Néstor Piccone
No existe el empresario chané o chulupí que quiera hacer plata con la radio. No existen empresas en la comunidad. Pelean la comunicación para el “buen vivir” que ellos promueven. Están haciendo radioteatro. “Gritos del destierro, voces del Cacique Cambá” se transmite por la FM 95,5 de la radio comunitaria La Voz Indígena de Tartagal, Salta.
La FM 104.9, de Rivadavia, en el Chaco salteño, pide legalidad. Los fierros los compraron entre varias asociaciones, las mismas que ayudaron a que el municipio se recuperara luego de la gestión de un intendente corrupto. La radio está pensada para llegar a toda la población campesina superando el boca a boca, una forma de comunicación que les permitió voltear en elecciones al corrupto y poner una intendente mujer. Los asociados responden a instituciones que se denominan: Unidos del Bermejo, Unión y Progreso, Alma Gaucha, Herencia Chaqueña y Defendiendo lo nuestro. Pelean desde la radio por una perforadora y un camión para distribuir el agua.
En Neuquén, cientos de cooperativistas patagónicos se reunieron para debatir propuestas que les permitan conocer las acciones para acceder a una licencia de cable, hoy monopolizadas por Cablevisión. Hasta en los pequeños pueblos la gente que quiere ver televisión tiene que depender del Grupo Clarín. Una de las decisiones adoptadas por el Foro fue la de presentarse ante el Afsca para que se conozca que cuando se aplique el artículo 161 ellas están en condiciones de hacerse cargo del sistema. Además son las cooperativas las que ponen los palos y el cableado que usufructúa el grupo mediático.
Hay muchos más ejemplos, pero alcanza con estos, para confirmar que la pelea por los medios no es un invento K. Es una necesidad de los ciudadanos que a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual saben que con sus acciones están peleando un derecho humano. Acá no se habla de negocio sino de necesidades insatisfechas que necesitan libertad de expresión e información.
Si la Ley fue el resultado de una construcción colectiva, su puesta en marcha requiere de la misma construcción colectiva. El Estado junto a pueblos originarios, comunidades, campesinos y cooperativas, pymes están debatiendo en cientos de foros lo que puede suceder el 7 D y después; un AFSCA activo comienza a dar respuestas a estas demandas, que de todas maneras requieren de un rol proactivo de los sujetos que necesitan espacios audiovisuales para vivir mejor.
El Grupo Clarín está aislado. La acción gubernamental de discusión con todos los sectores lo dejó solo frente al plazo impuesto por la Corte Suprema.
Como nunca antes el Grupo está a la defensiva. Sus acciones en la cooptación de jueces, del per saltum privado, o ahora atacando la libertad de prensa y el derecho a los periodistas a decir lo que quieran, lo pone en el nivel más bajo de gestión y credibilidad. Clarín se supuso como gobierno paralelo, impulsando leyes y derogando otras. Antes de la aprobación de la Ley de SCA, decía que la mejor ley es la que no existe y se comporta como si fuera así.
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