España: de la Ley Mordaza, la crisis y los indignados

El periodista norteamericano Will Potter.

Por Alejandro López de Miguel

Esta semana comenzó en España un fuerte debate en torno a un proyecto presentado por el Presidente Mariano Rajoy, denominado Ley de Seguridad Ciudadana, que distintas organizaciones políticas y sociales calificaron de Ley Mordaza, pues su espíritu, aseguran, está orientado a suprimir cualquier intento de manifestación pública y callejera en ese país. La Ley contempla multas de hasta 600.000 Euros a quienes sean participes de manifestaciones populares. La Revista El Tranvía, y algunos de sus cronistas, recibió esta semana la invitación de la organización mundial AVAAZ, para firmar una solicitada en la cual se denuncia el proyecto del partido que encabeza Rajoy. En ese marco, y en una entrevista periodística, nuestro colega Alejandro López de Miguel, mantuvo una conversación con Will Potter, el periodista norteamericano que ha denunciado mundialmente que los países centrales están desarrollando una política de criminalización de las protestas sociales. Proyectos como los de Rajoy, funcionan como dispositivos para disuadir cualquier intento de protesta política en tiempos de crisis económica, cuyos alcances podrían poner en peligro el funcionamiento del sistema democrático. Aquí se reproduce la entrevista con Will Potter  

En pleno siglo XXI y en el seno de las sociedades occidentales que se jactan de ser democráticas, el miedo y la represión se revalorizan como armas empleadas por gobiernos y multinacionales para frenar los movimientos sociales que persiguen cambios. Al menos, esta es la teoría que defiende en conversación telefónica con Público Will Potter, conocido escritor y periodista independiente estadounidense sin pelos en la lengua.

Autor de media docena de libros y conferenciante habitual en decenas de universidades dentro y fuera de las fronteras de EEUU, Potter ha estampado su firma en publicaciones como The Los Angeles Times, o The Washington Post, y entre los días 23 y 25 de este mes visitó España para promocionar su nueva obra: Green Is the New Red (Los Verdes son los nuevos Rojos) en la que analiza la criminalización de los movimientos sociales.

El espionaje de la NSA, la persecución de Edward Snowden y Julian Assange o la asociación de terrorismo a reivindicaciones sociales que los poderes se empeñan en defender son algunos de los temas que preocupan a Potter, que rechaza frontalmente normativas como la nueva Ley de Seguridad Ciudadana de Rajoy, que considera «increíblemente peligrosa».

¿Podría explicar el título del libro que ha estado promocionando estos días en España? ¿Por qué Los Verdes son los nuevos Rojos?

En este trabajo comparo el uso que se hace hoy del lenguaje para señalar y marcar a los activistas políticos como terroristas con el periodo de McCarthy, el Red Scare o Miedo a lo Rojo que tuvo lugar en EEUU tras la Segunda Guerra Mundial. No digo que lo que pasa hoy sea lo mismo que lo que ocurrió entonces, pero hay ciertas similitudes, y conocer esta realidad ayuda a entender como han sido criminalizadas las protestas ciudadanas, especialmente en el caso de los defensores de los animales y activistas medioambientales, señalados como la principal amenaza nacional en Estados Unidos. La razón de ser del libro es mostrar lo que he descubierto a través de mis investigaciones: las técnicas que las corporaciones utilizan, cómo se están propagando a otros países y cómo se centran en los defensores de los derechos de los animales y los ecologistas en EEUU. Hay una tendencia a la criminalización de todas las protestas, y creo que lo que está ocurriendo a quienes se manifiestan por los derechos ciudadanos sirve como ejemplo.

Políticos y policías dicen que algunas de estas acciones pueden ser constitutivas de delito. ¿Suelen quebrantar la ley estas protestas? Me refiero a las reivindicaciones de ecologistas, pero también a las de otros grupos como el 15-M. Ellos aluden a que los activistas incumplen la ley, ¿tienen argumentos para hacer esta afirmación?

Es cierto que en cada movimiento social en la historia ha habido personas que han incumplido la ley; no es algo nuevo, pero lo que está pasando es que esa etiqueta, esa marca, se está usando para justificar nuevas leyes que no se limitan a afectar a quienes literalmente están infringiendo la ley. En mis investigaciones en particular he visto como esta etiqueta del ecoterrorismo se ha utilizado con los grupos más militantes, algunos ilegales, para pasar a usarse contra los principales movimientos pro derechos animales o ecologistas. Creo que el mensaje que subyace a estos hechos debería preocupar a todos los ciudadanos, porque afecta a todas las sociedades…Y es que la represión está diseñada para extenderse a más organizaciones y movimientos sociales.

En el libro alerta de cómo el FBI está usando sus recursos para luchar contra los movimientos ecologistas. ¿Puede probarlo? ¿Está ocurriendo esto con otros movimientos sociales?

