El destino de los cuerpos flotantes

Julián Axat*

El niño rizoma

Durante 1976 y 1980 las Morgues judiciales tenían la práctica de extender certificados de defunción y ordenaban la inhumación de cadáveres de personas detenidas-desaparecidas, por orden de las fuerzas militares-policiales, y sin la intervención de un juez competente.

Los procedimientos buscaban fraguar casos de tortura y posterior ejecución sumarias, certificadas bajo el rótulo de “muertes por paro cardiorespiratorio no traumáticos”, en casos donde lo que existía era un tiro en la nuca.

El libro “Poder Judicial y Dictadura – El caso de La Morgue”, de la antropóloga María José Sarrabayrouse de Oliveira (Edit del Puerto-Cels, 2012) es una obra capital para entender las formas del encubrimiento y gestión de los cuerpos de las personas desaparecidas por policías, médicos forenses, médicos particulares y la trama que le permitía al dispositivo genocida funcionar a la par del poder judicial que se apartaba, y así los cuerpos desaparecían, se enterraban NN, osarios, o aparecieran arrojados en falsos enfrentamientos o accidentes de autos.

Si bien los tiempos cambian, estas prácticas se reconfiguran en democracia como herencia autoritaria de la misma cultura policial intocada, haciendo posible que estas burocracias tengan capacidad reproductora cuando la coyuntura o la excepcionalidad lo exige. Ya Rodolfo Walsh hablaba de una “Secta que de las manos en la lata que gatilla y encubre”.

La familia judicial

La familia judicial también puede funcionar de la misma manera que antes, basta con dejar hacer, no judicializando aquellos casos de muerte dudosa que la decisión política o el propio autogobierno policial (como violencia institucional) pretenden gestionar por fuera de los cauces legalmente establecidos.

El caso de la policía bonaerense es preocupante, pues los médicos de policía y las Morgues suelen ser lugares-zonas de nadie, donde muy pocos se atreven o saben a ciencia cierta qué conservan, como también aquello que ingresa o sale; pero también quién es el médico forense, cómo se evalúa una autopsia, quién es el que dictamina y hasta cómo se certifica.

Antiguo teorema

El poder de discrecionalidad tanatológico-policial dentro de una Morgue bonaerense, es directamente proporcional a la incapacidad histórica del poder judicial de la provincia de Buenos Aires de querer ingresar, intervenir y saber qué pasa-ocurre en su interior. Los dictámenes no se discuten, se reproducen literalmente en los juicios orales. La policía sabe y habla sobre los cuerpos. La presencia de una policía judicial dotada de funciones tanatológico-forenses es la clave para romper con la matriz cultural de la vieja Morgue policial, atada a los resabios del terror y ausencia judicial.

Caso testigo

El caso de María Marta García Belsunce es un antes y un después para la certificación de las muertes dudosas entre las personas de las clases medias y altas, pues deja al descubierto que un médico amigo puede fraguar certificados y la Justicia, no meterse cuando las cosas suceden dentro de círculos cerrados con poder adquisitivo; evitando de ese modo la Morgue y autopsias. Claro que el médico debe tener mucho prestigio, y actuar sobre seguro para que más tarde la cosa no pueda volvérsele en contra, porque alguien de la familia rompe el pacto. En cambio los pobres, cuyos cadáveres son hallados con signos de dudosa violencia o trauma, pocas veces suelen tener ese margen de elección, y las Morgues son derrotero inevitable.

Entramado opaco

Lo cierto es que el circuito burocrático de las muertes de origen dudoso en tiempos normales, ya de por sí presenta un entramado de opacidad digna de la mejor antropología (constatación de cuerpo hallado con signos de fallecimiento traumático, traslado ambulancias-policía, constatación, morgue o certificado particular, gestor-formulario 03, sepelio, registros de las personas, certificado defunción, cementerio o crematorio o reserva en la morgue).

En tiempos de catástrofes naturales y climatológicas este circuito entra en crisis, y un sistema policial entrenado históricamente en prácticas de gestión discrecional de los cuerpos aumenta el nivel de opacidad. Y más si el criterio posterior de cómputo de las víctimas fatales de la catástrofe no se basa en protocolos de registración-publicidad donde prima el criterio sanitario-epidemiológico-accidentológico, realizado por un equipo de crisis coordinado por el Ministerio de Salud, para quien (a la postre) una muerte traumática y otra no traumática causada por la misma tragedia, resultan ser matices dentro del mismo registro.

Gran torpeza

Si es la policía el órgano de contabilizar las víctimas fatales de un temporal, entonces los criterios sanitarios pasarán a ser netamente criminales. Únicamente causas penales; el resto, silencio o fallecimiento ajeno a la tragedia. Si tenemos en cuenta que esas burocracias policiales siguen siendo resabios intocados del pasado; si son funcionales al empecinamiento electoral por clausurar el número de víctimas y silenciar otras bajo el eufemismo que sea; entonces su grado de torpeza será tal, que en vez de reducir el pánico, lo van a retroalimentar en su opacidad de actuación. Pues para cumplir con esa decisión de mantener una cifra, su brazo ejecutor echará mano a las formas espurias de certificar provenientes del pasado, y así gestionará (selectivizará) lo penalizable y lo que no. Y por supuesto, la corporación judicial no se meterá en esta clasificación escandalosa. Habrá confusión, distintas listas, muertes dudosas certificadas por médicos particulares, cuerpos cremados sin haber pasado por la morgue cuando pudo haber signo de trauma y cuerpos encontrados en la vía pública, etc.

Decía el poeta Néstor Perlongher en un fragmento de su largo poema escrito en el exilio: “En la provincia donde no se dice la verdad / En los locales donde no se cuenta una mentira / –Esto no sale de acá- / Hay Cadáveres….”.

*Poeta y defensor oficial del Fuero Penal Juvenil de La Plata