Los empleados del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que se desempeñan en la Caja de ese establecimiento ubicado en 13 entre 48 y 49 de la ciudad de La Plata, realizaron ayer un paro de actividades ante el cierre de la negociación salarial dispuesto por las autoridades. Independientemente del reclamo salarial, la medida de fuerza resulta un hecho histórico porque después de varios años de reclamar el encuadramiento dentro de un convenio colectivo de trabajo, los empleados decidieron afiliarse a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Ahora, con una representación sindical que los ampara, los agentes de la Caja de Abogados se encontraban en estado de asamblea permanente en reclamo de una recomposición de los haberes debido a la pérdida del poder adquisitivo producto de la inflación.
Sin embargo, luego de diversos encuentros, la patronal resolvió unilateralmente cerrar el diálogo y ordenar un aumento que se consideró insatisfactorio. Al respecto, Gabriel Marote, dirigente de ATE provincia de Buenos Aires, señaló que “hace aproximadamente dos meses comenzamos un proceso con los trabajadores de la Caja para la confección de convenios colectivos para el año 2013. En ese sentido empezamos a discutir la pauta salarial con las autoridades. Tras varios encuentros, la mesa directiva ofreció un incremento en dos partes que no estuvo a la altura de lo solicitado y lo declaramos insuficiente”.
Además, indicó que esperaban ser convocados nuevamente y se habían llamado “a un estado de asamblea permanente. Sin embargo, nos enteramos que los directivos resolvieron el aumento sin mediación y por eso nos llamamos al paro. Y nos apersonamos en el tercer piso reclamando que la semana viene se reabra la mesa de negociación”.
El caso de los trabajadores de la Caja de Abogados bonaerense, es similar a la de los trabajadores de UTEDYC que el año pasado mantuvieron una fuerte confrontación con los directivos del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, por la falta de reconocimiento de los delegados sindicales.
En ambos casos resulta paradójico que dos instituciones que deberían “avenirse a derecho”, como suele usarse en la jerga jurídica, nieguen derechos elementales que han sido consagrados por el imperio de la ley, la jurisprudencia argentina, las convecciones internacionales y la urdimbre de leyes, normas y decretos que usualmente se invocan en estos casos.
Lo concreto es que los empleados de la Caja, ahora cuentan con una herramienta sindical para avanzar en sus legítimas reivindicaciones.