En respuesta a la segunda pregunta: sí, está pasando con otros movimientos sociales, pero en base a lo que dice el Gobierno los movimientos por los derechos animales y ecologistas se han convertido en la máxima prioridad del FBI, son su objetivo prioritario. En relación a la primera pregunta, sobre cómo probarlo… Hablan abiertamente de esta realidad. El FBI habla de esto en comparecencias ante la prensa o ante el Congreso. En mis trabajos he compartido documentos obtenidos de fuentes abiertas que muestran de manera algo más detallada cómo ha ocurrido todo esto, y es importante enfatizar que no hay una conspiración secreta ni nada similar: esto es algo público, están orgullosos de cómo lo están haciendo.

Hablando de cómo se utiliza la palabra terrorista y otros términos que criminalizan estos movimientos en EEUU… Hace un año, varios miembros del Gobierno de Mariano Rajoy compararon protestas ciudadanas en las que los ciudadanos se manifestaban frente a los domicilios de figuras políticas con el terrorismo de ETA. En las últimas semanas, el mismo Gobierno ha anunciado su decisión de crear una normativa bautizada como Ley de Seguridad Ciudadana , que castigará a los activistas que escalen edificios para colocar pancartas con multas de entre 1.000 y 30.000 euros. ¿Son éstos ejemplos del mismo fenómeno, la misma realidad que usted denuncia en su libro?

Es exactamente el mismo fenómeno. Las tácticas de criminalización a las que aludo en mis trabajos no siempre se incluyen en una misma ley, sino que se plasman en distintas normativas, distintos casos judiciales. Creo que el único rasgo novedoso de esta nueva ley del Gobierno español es que incluye todos estos aspectos al mismo tiempo, pero muchos de ellos son idénticos a la realidad que describo en el libro: señalar como objetivos a los manifestantes, restringir las protestas, intentar ilegalizarlas o poner en el punto de mira a los activistas de Greenpeace que cuelgan una pancarta en lo alto del Congreso. La nueva ley española me ha resultado impactante porque no me había percatado de hasta qué punto se habían extendido estas tácticas. Sabía que había muchos aspectos parecidos, especialmente con el modo en que los ecologistas y defensores de los derechos de los animales han sido perseguidos…. Esta ley es increíblemente peligrosa.

La nueva ley de Rajoy establecerá multas de entre 30.000 y 600.000 euros para quienes protesten sin permiso o registren imágenes de policías mientras trabajan. ¿Son estas penas similares a las aplicadas en EEUU o allí son incluso peores?

La diferencia es que en EEUU muchas de estas normativas han puesto énfasis en enviar a los activistas a la cárcel en vez de conformarse con imponer multas desproporcionadas, que también son habituales en nuestro país. Lo peor es que se proponen muchas iniciativas al respecto, normativas que han perseguido la constitución de la desobediencia civil pacífica como un delito que puede acarrear penas de hasta diez años de prisión. También tengo entendido que en España quieren ilegalizar que se comparta información en los medios de comunicación social sobre concentraciones no autorizadas… Es distinto, pero creo que el propósito común es asustar a la gente. La mayoría de los activistas de este país no van a ser perseguidos por esta nueva ley, pero la intención es asustar a la gente, que tenga miedo de enfrentarse a estas situaciones, lograr que se mantengan en silencio. Es la misma razón que ha motivado estas tácticas en EEUU.

¿Por qué quieren asustar a la gente? ¿Tienen miedo a las reacciones, a la repercusión de las protestas ciudadanas que vemos hoy?

El poder está aterrorizado por el potencial de los movimientos sociales. En los últimos tres años hemos visto grandes cambios a nivel internacional en asuntos como la atención a los problemas medioambientales, o en el modo de hablar sobre problemas económicos, gracias a movimientos como Occupy Wall Street. Ellos cambiaron el modo de tratar estos asuntos en EEUU. Sé que en España ha habido campañas similares, y creo que los poderosos están aterrorizados por el potencial que existe en estos movimientos, capaces de poner en pie a toda la sociedad. Tienen miedo de lo que podría ocurrir si la sociedad actuara en base a estos valores.

Ha seguido las actividades de Occupy Wall Street, y ha oído hablar de la actividad del 15-M. ¿Qué huella han dejado estos movimientos casi tres años después de su nacimiento? Cada vez suelen acudir menos personas a la mayoría de las concentraciones del 15-M. ¿Dónde es evidente el impacto de estos movimientos sociales?

Ocurre lo mismo en EEUU. La gente ya no ocupa espacios públicos, pero no creo que esta sea la única prueba, la única demostración de la importancia de estos movimientos. Más importante que la ocupación de un espacio público es el cambio en la agenda pública que ha tenido lugar. Al inicio me resultaba chocante la velocidad con la que los medios mayoritarios internacionales comenzaron a hablar sobre clases, sobre economía, sobre la igualdad económica y el poder ciudadano en EEUU. Haber logrado introducir estos temas en la agenda pública es un cambio muy radical, y ha ocurrido gracias a movimientos como Occupy Wall Street. El verdadero impacto de estos movimientos es que hicieron públicos estos problemas que hoy siguen siendo tratados. La tensión y la frustración con el poder de las grandes corporaciones en EEUU está creciendo, sigue creciendo cada día…

Cuando Edward Snowden hizo públicas las primeras informaciones sobre las escuchas de la NSA, los líderes europeos pusieron el grito en el cielo y pidieron explicaciones. Cinco meses después, Europa no ha hecho suficientes preguntas y EEUU no ha dado suficientes respuestas. ¿Por qué? ¿Sabían en Bruselas lo que estaba pasando?

