Ecuador- A quién representar y qué clase de opinión pública ser

Las recetas neoliberales llevadas adelante por cierta partidocracia, hicieron que en el continente se produjeran profundas crisis de representatividad, que afectaron seriamente la confianza de los sectores populares hacia las viejas estructuras políticas, y que el rol que anteriormente tenían fuera ocupado cada vez más por las grandes corporaciones mediáticas. Ecuador no es una excepción a esa regla, es más, a partir de la asunción en 2007 del presidente Rafael Correa en representación de la Alianza País, y tras emprender el proceso de reformas sociales y políticas denominado Revolución Ciudadana, a los primeros que tuvo en la vereda de enfrente fue a los principales medios monopólicos de información, ligados a su vez a los grandes grupos económicos concentrados y de la banca privada. A diferencia de los otros países de la región, cuando en enero de 2007 se inició la gestión de Correa, en Ecuador no existían medios estatales, y ésta fue una de las primeras necesidades a subsanar, ya que por entonces la información era patrimonio exclusivo de unos ocho grupos empresariales, que monopolizaban tanto los medios gráficos, radiales como televisivos.

La tensión entre Correa y los medios ecuatorianos no tardó en llegar, y si bien cumplidos 50 días de mandato, el presidente adquiría en la población un 90% de popularidad según una encuesta realizada por la consultora Perfiles de Opinión dirigida por Hugo Barber, por esos mismos días, tras una movilización de militantes oficialistas escrachando a diputados opositores que fueron destituidos por el Tribunal Superior Electoral (TSP), tras oponerse al llamado a una Asamblea Constituyente, la Asociación de Editores de Periódicos de Ecuador (Aedep) emitió un comunicado que llevaba el título de “¡Intolerable!” en el cual acusaban al gobierno de ejercer un proceso de destrucción de las instituciones, manipulación del poder, de la Constitución, y de la Ley, condenando “la actitud confrontativa del Presidente de la República, quien debe ajustar su gestión a las normas legales, propiciar la unidad nacional y nunca interpretar a su arbitrio la Constitución, menos aún, a propiciar la división y el choque entre ecuatorianos”, señalaba el comunicado. “El 80% de editorialistas podrá decir que están en contra del gobierno, cuando el 80% y más de la gente está a favor”, señaló por entonces el jefe de Estado, preguntándose: “¿A qué representan los medios de comunicación y qué clase de opinión pública son?”, asegurando que lo intolerable “es que hayamos aguantado tanto tiempo mafias políticas, económicas y también informativas”, llamando posteriormente a una movilización popular para demostrarle a los medios de comunicación “vendidos a los grupos de poder y mafias políticas que no hay retorno”. Éste era el bautismo de fuego, que marcaría no sólo la agenda en relación a la política con respecto a los medios, sino también y principalmente a las transformaciones institucionales, que se irían a producir a posteriori, como fue la reforma de la Constitución en 2008.

La ofensiva de los medios contra el mandatario Correa, siempre fue demasiado cruda e incluso despiadada, y tal vez uno de los puntos más álgidos fue un editorial escrito por el columnista Emilio Palacio para el diario El Universo, en 2011, que llevaba el título de “No a las mentiras”, en el cual Palacio además de tildar a Correa de “dictador” y a su gobierno de “dictadura”, hacía mención a que en la asonada golpista del 30 de septiembre de 2010 realizada por la Policía Nacional, Correa había “ordenado (al ejército) fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben” y que “en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal” por esas ordenes de represión. Ante este hecho, el mandatario ecuatoriano realizó una demanda penal contra Palacio, debido a que en la nota el periodista ofendía tanto su honor, su buen nombre, y su dignidad tanto personal como pública, ya que el autor del escrito lo acusaba de haber cometido delito de Lesa Humanidad. La demanda, Correa la hizo extensiva a los directores del diario El Universo, Carlos y César Pérez Barriga, y Nicolás Pérez Lapentti, debido a que “el Directorio está vinculado y responde en su totalidad por dirigir dicha publicación en todos sus ámbitos, por lo que los señores Pérez deberán ser declarados autores coadyuvantes del delito de injurias calumniosas…”. La Justicia imputó a todos los acusados con tres años de prisión y una indemnización de 40 millones de dólares, lo cual generó la reacción de organismos como Human Rights Watch quien a través de su director José Miguel Vivanco dijera que “las acciones del presidente Correa, destinadas a iniciar procesos penales contra sus críticos, constituyen una ofensiva directa contra la libertad de expresión”. De todas formas, Correa casi un año después perdonó a los acusados especificando que el perdón no conlleva “el olvido” y que su gobierno insistirá en una transformación integral del sistema interamericano de derechos humanos.

