Gobierno Abierto, una nueva relación social.

María Celeste Gigli Box*

La tendencia creciente -y cada vez más sólida- hacia la apertura de los gobiernos en términos de la transparencia de sus datos de gestión, como de incrementar la participación ciudadana con sus funcionarios y de implementar la colaboración de todos los miembros de la sociedad, ha sido posibilitada por los adelantos experimentados por las TICs. Este fenómeno devino en una nueva manera de mirar la administración de lo público, conocida como gobierno abierto (u open government, acorde su nomenclatura en inglés), donde las dinámicas propias de la Web 2.0 (o ‘web social’) se aplican a la gestión y así vinculan a las personas sin intermediario y haciendo de la socialización / producción / edición de contenidos entre usuarios, una regla (dinámica que, por supuesto, ha variado la dinámica social en muchos más aspectos que el espacio de lo público-político).

Dentro de la lógica del gobierno abierto, la norma apunta a esta nueva posibilidad de configurar de manera más participativa una agenda de gestión, como también de brindar un rol de contralor directo a la gestión pública por parte de los ciudadanos, y, por supuesto, de que cada persona tenga un acceso directo y sin intermediario alguno, a quienes ejercen el poder encomendado. Como vemos, cuestiones posibilitadas por las TICs, pero en ningún caso reducible a éstas: todos esos pilares – y muchos otros que aquí no enumeraremos- están inscriptos en el mismo núcleo del sistema democrático.

No obstante que los pilares de la democracia estén reconocidos y ejercidos por el estado de derecho en el que vivimos, el gobierno abierto encarna, definitivamente, un nuevo paradigma, una nueva dinámica, donde la relación entre gobernantes, administradores públicos y ciudadanos es reticular y colaborativa (y por ello excede al espacio de las instituciones formales, para hacer ingrediente activo de sus decisiones a la sociedad toda). Una gestión imbuida de los principios de ‘opengov’ debe ser más horizontal, ágil, interesada en la tecnología –sólo en función de que ella acerque la gestión a sus ciudadanos y no como un fin en sí misma- y eficiente (es decir, ponderando más el resultado que el procedimiento). Esta nueva concepción de gestión permitirá no ya aumentar la cantidad de servicios al ciudadano, sino estar a la orden de las necesidades concretas que este tiene, concretando ese acercamiento tan necesario entre las instituciones y la sociedad civil, ampliando la interacción directa entre ambos, usando procedimientos más rápidos y adecuados para problemáticas cotidianas. La razón de esto reside en los tres principios ineludibles en los que se asienta un gobierno abierto: la transparencia, para la acción de gobierno (accountability) accesible a los ciudadanos (quienes ya poseen el derecho de acceder a ella); la participación, dando lugar a las mejoras –individuales o colectivas- que los ciudadanos puedan aportar a la gestión y abriendo así la acción del gobierno al debate, la crítica y la posibilidad a completar las decisiones de gestión en aspectos que pudieren no haber ser tenidos en cuenta; y por último, la colaboración, entre gobiernos de diferente nivel –municipal, provincial, nacional-, como el sector privado y la sociedad civil, aportándose mutuamente herramientas innovadoras y nuevos métodos de trabajo colaborativos.

En menos palabras, el gobierno abierto es una nueva forma de comunicación social entre el gobierno y los ciudadanos, y, en consecuencia, una nueva relación social, e invariablemente, una nueva dinámica social (en el ámbito de lo gubernamental).

*Directora de la Cátedra Libre «Gobierno Abierto» de la UNLP