El aumento del control en trámites migratorios llevado adelante por la administración de Macri, empezó el año pasado con la cárcel para migrantes y el refuerzo de los pasos fronterizos.
Frente a la decisión del gobierno nacional de modificar la política migratoria y las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que vinculó a “paraguayos, peruanos y bolivianos con el narcotráfico”, las representaciones de Perú y Bolivia en el país expresaron su malestar.
El Cónsul de Bolivia en Argentina, Jorge Ramiro Tapia Sainz, se mostró indignado y disconforme con las declaraciones de la ministra. Por otro lado, a través de un comunicado, el Consejo de Consulta del Perú en La Plata también expresó su malestar: “Entendemos que estos dichos vertidos por Patricia Bullrich buscan generar en la opinión pública un peligros rechazo contra los migrantes, criminalizándolos y mostrando números que no coinciden con la realidad del país, además de limitar los derechos individuales de los extranjeros al permitir su expulsión en primera instancia e impidiéndoles poder apelar dicho fallo”.
La ministra de Seguridad hizo las polémicas declaraciones en una entrevista con el periodista Luis Majul en Radio Cut, donde expresó que: “Cuando la persona tiene que pedir acá, el pedido de una residencia temporal o permanente va tener que venir con certificado de antecedentes, si en ese certificado tiene antecedentes que para la Argentina son antecedente que la Argentina no quiere recibir a ese persona, no lo va a recibir”. En otro pasaje de la entrevista manifestó: “Nosotros tenemos que ordenar nuestras relaciones con Paraguay, con Bolivia, con Perú”. Más adelante, Bullrich continuó: “Acá vienen ciudadanos peruanos y se terminan matando por el control de la droga. Acá vienen, ciudadanos paraguayos y se terminan matando por el control de la droga, no tanto bolivianos. Y si, además, muchos ciudadanos paraguayos, bolivianos y peruanos se comprometen tanto sea como capitalista o como mulas o como choferes, o como parte de una cadena, en los temas de narcotráfico”.
Tanto las autoridades peruanas como bolivianas siguen con preocupación el tema discriminatorio. Ya en noviembre del años pasado, la Embajada peruana y el Consulado boliviano se presentaron en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) para denunciar los dichos del senador por el FPV, Miguel Pichetto que había declarado: “¿Cuánta miseria puede aguantar Argentina recibiendo inmigrantes pobres? Funcionamos como ajuste social de Bolivia y delictivo de Perú: las principales villas del país están tomadas por peruanos. La Argentina incorpora toda esa resaca”.
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