Los principales grupos empresariales de medios en Ecuador se encuentran situados principalmente en las provincias de Pichincha y Guayas, y son el Grupo Egas, Mantilla, Banco de Pichincha en Quito, quienes entre otros medios cuentan con los diarios El Comercio, Últimas Noticias, Hoy, las revistas Cosas, Caras y Soho, las radios Quito, Ecuadoradio, Platinum Radio, entre otros medios, mientras que en Guayaquil se destaca el Grupo Isaías, dueño del diario Expreso, teniendo además señales de radio y TV tanto de aire como por cable. También los grupos Noboa-Febres Cordero y Pérez Castro, que cuentan con los diarios El Telégrafo, El Universo y las emisoras televisivas Maxvisión y Telesistema. Es de destacar que en Guayas la revista Vistazo, del grupo Alvarado Roca, fue la única publicación que en 2007 no adhirió al comunicado de Aedep, en contra del mandatario Correa.

El pasado viernes la Asamblea Nacional logró aprobar la nueva Ley de Comunicación, y si bien había sido presentada hacía más de 3 años aún no había podido ser sancionada debido a los bloqueos de la oposición y al lobby de los grandes grupos mediáticos locales. Se trata fundamentalmente de una regulación que permita poder multiplicar las diferentes voces que otrora fueran excluidas por las corporaciones mediáticas. Si bien la mora en la sanción, algunos pasos en relación con la desmonopolización de los medios ya fueron implementados a partir de la vigencia de la nueva Constitución de Estado, ya que como señalara el analista Roberto Sánchez en el portal de Fedaeps, a partir de la nueva Carta Magna se prohibió la inversión de los grupos financieros en medios de comunicación, lo cual fue ratificado con la consulta popular realizada en 2011. “De esta manera, Teleamazonas se vio obligada a vender sus acciones. También hay que considerar que el Estado, a través de un proceso judicial por defraudación financiera al grupo Isaías, incautó dos canales de televisión de señal abierta (TC-Televisión, GamaTV) y dos canales de cable (CN3 y CD7), que pasaron a ser administrados por un fidecomiso de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). Además, paralelamente a esta nueva relación con los medios de comunicación, que antes eran intocables, entraron en funcionamiento los primeros medios públicos de la historia del Ecuador”, señalaba Sánchez en su artículo.

Tras la Constitución vigente desde 2008 se había dispuesto al Legislativo la redacción y aprobación de la ley de Comunicación, que recientemente sí pudo efectivizarse debido a la mayoría legislativa que la Alianza País logró en los últimos comicios. Esta prerrogativa, entre las novedades que contiene se encuentra un nuevo Consejo de Regulación, la creación de la Superintendencia de la Comunicación y la extensión del acceso del 34% de las licencias no sólo para representantes de grupos indígenas y afroecuatorianos, sino también colectivos ciudadanos. Uno de los objetivos principales es horizontalizar lo desigual de la concurrencia mediática, generando mejores posibilidades para los diferentes medios periodísticos. Es de destacar que recientemente, Rafael Correa anunció un subsidio para todos los periodistas de pequeños medios que no llegan al salario mínimo estipulado para la profesión.