evitar confusiones en las cuales los sectores más reaccionarios nos quieren meter, para conservar y preservar lo más oscuro de la historia reciente de nuestras naciones sudamericanas.
En la Argentina el correlato de esta ley uruguaya fueron las leyes de impunidad, la Obediencia Debida, el Punto Final, y los Indultos menemistas.
Los argumentos a favor de la impunidad son frecuentemente el alegar que con todo eso, nos quedamos anclados en el pasado, que se trata solamente de un espíritu de venganza, y que con todo eso no es posible mirar al futuro correctamente. Y es ahí donde aparecen los dinosaurios que platean volver a una Argentina para “El que quiere a Videla y para el que no lo quiere” como si se tratara de una paz sin principios. Resultaría esto casi homologable a que la Asamblea del año 13 del S XIX hubiera planteado para el quiere al Virrey y para el que no lo quiere.
Anular las leyes de impunidad en la Argentina fue un salto cualitativo de gran importancia, y que lejos de interpretarse como sed de venganza, hay que circunscribirlo en su correcta dimensión. Lo que está en juego no es solamente la memoria y el castigo a criminales de lesa humanidad, sino principalmente la reformulación del rol del Estado. Porque lo que se puso en juego es precisamente que un estado se enjuicie a sí mismo en su responsabilidad criminal con el objetivo de sojuzgar a una nación en la más profunda dependencia, y es en este punto preciso donde la necesidad de desarrollo de una patria soberana necesita reformularse en sus propios términos, comenzando a modernizar la estructura estatal, y principalmente en torno a las fuerzas que monopolizan la violencia, para paulatinamente transformarlas en fuerzas aptas para un proyecto nacional autónomo.
Sin dudas no se trataba solamente de fuerzas armadas sino y principalmente de sectores civiles de la sociedad que se beneficiaron económicamente con la dictadura, y posteriormente con los gobiernos que mantuvieron el pacto de impunidad, y es por todo esto, que sin anular estas leyes tampoco es factible avanzar sobre esos sectores, que fueron y aún lo son, los que en la formación social argentina, resguardan los intereses concentrados que si bien a ellos los favorece, sometieron siempre al país al atraso y la dependencia, en perjuicio de la mayoría de los argentinos.
Por esto creo que no se trata de venganza, y de quedar anclado en el pasado sino principalmente de ir construyendo un nuevo Estado (ya no impune) sin el cual el futuro, no sería más que una vulgar repetición del pasado. Es por eso que lo acontecido en la Argentina podría ser una luz para las naciones hermanas, hoy más hermanadas que nunca, para avanzar en la integración y la emancipación de la Patria Grande, y tal vez lo que está expresando la mayoría del Frente Amplio, no sea más que un reflejo de ello.