Marcha de indignados en España.

Estas revelaciones tuvieron el poder de desestabilizar a todo el Gobierno de EEUU. Literalmente, no somos capaces de entender el verdadero impacto de lo que Estados Unidos parece haber estado haciendo; cuanta más información sale a la luz, mayor es el daño. Creo que esa es la razón por la que Snowden ha sido duramente perseguido, por la que Julian Assange y WikiLeaks han sido ferozmente perseguidos, en un intento del Gobierno de desviar la atención y no enfrentarse a estos asuntos. Si quieres una respuesta más directa: se niegan a responder porque no quieren que la gente conozca las respuestas.

También hay quien afirma que Europa no está haciendo suficientes preguntas. Hace algunas semanas, una delegación del Parlamento Europeo viajó a Washington para obtener respuestas de la Administración Obama sobre los juegos de espías de la NSA. Tuvieron reuniones con Apple, con congresistas, senadores… Pero volvieron sin respuestas. No fueron capaces de decir: «sí, efectivamente han espiado a ciudadanos europeos», o «no, no ha ocurrido». Por lo que respecta a EEUU, ¿está el espionaje de la NSA en la agenda pública?

Es un tema recurrente, pero a menudo no se trata de la manera más crítica. Casi todos los americanos están familiarizados con la historia, pero no existe una gran preocupación social por la vigilancia. No creo que haya sido debidamente investigado o seguido por los medios, y sólo unos pocos periodistas han formulado preguntas sólidas al Gobierno sobre lo que está ocurriendo. No ha tenido la atención que se merece.

Hasta este momento era posible utilizar internet y las redes sociales sin censura en nuestro país, pero como usted mismo ha señalado el Gobierno quiere castigar la difusión de concentraciones no autorizadas en el marco de la reforma del Código Penal. ¿De qué forma podrían los ciudadanos emplear armas como internet y las redes sociales para lograr mejores resultados?

Es una gran pregunta. Vivimos en un entorno en el que es imposible no utilizar las poderosas herramientas de las que disponemos, pero su uso también ha sido criminalizado, y está claro que gobiernos y corporaciones utilizan la red de redes para espiarnos, para obtener información sobre nosotros. Creo que es importante que usemos estas herramientas, pero debemos tener claras las consecuencias, y ser conscientes de que la información que proporcionamos puede ser utilizada por empresas y gobiernos. En mi trabajo resulta especialmente difícil: como periodista independiente requiero de estas herramientas para difundir mis artículos, para que los ciudadanos conozcan mi trabajo, pero escribo sobre la vigilancia y la represión, y siento una creciente reserva al hacer uso de estas herramientas.

Es paradójico.

Si, es difícil, no quiero… No me imagino un mundo en el que la gente no usase estas poderosas herramientas, pero tenemos que ser más cuidadosos al hacerlo.

Usted se describe como un periodista independiente. En este caso no debe soportar la censura de un medio mientras trabaja, pero imagino que tratando estos temas habrá recibido presiones por parte de gobiernos y organizaciones. ¿Es así?

Sí. Desgraciadamente, esta es una gran verdad. La razón por la que he escogido mantener mi independencia es que me permite escribir sobre varios temas de manera muy crítica, y creo que no sería posible si hubiese seguido trabajando en periódicos. Como resultado, no tengo un medio que me respalde, del que pueda depender. Han monitorizado mis discursos, mi web, mis entrevistas, y he descubierto que el FBI tiene documentos que me relacionan a mí y a mi labor periodística con el terrorismo. Aún así, esto no es nada comparado con las experiencias de otras personas que he recopilado en el libro, pero me da problemas. El hecho de escribir sobre estos temas también me ha convertido en un objetivo.

¿Quién ganará la batalla? ¿Los intentos de gobiernos y corporaciones de criminalizar las reivindicaciones sociales o las protestas ciudadanas y la libertad de prensa?

Es importante recordar que la razón por la que esto está ocurriendo en España, en EEUU y en otros países es que estos movimientos sociales están siendo muy efectivos, suponen una amenaza para el poder corporativo y han logrado sacar a la luz cuestiones profundas relacionadas con nuestra concepción del poder en los sistemas democráticos. Creo que hay un mayor apoyo social a estos asuntos hoy en día. La represión siempre va a ir en aumento, y creo que la gente debe ser consciente de ello, pero ocurre porque tenemos un potencial enorme, porque pequeños grupos de ciudadanos han demostrado ser capaces de lograr importantes objetivos, y creo que este poder seguirá creciendo. La gente debe recordar que el objetivo de estas prácticas es asustarnos, que incluso si no eres un manifestante o activista no importa, porque ellos son las personas más afectadas sólo de manera inmediata. La lucha por los derechos civiles y ciudadanos afecta a todos, y es importante levantarse para apoyar a estos grupos ahora, antes de que gobiernos y corporaciones pongan su punto de vista en otros movimientos y continúe la criminalización.