Walter Barboza
La ley de Medios de Comunicación Audiovisual, vino a saldar un déficit en el ordenamiento del sistema de televisión por cable y de radios de Frecuencia Modulada en todo el territorio nacional argentino. Analizar la cuestión vinculada a la proliferación de radios y canales de TV no es motivo de este artículo, sino la necesidad de poner en discusión la existencia de medios y su relación con las condiciones laborales de los trabajadores de prensa que cumplen tareas allí.
En primer lugar, pareciera que una vez sancionada la normativa la Ley por sí misma vendría a subsanar las condiciones de trabajo de los periodistas y comunicadores que a diario desarrollan la tarea de acompañar los procesos comunicacionales en sus ciudades. Sin embargo la situación está muy lejos de mejorar, pues si bien la ley constituye el marco jurídico a través del cual radios y canales de TV locales cobraron otro valor jurídico y simbólico, lo que les permitió ganar espacios en grillas televisivas y en el espectro radioeléctrico, el respeto por las normas organizativas de los trabajadores de prensa es una deuda pendiente.
El caso QM, un canal de noticias “on line” que pertenece al Grupo Cielo y que se presenta como “El canal de los quince millones de bonaerenses”, es el caso testigo. Tras la inundación acontecida en La Plata el pasado 2 de abril, la empresa despidió a cuatro trabajadores y amenazó al resto de la planta con dejarlos sin trabajo si hacían algún tipo de reclamo reivindicativo de las condiciones de trabajo.
La puja comenzó cuando los empleados en cuestión, reclamaron, como lo prevé el convenio colectivo de los trabajadores bonaerenses (FATPREN), el pago de una “jornada doble” por feriado trabajado y un franco compensatorio por cada una de esas jornadas. La respuesta al pedido fueron los cuatro despidos, una reducción del sueldo de los periodistas que se quedaron en la empresa, un cambio de horario y una mayor carga laboral para reemplazar la reducción de personal.
Con el despido salieron a la luz otros incumplimientos del Convenio Colectivo y fundamentalmente de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir de aquello que ningún empleador puede obviar, puesto que ningún trabajador formal puede estar por debajo de lo que la ley establece y mucho menos si existe un convenio colectivo que mejora la situación en función de la pertenencia a un sector determinado. “Los sueldos son miserables, oscilan entre los 1.200 y 2.400 pesos, no tenemos obra social, ni aportes jubilatorios, es decir las condiciones son de irregularidad total”, explicaron los despedidos.
El reclamo no tuvo eco en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que debería ser el órgano competente para actuar en el caso. Sólo en las redes sociales y portales de noticias, como “el colectivo de trabajadores de prensa”, la noticia tuvo cierto resonancia.
Al grupo Cielo lo dirige el empresario Guillermo Montes, a quien se le atribuye la titularidad de distintos medios de información, entre ellos FM Cielo (La Plata y San Bernardo), Estación Marina (Pinamar), Radio O (Bariloche) y el portal de noticias Infocielo. El año pasado pidió a través de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la incorporación a la grilla del sistema de televisión por cable. El proyecto, que fue aprobado por los legisladores, tiene una dimensión jurídica notable para lo que el medio es en sí. No por la envergadura del mismo, sino por la falta de ajuste a las normas laborales vigentes.
Aquí es donde la Ley de Medios nos plantean algunas dificultades que escapan a ella: la primera es que la existencia de la Ley en sí, no garantiza mejores condiciones de trabajo, ni el respeto a otras normativas como los convenios colectivos o la ley de contrato laboral. Lo que implica que son las organizaciones sindicales y los órganos de gobierno los encargados de velar por los trabajadores y hacer cumplir la ley. La segunda cuestión es que, si bien sus articulados fueron pensados para garantizar el respeto a las identidades culturales y a las localías por sobre lo general, muchas medios a lo largo y ancho del país terminan reproduciendo el modelo comunicacional hegemónico. Esto es: haciendo radio como si las radios fueran de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una estética y una artística que está por afuera de lo que una comuna necesita. Por ello deberían ser planteadas las objeciones de caso cuando las empresas de comunicación atentan contra las condiciones de trabajo de sus empleados o bien no se ajustan a las necesidades de una comunidad.
Por otra parte si un medio, como QM, se precia de llegar a una provincia de 15 millones de habitantes plantea una jerarquía a la cual está muy lejos de llegar. El trato desigual con sus empleados, la pone en un lugar en la cual no respeta, ya no las condiciones laborales, sino la condición humana de quienes trabajan allí.