Denuncian que en 18 meses hubo 186 hechos de represión y criminalización de protestas sociales en la Argentina

En la comisión de DDHH del Congreso de la Nación, presidida por la diputada nacional Victoria Donda, se presentó el informe sobre el crecimiento de la represión a trabajadores durante los últimos dieciocho meses y del Anteproyecto de Ley contra la Criminalización de la Protesta Social, elaborado por el Observatorio de Derecho Social de la CTA-Autónoma y Liberpueblo.

En la reunión participaron Ricardo Peidro secretario general de la CTA- Autónoma, Daniel Jorajuria de CTA, Nora Cortiñas Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nicolás Tauber Sanz, de Liberpueblo, Luis Romero y Mariana Katz ,del SERPAJ, entre otros, además de referente sindicales de Brasil, Uruguay, Bolivia y Ecuador.

En el marco de esta actividad la diputada Donda, resaltó: «Hace 18 años que presentamos desde distintos espacios políticos este proyecto de ley de las organizaciones sociales, políticas y sindicales. El mismo tiene por finalidad poner fin a la criminalización de la protesta social, práctica que se ha constituido en una política represiva sostenida llevada a cabo por magistrados y fiscales a nivel federal y local, así como de diferentes gobiernos de la nación, provinciales y/o municipales. Estos han propiciado la intervención de las fuerzas de seguridad y han sujeto a proceso a ciudadanos que, en ejercicio de su legítimo derecho de peticionar ante las autoridades, participan en organizaciones, movilizaciones sociales, huelgas o diversos actos populares. Es un gran honor encabezar en esta oportunidad esta presentación»

Por su parte, Nora Cortiñas reclamó por la aparición con vida de Santiago Maldonado, y expresó su apoyo a este proyecto para quitar un peso a los militantes que luchan por sus derechos.

Según el “Informe sobre Detenciones, Causas Penales y Represión de la Protesta Social”, realizado por el Observatorio del Derecho Social de CTAA y Liberpueblo, “entre enero de 2016 y marzo de 2017 tuvieron lugar, al menos, 186 hechos de represión y criminalización de protestas sociales. En 95 casos se ejerció violencia física por parte de las fuerzas de seguridad nacional y/o provincial contra manifestantes o dirigentes de organizaciones del campo popular. Y se abrieron 48 nuevas causas penales contra 180 personas como consecuencia de situaciones de protesta social. Se identificaron al menos 43 hechos de detenciones arbitrarias que afectaron a un total de 337 personas”.