Por Osvaldo Drozd.
La reciente fuga de los tres sicarios que protagonizaron el triple crimen de General Rodríguez en 2008, pone sobre el tapete, falencias estructurales en el sistema de seguridad bonaerense. No resulta ninguna novedad de que el sistema penitenciario y la policía de la provincia, estén cooptados en gran medida por redes criminales, o en todo caso ser parte del síntoma. Pareciera que con la llegada del nuevo gobierno, los principales medios intentaran meter todo lo anterior en la misma bolsa. Nadie ya recuerda que una de las contradicciones más fuertes entre el gobierno de Cristina Fernández y el gobernador Daniel Scioli fue precisamente lo referido al tema de la gestión en seguridad. Scioli logró siempre despegar de eso, incluso cuando el fallecido Néstor Kirchner le pidió públicamente que diga quién le ataba las manos.
El Acuerdo por la Seguridad Democrática presentado por el CELS a fines de 2009 tuvo un fuerte impacto, y fue firmado por diferentes sectores políticos, entre ellos parte de la UCR y el ex gobernador Felipe Sola. No así por el sciolismo, el Pro, y Francisco de Narváez. Un año después, con la creación del ministerio de seguridad, y la designación de Nilda Garré al frente del mismo, ese acuerdo se transformaría en política de Estado. La provincia de Buenos Aires siempre se resistió a seguir el mismo camino, y la política de Ricardo Casal, continuaba la iniciada por el fiscal Carlos Stornelli, y precedía a la de Alejandro Granados. Paradójicamente el designado nuevo ministro del área Cristian Ritondo no dejó de elogiar la gestión de su predecesor. Básicamente el Acuerdo por la Seguridad Democrática cuestionaba el autogobierno policial y el estado calamitoso del sistema carcelario.
Todo esto pareció quedar en el olvido cuando Daniel Scioli fuera elegido como candidato del Frente para la Victoria en las presidenciales de 2015. El problema que acarrea todo esto es que el común de la ciudadanía queda así en la más pura orfandad acerca de cómo caracterizar y ver el problema de la seguridad- inseguridad, y ello lleva a que periodistas manipuladores como Alberto Amato hoy en Infobae escriba una editorial titulada Los riesgos de un narcoestado. Podría parecer anecdótico, si ello no condujera a crear cierto consenso social sobre una posible guerra santa contra el narcotráfico. Se sabe que en México desde el inicio de una guerra de tal estilo, ya hay más de 100 mil muertos en pocos años, y el flagelo se incrementó. La intromisión de los EEUU y la DEA, más que aportar una solución agravan el problema. El principal mercado para la venta de estupefacientes es nada más y nada menos que el país del Norte, y como el capitalismo sigue vivo y candente, la generación de divisas sigue siendo lo más importante.