Walter Barboza
Baradel tiene “una actitud destituyente”, con esas palabras el Jefe de Gabinete del Gobernador Bonaerense Daniel Scioli, Alberto Pérez, definió lo que a su entender sería una desnaturalización del reclamo salarial de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Fue, quizás, una respuesta presurosa a la nueva medida de fuerza de 72 horas, que los sindicatos del Frente Gremial Docente dispusieron para después de semana santa.
El paro comenzará el 8 de abril, a pesar de la dureza con la que Scioli calificó la medida a la que tildó de “salvaje e intimidatoria”, y se extenderá hasta el día 10 inclusive. Y el mismo se desarrollará en un marco en el que la conflictividad docente aumenta en la medida en que la negociación no avanza.
La pregunta es por qué las críticas son dirigidas a Baradel y no a Mirta Petroccini, Secretaria General de FEB, o Miguel Díaz, Secretario General de UDOCBA. Es que los integrantes del gabinete del gobernador ven, detrás de las medidas de fuerza, una suerte de operación del gobierno nacional, que formaría parte de una estrategia general de desgaste.
En la intimidad, sus allegados aseguran que Scioli está convencido que lo quieren fuera de la gobernación provincial. Por eso explican que dice que no va a “renunciar”, que “si quieren que lo echen”.
Lo cierto es que la situación en el sistema educativo provincial es muy delicada. No sólo porque el reclamo salarial no satisface las expectativas de los trabajadores, sino porque a ello se suman la falta de una infraestructura acorde con las necesidades de la población escolar, las precarias condiciones de trabajo para llevar adelante una tarea docente efectiva y la existencia de un clima de hostilidad y violencia que afecta en la vida diaria a maestros y profesores.
Pero el conflicto docente parece ser la punta del iceberg de una situación de deterioro de otras dependencias de la administración bonaerense. En los hospitales, por ejemplo, los médicos denuncian la falta de insumos y de condiciones de seguridad en las guardias. Sin los elementos suficientes no pueden atender la demanda de la población. En la ciudad de La Plata, en los últimos diez días hubo cuatro abrazos simbólicos: Hospital de Niños, Hospital San Juan de Dios, Hospital Rossi y Hospital San Roque. En todos la consigna fue la misma: la defensa de la salud pública, un aumento salarial, la provisión de insumos y condiciones de seguridad y medio ambiente.
En el resto de las áreas hay otras problemáticas no menos importantes: la existencia de empleados contratados que piden ser pasados a la planta permanente. Una de las banderas alzadas históricamente por ATE y por los trabajadores judiciales de la AJB, los que se sumaron a la serie de protestas y movilizaciones organizadas esta semana.
Si Roberto Baradel es el responsable de semejante campaña, hay que atribuirle dotes de dirigente de masas que en la vida diaria nadie le reconoce y le asigna. El argumento de Pérez es demasiado frágil, y no porque Baradel no reúna condiciones extraordinarias para semejantes lides, sino porque por ahora no conduce, a través de la CTA provincia, al sector de gremios estatales encolumnados con la CTA de Pablo Micheli. Y mucho menos, el resto de los gremios (FEB, SADOP, UDA y AMET) que integran el frente gremial.
La urdimbre, o el entramado sindical de los trabajadores docentes, son mucho más complejos que una vaga simplificación de los hechos. Detrás de Baradel, además de los sindicatos antes citados, se encuentra una porción para nada despreciable de docentes cuya realidades varían de localidad en localidad, con particularidades que van desde la maestra que es jefa de familia, hasta los profesores que hace meses que esperan cobrar los sueldos atrasados de los proyectos de formación diseñados por la cartera educativa. La realidad se aprecia por si misma.