Judiciales bonaerenses rechazan la designación de un camarista por “violento”

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) elevó esta tarde un comunicado donde hace de conocimiento público la designación de un juez que en su momento el sindicato lo denunció por “violencia laboral  y acoso”. Se trata de Rodrigo Cataldo. A continuación reproducimos el comunicado del sindicato de judiciales.

Rodrigo Cataldo.

AJB: A pesar de las denuncias por violencia laboral y acoso que pesan sobre el magistrado, el jueves 11 el Senado tratará el pliego de Rodrigo Cataldo para cubrir un cargo en la Cámara Civil y Comercial.

Cataldo actualmente es titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N°5 de Mar del Plata y Presidente del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires.

El proceso de selección para la cobertura del cargo vacante de camarista en el fuero Civil y Comercial se prolongó por más de dos años debido a la oposición de la Asociación Judicial Bonaerense.

El gremio judicial denunció al magistrado en agosto de 2012 ante el área de Control Disciplinario de la Suprema Corte por ejercer violencia laboral contra empleadxs y funcionarixs del juzgado a su cargo. También formalizó el reclamo ante el Ministerio de Trabajo provincial denunciando la práctica de Cataldo de incorporar al organismo trabajadorxs no registrados.

Más recientemente, puso en conocimiento de la Dirección de Políticas de Género de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia situaciones de acoso sexual que involucran al magistrado y cuya denuncia no ha sido formalizada por temor de las víctimas.

La AJB viene reclamando la necesidad de que se investiguen acabadamente esas conductas en forma previa a resolver la aprobación del pliego de Cataldo.

Para eso requirió exponer la situación ante el pleno de la Comisión de Acuerdos del Senado, pero su titular –Nidia Moirano– no hizo lugar al pedido gremial. Igual resultado tuvo el requerimiento de reunión para abordar el tema con la senadora Daniela Reich, titular del Observatorio de Políticas de Género del Senado provincial.

“En caso de avanzar la designación de Cataldo se mostrará en su verdadera magnitud el entramado de complicidades existentes entre el poder político y diferentes actores del sistema judicial, que tiñe la designación de magistrados en la Provincia de Buenos Aires en perjuicio del conjunto de la sociedad”, expresaron desde la conducción de la AJB.

“También dejará en evidencia que la política estatal en materia de género anunciada por la gobernadora Vidal en la apertura de las sesiones legislativas queda reducida a meras promesas de campaña, y que en el Poder Legislativo, la Suprema Corte, el Consejo de la Magistratura y el Colegio de Abogadxs sigue primando la ausencia de voluntad política para modificar la matriz machista, patriarcal, misógina y antidemocrática del Poder Judicial”.

“De no existir un freno a la designación de Cataldo hasta que se sustancien los hechos denunciados, se seguirá dando preferencia a los acuerdos políticos partidarios y corporativos frente a la necesidad de la sociedad de una justicia independiente, democrática y con perspectiva de género”, agregaron desde la AJB.

Antecedentes de la denuncia por violencia laboral

En el marco del sumario que se instruyó a partir de la denuncia de la AJB, las y los empleados y funcionarios declararon que Cataldo ejercía maltrato verbal, vertía amenazas permanentes de iniciar sumarios, ordenaba resolver una carga de trabajo irrazonable y exigía reiteradamente la renuncia al derecho de ascenso. También negó el otorgamiento de licencia por atención de familiar en un caso de enfermedad terminal y tomó represalias por hacer uso de la licencia por matrimonio.

El instructor del sumario imputó a Cataldo afirmando que “llevaba a cabo un hostigamiento psicológico respecto de todos aquellos trabajadores judiciales que no aceptaban su decisión de postergarlos en propuestas de ascensos, o que simplemente no pertenecían a su círculo de preferencia, y esa presión psicológica llevaba inexorablemente al traslado de esas personas a otras dependencias u organismos judiciales”, concluyendo que “el magistrado ha incurrido en acoso laboral”.

El proceso sumarial estuvo plagado de irregularidades, donde se recibieron los testimonios propuestos por Cataldo en su propio despacho y sin control alguno de parte de los denunciantes. Durante el trámite, una empleada declaró haber trabajado sin estar registrada durante más de un año y la Suprema Corte omitió abrir una nueva investigación, por lo que el hecho fue denunciado en el Ministerio de Trabajo.

Pese a todas las evidencias agregadas al expediente, en octubre de 2017 lxs integrantes de la Suprema Corte Hilda Kogan, Luis Genoud y Héctor Negri resolvieron disponer el archivo del sumario contra el magistrado, allanando el camino para su designación en la Cámara. Resulta importante señalar que esa resolución aún no se encuentra firme, ya que desde noviembre de 2017 está pendiente de resolución un recurso interpuesto por la AJB.

Como consecuencia del accionar de Cataldo, nueve trabajadorxs tuvieron que trasladarse del juzgado, de lxs cuales siete son mujeres. En su mayoría fueron reubicados por recomendación médica de la Dirección de Sanidad de la Suprema Corte, y una trabajadora luego de su cambio de destino laboral fue denunciada penalmente por Cataldo, trámite que fue desestimado por la fiscalía interviniente.